En el trabajo, recibir un comentario sobre su orientación sexual, ser objeto de burlas o sufrir un trato diferente por esta razón puede tener consecuencias legales. En Costa Rica, estas conductas pueden constituir actos de discriminación y generar responsabilidades tanto para quienes las cometen como para las empresas que las permiten.
Para entender qué puede hacer un trabajador en estas circunstancias, Marcela Acosta, socia fundadora y directora del Departamento Laboral de Quatro Legal, explicó a La Nación cuáles son las protecciones que establece la legislación costarricense, cómo presentar una denuncia, qué hacer si hay represalias y cuáles sanciones pueden enfrentar las empresas.

- ¿Qué leyes o reglamentos de acatamiento obligatorio protegen a los trabajadores frente a la discriminación por orientación sexual, tanto en el sector público como en el privado?
Marcela Acosta explicó que la principal es el Código de Trabajo, cuyo artículo 404 prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual. Los artículos siguientes establecen las consecuencias, entre ellas la nulidad del despido discriminatorio y la posibilidad de reinstalar a la persona afectada.
A esta normativa se suman:
- Artículo 33 de la Constitución Política.
- Ley N.° 2694.
- Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionado con la discriminación en el empleo.
- Convenio 190 de la OIT, aprobado mediante la Ley N.° 10749, que entró en vigor para Costa Rica el 2 de octubre de 2026 y establece obligaciones para prevenir y sancionar la violencia y el acoso en el trabajo.
“Esta protección cubre por igual a quienes trabajan en una empresa privada y en el Estado. (...) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia vincula al país, también ha reconocido la orientación sexual como categoría protegida”, detalló la abogada.
- ¿Cuándo un chiste o comentario en la oficina se convierte en discriminación por orientación sexual?
Aunque no existe una lista de frases prohibidas como tal, Acosta señaló que un comentario puede constituir discriminación cuando alude a la orientación sexual de una persona o grupo y la ridiculiza, humilla, aísla o afecta sus condiciones laborales.
“No será lo mismo una frase aislada que una burla reiterada, ni un comentario entre compañeros que uno de la jefatura, y la situación se agrava si continúa después de que la persona pidió que se detuviera haciendo manifiesta su molestia”, precisó la experta.
Como ejemplo, citó una resolución de la Sala Constitucional relacionada con un trabajador de un supermercado que denunció malos tratos por su orientación sexual.
La empresa confirmó el uso de vocabulario inapropiado, pero determinó que era generalizado en el departamento y no estaba dirigido específicamente al denunciante. La Sala rechazó el recurso por falta de prueba mínima.
Sin embargo, agregó, esto no significa que los comentarios generales estén libres de consecuencias.
“Aunque no llegue a ser discriminación, puede constituir una falta disciplinaria y, si se repite, acoso laboral”, advirtió.
- ¿Qué protecciones legales existen si, tras presentar una denuncia por discriminación, el trabajador empieza a sufrir represalias como aislamiento, sobrecarga laboral o bloqueo de ascensos?
La abogada citó protecciones contra las represalias por denunciar:
- Artículo 12 del Código de Trabajo: impide despedir o tomar medidas contra quien acude a las autoridades laborales.
- Convenio 190 de la OIT: exige proteger a denunciantes, víctimas y testigos frente a represalias.
Agregó que la persona afectada puede acudir al juzgado de trabajo mediante la vía sumarísima, un proceso rápido previsto para casos de discriminación, y solicitar que se suspendan los efectos de la medida mientras se resuelve el caso.
“La persona trabajadora debe señalar los hechos y los indicios, por ejemplo que tras denunciar dejaron de convocarla a reuniones o le negaron un ascenso. A partir de ahí, es la empresa la que debe demostrar que esas decisiones tienen una justificación objetiva”, explicó.
- ¿Qué pruebas concretas debe recopilar una persona trabajadora antes de denunciar este tipo de conductas? ¿Qué ocurre si son comentarios que le dicen sus compañeros o jefaturas?
La abogada señala que lo más importante es dejar constancia de los hechos. Para respaldar la denuncia, recomienda:
- Anotar la fecha, hora y lugar, quién hizo el comentario, cuál fue la frase exacta y quiénes estaban presentes.
- Guardar conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y chats corporativos en su formato original.
- Identificar a compañeros de trabajo que estén dispuestos a declarar sobre lo ocurrido.
- Guardar documentos que permitan demostrar cambios en las funciones.
- Si hay afectación en la salud, los dictámenes médicos o psicológicos.
“Los comentarios son denunciables vengan de compañeros o de jefaturas. La diferencia es que lo que dice una jefatura se podría atribuir a la empresa dependiendo del caso”, detalló.
- Si la empresa cierra el caso, ¿qué puede hacer el trabajador en la vía judicial para anular ese proceso y pedir indemnización?
Que una empresa decida cerrar una investigación interna no impide que la persona afectada acuda a los tribunales.
Acosta explicó que, si la discriminación o sus consecuencias continúan, puede recurrir a las siguientes vías:
- Proceso sumarísimo: está previsto en el Código de Trabajo para casos de discriminación y permite solicitar la nulidad de la medida, la restitución de las condiciones laborales y una indemnización por daños y perjuicios, incluido el daño moral.
- Proceso ordinario: es la vía adecuada cuando el caso requiere una prueba más amplia, como puede ocurrir en situaciones de acoso laboral.
“Lo que normalmente se anula es la medida discriminatoria, sea un traslado, una sanción o un despido, y no la investigación interna. Esta solo se anula en casos muy específicos”, aclaró.
- ¿A qué sanciones se expone un patrono que tolere o permita ambientes de discriminación por orientación sexual en su centro de trabajo?
“El patrono responde no solo cuando discrimina, sino también cuando tolera”, señaló Acosta, a la vez que aclaró las posibles sanciones:
- En el ámbito administrativo, las multas pueden partir de ocho a once salarios base y aumentar según la gravedad de los hechos y la cantidad de personas afectadas.
- En la vía judicial, las consecuencias pueden incluir la nulidad de los actos discriminatorios, la reinstalación de la persona despedida, el pago de salarios caídos y una indemnización por daños y perjuicios, incluido el daño moral.
- A esto se suma el posible impacto reputacional para la organización.
La especialista también recordó que, con la entrada en vigor del Convenio 190 de la OIT, las empresas deben contar con políticas para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo.
“Muchas empresas aún no han tomado acción en este sentido”, advirtió.
- ¿Cuáles son los errores más graves que cometen Recursos Humanos o los órganos directores al investigar una denuncia por discriminación?
Uno de los errores más frecuentes, precisó Acosta, es no actuar, minimizar la denuncia al considerarla un simple conflicto entre compañeros, intervenir tarde e incluso despedir a la víctima para intentar terminar con el problema.
También se presentan fallas como no contar con procedimientos internos claros para recibir e investigar las denuncias, revictimizar a la persona afectada, encargar la investigación a personal sin capacitación o imponer sanciones desproporcionadas.


