Los diputados lanzaron durísimas críticas, este jueves en el plenario, contra el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R. L.) por negarse a entregar sus documentos a la Contraloría General de la República, ayer por la mañana.
El debate se acaloró a un punto crítico, luego de que Mario Redondo, presidente de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público, denunciara que funcionarios de esa organización se negaron a entregar actas y libros.
Para Redondo, esa actitud del Cenecoop es inaceptable, porque esa organización cooperativa recibe recursos públicos que para el 2015 rondaron los ¢1.500 millones y que, en principio, deben utilizarse para fines relacionados con educación cooperativa.
Sin embargo, una investigación de La Nación reveló el uso de dineros del Cenecoop R. L. para pagar deudas de otras cooperativas, cancelar publicidad, hacer centros de recreo, dar préstamos para centros de cuido y hasta para hacer campañas sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Además, la mayoría de esos dineros (que por ley deben girar las cooperativas al Cenecoop) han estado lejos del control estatal y han nacido de beneficios promovidos desde el Partido Liberación Nacional.
“No puede ser que recursos de los costarricenses o de organizaciones sanas se inviertan de manera irresponsable y que ahora pretendan ocultar información grave al mismo órgano contralor”, apuntó Redondo, quien pide al Ministerio Público meter mano en el asunto.
El libertario Otto Guevara criticó que el Cenecoop “tenga el tupé de negar información” y lo consideró inaceptable por el origen público de los recursos que recibe la entidad, cuyo gerente, Rodolfo Navas, será convocado a rendir cuentas en la Comisión de Gasto Público.
Marco Redondo, de Acción Ciudadana (PAC), afirmó que su fracción apoyará dicha investigación, aunque algunos de los legisladores oficialistas estén implicados en ese presunto manejo irregular de los recursos.
Ante los ataques, el liberacionista Rolando González censuró a los demás parlamentarios, pues adujo que no se puede fusilar a nadie. González anunció en plenario que Navas, también verdiblanco, envió una carta para ponerse a las órdenes de la Comisión de Gasto Público.
Con el liberacionista sintonizó el oficialista Víctor Morales Zapata, quien armoniza en varias propuestas con Navas.
“Adelantar criterio de manera temeraria o servir de vocero de otros intereses concretos (...), eso no se debe tolerar”, dijo Morales.
Sandra Piszk, del PLN, lamentó que su Partido esté implicado en este caso. “No tiene ningún sentido que quienes nos sentamos aquí no alcemos la voz contra la corrupción”, dijo.