La ruta hacia la descarbonización de Costa Rica tendrá como principales líneas de acción la electrificación del transporte público, la transformación del sector agropecuario, la modernización de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el impulso de una reforma fiscal verde.

Estas acciones fueron definidas como prioritarias por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado, para que el país logre reducir a cero sus emisiones netas de carbono y a la vez pueda cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París.

Las medidas fueron plasmadas en el Plan Nacional de Descarbonización, que fue dado a conocer este domingo, en un acto oficial que se realizó en el Museo de Arte Costarricense, con la presencia del mandatario, la primera dama Claudia Dobles y miembros del gabinete.

Al evento también asistió Christiana Figueres, quien lideró la negociación del Acuerdo de París, desde la Secretaría Ejecutiva de la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas. El plan es justamente una de las herramientas planteadas por el Gobierno para que el país alcance la descarbonización de su economía para el año 2050, tal como lo exige el tratado internacional, que Costa Rica ratificó en 2016.

La idea es que el documento sirva “como base" para la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (2018-2022) y el Plan Estratégico Costa Rica 2050 (estrategia de largo plazo), en los que se profundizarían los distintos escenarios cuantitativos y cualitativos, que permitan al país alcanzar su meta.

El plazo de 30 años no es al azar, tampoco puede ser ignorado por Costa Rica o el resto de naciones firmantes del Acuerdo de París, ya que es el tiempo estimado que se necesita para alcanzar la meta más ambiciosa del tratado: limitar el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los dos grados Celsius.

Cinco prioridades

La propuesta cuenta con un total de diez ejes de acción, acompañados de ocho estrategias transversales, que se implementarían en tres grandes etapas: inicial (2018-2022), de inflexión (2023-2030) y normalización del cambio o despliegue masivo (2031-2050).

A su vez, el documento plantea cinco acciones prioritarias, entre las que destacan en los primeros sitios, los cambios que se deben efectuar en los sectores transporte y agropecuario, ya que son “los dos sectores que más contribuyen con la carbonización en la economía costarricense”.

La primera medida tiene que ver con la electrificación de buses de transporte público para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones de gases de efecto de invernadero.

En segundo lugar, se enfoca en las actividades del sector agropecuario que más producen emisiones, particularmente hace referencia a las labores de mitigación en café y ganadería bovina, “para asegurar que el agro costarricense sea de los más sostenibles a nivel mundial y esto permita una diferenciación y beneficios comerciales”.

El tercer punto se refiera a la política energética, cuya planificación debe contemplar tanto las nuevas opciones tecnológicas, en su oferta, como las transformaciones de la demanda que se presentarán en el mediano y largo plazo. Mientras que en el corto plazo, plantea una revisión de la política de precios de las diferentes fuentes de energía “y corregir las distorsiones que pudieran ser contrarias al proceso de descarbonización”.

La cuarta prioridad es evitar aquellas rutas tecnológicas en energía y transporte que se limiten a reducir parcialmente las emisiones pero no vayan encaminadas a una transición de “cero emisiones”.

En quinto puesto se ubican dos reformas transversales, cuyo proceso iniciaría en 2019 y “sin las cuales la descarbonización de la economía costarricense no será viable”.

La primera es un reforma institucional ambiental, que inicia con la transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la segunda es la reforma fiscal verde.

Recope y la reforma fiscal verde

El plan contempla “evaluar los impactos de la descarbonización -de corto, mediano y largo plazo- en el mercado de los combustibles para identificar las oportunidades que presenta para Recope la transición a un sistema energético sin emisiones”.

Asimismo, menciona la necesidad de analizar que la refinadora pueda proveer al país de nuevos servicios, relacionados con combustibles cero emisiones, así como los requisitos de la fuerza laboral para impulsar estos cambios.

“Esto podrá incluir un análisis de las ventajas y desventajas del uso de los biocombustibles y un análisis del uso del hidrógeno en distintas aplicaciones. Por su carácter de empresa estatal, se deberán promover reformas de Ley y estrategias de trabajo específico con la institución”, señala.

El documento también apunta a la necesidad de “desacoplar los ingresos del Estado de las ventas de gasolina antes de detonar la electrificación masiva de la flota de vehículos ligeros”.

“Se deben identificar nuevas fuentes de ingreso para sustituir las ventas de gasolina y automóviles, dentro de un enfoque de gravar externalidades negativas, como la contaminación del aire”, menciona la propuesta.

La idea es implementar una “reforma fiscal verde”, que permita fijar un precio al carbono en Costa Rica.

“El proceso (para fijar un precio al carbono) debe responder a un análisis integral de la estructura tributaria del país y definir las acciones que permitan dar coherencia a los paquetes de políticas públicas de la descarbonización y tomando en cuenta los costos distributivos de las diversas medidas”, indica el documento.

Para alcanzar este objetivo, se definen como acciones prioritarias, la implementación de esquemas de precios al carbono tales como un canon de emisiones a fuentes móviles y fijas, además de consolidar un proceso de eliminación de subsidios a combustibles fósiles.

Resultados

Durante el periodo inicial de implementación del plan (2018-2022), que coincide con la duración de la administración, se esperan alcanzar metas como la licitación del Tren Eléctrico de Pasajeros y el arranque de la sectorización de los servicios de transporte público, focalizado en el Gran Área Metropolitana (GAM).

También, la puesta en operación de un sistema de pago de electrónico en los servicios de autobús y tren. simismo, se espera contar para el año 2022 con 69 centros de recarga rápida para vehículos eléctricos.

Durante este tiempo también se prevé que esté en operación el Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca), entre otras metas.

En lo que respecta al periodo de inflexión (2023-2030), durante este tiempo se buscará impulsar la paridad de precio (vinculado con reforma fiscal verde y estrategias de precio al carbono) y la implementación de políticas para desincentivar, reducir la compra y el uso de vehículos de combustión interna.

Esta etapa, además, contempla la consolidación de una estrategia nacional de descarbonización del sector agropecuario, mientras que para el año 2025 se habla específicamente de que diez municipalidades estén implementando la estrategia nacional de compostaje.

Para la normalización del cambio o despliegue masivo (2031-2050), se espera haber cumplido en un 100% con la mayor parte de los objetivos planteados.

Por ejemplo, que el sistema de transporte público sustituya al automóvil particular como la primera opción de movilidad para la poblaciónen la GAM; se espera que para ese momento el transporte de carga sea altamente eficiente y que haya reducido emisiones en un 20% con respecto a 2018.

Se espera que para ese tiempo los procesos institucionales estén digitalizados, que la energía eléctrica sea la fuente de energía primaria para el sector transporte, residencial, comercial e industrial. También, que el 50% las edificaciones, comerciales, residenciales e institucionales operen con estándares de bajas emisiones.

Que el 100% del territorio cuente con soluciones para la recolección, separación, reutilización, y disposición de residuos, es otra de las metas, así como que el 20% de los ríos del GAM hayan sido restaurados.