Una nueva ley en Nueva York que conlleva multas de hasta $7.500 por cierto tipo de arrendamientos a corto plazo le está generado dolores de cabeza a quienes rentan sus apartamentos a través del servicio Airbnb, los cuales dicen que son incluidos injustamente en una medida cuyo objetivo principal son los operadores comerciales que convierten múltiples apartamentos en, esencialmente, hoteles ilegales.
"Nadie quiere hoteles ilegales... Parece que estamos en la misma cubeta que las personas que se aprovechan de esta situación", dijo Jordan Reeves, quien ocasionalmente renta su apartamento por medio de Airbnb para obtener un ingreso adicional, mientras él y un grupo de otros propietarios se reunían frente a la oficina del gobernador Andrew Cuomo la semana pasada para protestar contra la ley.
Aprobada por el demócrata Cuomo el 21 de octubre, la legislación es una de las más estrictas del país en contra de Airbnb y otras plataformas de viviendas rentadas en el sistema de tiempo compartido.
Impone severas multas en contra de propietarios o arrendatarios que ofrecen o permitan que otros renten la totalidad del espacio habitable por menos de 30 días, algo que ha sido ilegal en Nueva York durante varios años pero que antes no tenía sanciones tan severas.
Bajo la nueva ley, las personas aún pueden rentar porciones de sus viviendas, como una sola habitación o un sofá por menos de 30 días.
Tampoco aplica a algunas residencias como viviendas unifamiliares o casas en conjuntos habitacionales.
Airbnb protestó contra la ley bajo el argumento de que Nueva York recompensaba al sector hotelero a expensas de los ciudadanos, por lo que interpuso una demanda para bloquear la medida.
Quienes están a favor afirman que era necesaria, que algunos dueños de propiedades ponen fuera de circulación apartamentos que podrían ser viviendas de residentes de la ciudad para hacerles espacio a los visitantes a corto plazo, lo que perjudica tanto a los hoteles neyorquinos como al mercado de bienes raíces.
La oficina del fiscal general del estado, Eric Schneiderman, realizó una investigación de las rentas de Airbnb entre 2010 y 2014.
Concluyó que el 72% de las unidades enlistadas en la ciudad de Nueva York eran ilegales y que el 36% de las rentas venían de operadores comerciales que conformaban tan solo el 6% de los anfitriones.
