En Costa Rica resulta habitual ver perros vagando por la calle y rompiendo a mordiscos las bolsas de basura en busca de alimento.
Y es que, en el país, a pesar de que tanto el Decreto sobre reproducción y tenencia de perros (Nº 31626-S), como la Ley de bienestar de los animales (Nº 7451), prohiben agredir y abandonar animales, según el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) hay un millón de perros callejeros.
Esos perros, zaguates generalmente, se pasan la vida tratando de evitar los atropellos de la gente y de los vehículos o peleándose a muerte entre sí por sobras de comida o por defender la acera que, a falta de un lugar mejor, deben considerar su territorio.
“No hay perreras que se hagan cargo de recogerlos. Muy pocos tiene la suerte de recibir algún cuidado de parte de algún vecino del barrio por el que deambulan, pero la mayoría lleva lo que vulgarmente llamamos vida de perro: es víctima de violencia y se vuelve violento”, explicó el veterinario Gerardo Vicente director de Senasa.
Muerte anunciada. Vicente asegura que la gran mayoría de los perros callejeros están condenados a muerte.
Guisela Vico, presidenta de la Asociación Protectora de Animales (ANPA, coincide con él: “tanto si los dejan allí, como si alguien los arrastra hasta la puerta de uno de los albergues que existen en el país, como si llama a las autoridades sanitarias, lo más probable es que esos animales, tarde o temprano, de una manera más piadosa o más cruel, terminen siendo sacrificados”, afirmó Vico.
Según Vico, la superpoblación en los albergues no se puede controlar. “Diariamente, se reciben entre 15 y 70 llamadas de gente que quiere dejar un perro y a eso hay que sumarle que los egresos son contados, casi nulos”, contó. Y explicó que, por ello, todos los refugios tienen serios problemas económicos y se ven obligados, aun a regañadientes, a usar la eutanasia.
“Los refugios, por más lindos que sean y mejor voluntad que tengan quienes los administran, terminan saturados y se convierten en centros de exterminio”, dijo Vicente, quien a pesar de su criterio adverso, es el encargado de emitir permisos de funcionamiento de esos establecimientos.
La eutanasia no es considerada, de manera legal, una medida de control de la superpoblación canina, pero la normativa vigente la admite como “la última de las opciones para solucionar casos individuales”.
Eso implica, según Vicente, que tanto los dueños de los perros como los encargados de los refugios pueden recurrir a ella si lo consideran pertinente. La Senasa también lo hace cuando se ve obligada a atender alguna denuncia: “si no logramos reubicar los perros rápido o si están enfermos, estresados o son un peligro, procedemos”, dijo el veterinario.
Eso sí, para asegurarse de que la muerte de los animales sea, lo menos dolorosa posible, debe ser supervisada por un profesional.
Castración, el único remedio. “Lo cierto es que ni la eutanasia ni los albergues resuelven el problema: la única forma es recurrir al control de la natalidad”, opinó Vico.
Tanto la ANPA como otras asociaciones veterinarias realizan mensualmente campañas de castración en distintas comunidades del país y a bajo costo, pero, solo el 28% de los perros y gatos son esterilizados.
“Los dueños aducen tener control sobre sus mascotas, pero eso no es tan cierto y luego, cuando tienen crías, los cachorros son abandonados y sin castrar”, explicó Vico y calculó que cada perra puede tener, a lo largo de su vida, 60 crías.
En los albergues, los animales sí suelen estar esterilizados y muchos exigen, antes de recibir una camada de cachorros, que la madre se someta a la operación.