Las actividades que despliegan las compañías generan una serie de riesgos a nivel financiero, reputacional, de mercado e incluso legal. Una conducta puede generar una serie de consecuencias jurídicas que podrían evitarse y que, sin duda, obligan a prestar atención.
Hoy en día, las buenas prácticas legales presentan un nuevo reto y es, precisamente, adelantarse a ese riesgo legal, tratar de evitar al máximo incurrir en una práctica castigada por el ordenamiento jurídico que implique una sanción de índole económico, que ponga en riesgo la buena reputación o que afecte de manera directa la continuidad del negocio.
Pensemos en una compañía que tiene locales comerciales abiertos al público. Su actividad por, sí misma, genera una serie de riesgos, tales como, pero sin limitarse a: derechos de los consumidores, responsabilidad tributaria, riesgo aduanero en caso que importe, riesgo en el manejo de contratos con sus proveedores, laboral por la relación que existe con sus empleados, riesgo en la relación legal con la empresa aseguradora.
Además, riesgo en el manejo de la información por eventual pérdida o robo, en el manejo de créditos, riesgo inmobiliario como arrendatario del inmueble, también poder ser por los vehículos propiedad de la compañía –tránsito-, riesgo penal por eventuales robos, de tipo ambiental por una eventual contaminación o riesgo de competencia en caso de afectaciones en el mercado.
Todos estos riesgos podrían generar una afectación económica a la empresa por distintas sanciones, tanto administrativas como judiciales, que se le podrían eventualmente imponer, sin dejar de lado las sanciones legales que pueden afectar al negocio en marcha.
Como vemos, no es un tema sencillo, y los riesgos señalados anteriormente, se podrían quedar cortos, ante la cantidad que existen hoy en día en la actividad empresarial, pero, sobre todo, que generan un nivel de exposición que amerita prestar atención.
Precisamente, ese conocimiento del riesgo legal al que se expone la compañía, a través del cumplimiento normativo, el establecimiento de protocolos internos y el manejo de crisis con un enfoque legal, permitirá atender de manera adecuada este tipo de riesgo, disminuir las probabilidades de que exista una sanción o sentencia desfavorable, y consecuentemente, que exista una afectación a la buena reputación con incidencia económica representativa.
Identificación de los riesgos legales
Como punto de partida deben identificarse los riesgos a los que se expone la compañía. Se debe contar con un amplio conocimiento de la actividad o actividades que desarrolla la empresa, así como, la identificación de las conductas o acciones que con mayor frecuencia se presentan y que pueden generar un riesgo legal de cualquier índole. Una vez identificada la actividad, se identifica el riesgo y las consecuencias legales que ello podría implicar.
Un conocimiento claro de la actividad empresarial, así como de la normativa aplicable, las distintas reformas legales y antecedentes judiciales, permitirán hacer una identificación integral de los riesgos legales, así como determinar sus niveles y establecer prioridades para la atención de los mismos.
Medición
Se debe definir, partiendo de la identificación del riesgo, cuál es el grado de cumplimiento de la empresa con respecto a la normativa vigente y aplicable y la cuantificación del riesgo legal. Un análisis de esta manera permitirá a las compañías determinar su nivel de cumplimiento con respecto a lo establecido en la normativa, para posteriormente, determinar a cuáles riesgos se dará prioridad para su mitigación y atención, y cuáles deberán mantenerse en un grado de probabilidad de materializarse mayor.
Definición de políticas
Luego de determinar los riesgos, se debe realizar su cuantificación a nivel económico y el impacto legal sobre la actividad de la compañía, además, establecer una serie de mejores prácticas a lo interno de la empresa, mediante la definición de políticas y procedimientos para disminuir el riesgo y su implementación –plan de contingencia, medidas correctivas-.
Monitoreo
El monitoreo puede conceptualizarse como el seguimiento que da la compañía a los ajustes, cambios o implementaciones que se realizaron con ocasión del análisis, medición y definición de políticas. Asimismo, incorpora el monitoreo y seguimiento normativo, para que, en caso de algún cambio, sea implementado de manera correcta y con la finalidad de evitar los riesgos legales.
Atención de crisis
Dicho análisis de riesgo permitirá a la empresa atender de manera oportuna las situaciones críticas de emergencia que se puedan presentar y comunicar de manera oportuna al afectado. Permitirá también la incorporación de un manejo de riesgo de la empresa de manera adecuada con la existencia del gobierno corporativo.
