El hombre designado por Donald Trump para encabezar la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que el cambio climático es una realidad, en contradicción con lo dicho por el presidente electo y por él mismo en ocasiones anteriores.
Presionado por los senadores demócratas en su audiencia de confirmación, Scott Pruitt dijo que disentía de las declaraciones de Trump de que el calentamiento global es un fraude perpetrado por China para perjudicar la competitividad de Estados Unidos en los mercados.
"No creo que el cambio climático sea un fraude", dijo el republicano Pruitt, que en la actualidad es secretario de Justicia del estado de Oklahoma.
Aunque sus títulos universitarios son en ciencias políticas y derecho, en el pasado Pruitt ha puesto en duda las contundentes pruebas científicas de que el planeta se está calentando y que las causas están en parte en las emisiones causadas por el hombre. En un artículo de opinión en 2016, Pruitt insinuó que el debate sobre calentamiento global "dista de estar resuelto" y sostuvo que "los científicos discrepan sobre la magnitud y amplitud del calentamiento global y su conexión con las acciones de la humanidad".
Una hora antes de las declaraciones de Pruitt, la NASA y la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera dijeron en un comunicado conjunto que 2016 era oficialmente el año más cálido desde que se llevan registros. Los estudios revelan que los casquetes de hielo de Groenlandia y la Antártida han perdido masa, al tiempo que el nivel de los océanos ha ascendido en promedio más de 17 centímetros durante el último siglo.
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A pesar de su cambio aparente de opinión en cuanto a la ciencia climática, Pruitt defendió su trayectoria de oposición a las regulaciones federales de las emisiones de carbón que calientan el planeta.
Pruitt y otros procuradores estatales republicanos se opusieron al Plan de Energía Limpia del presidente Barack Obama, que trata de limitar las emisiones de usinas eléctricas alimentadas con carbón. Pruitt inició una demanda contra la expansión por la EPA de las aguas reguladas bajo la Ley de Agua Limpia, a la que se oponen las industrias que se verían obligadas a limpiar aguas contaminadas.
