Una mujer demandó a su exesposo por donar a su madre una casa adquirida por el matrimonio antes de divorciarse. Ella alegó que el bien fue traspasado a su suegra cinco años antes de la separación, sin que ella lo supiera.
Ante tres tribunales distintos, argumentó que se trató de un traspaso en secreto y de una simulación, por lo que solicitó la nulidad del acto y que la propiedad, ubicada en Heredia, pasase a formar parte de los bienes gananciales que debían repartirse. Además, requirió una indemnización por daños y perjuicios.
No obstante, todos los estrados rechazaron su petición. La razón principal es que, si bien la pareja adquirió la vivienda con un préstamo que ambos miembros gestionaron, el entonces matrimonio decidió ponerla registralmente a nombre del esposo, con lo que él tenía completa disposición sobre el bien.
El caso escaló hasta la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de Familia del país.
En abril del 2024, la Sala concluyó que, aunque el bien fue adquirido en 1995, la donación realizada en el 2008 se produjo durante una etapa en la que el matrimonio se encontraba estable, por lo que la donación no constituía un acto de mala fe.
“La actora ha reconocido que ella se enteró del traspaso cuando fue a firmar el convenio de divorcio y se dio cuenta de que no existían bienes que repartir. Se estima que lo resuelto por el Tribunal debe confirmarse porque, efectivamente, cuando el actor donó el bien a su madre en el 2008, no existían visos de rompimiento de la relación matrimonial ni esta estaba en crisis. En ese momento, según la legislación costarricense, existía libre disposición del bien por parte del cónyuge propietario, independientemente de la vocación ganancial que pudiera tener para ser declarada en un futuro”, dice la resolución.
La Sala concluyó que no era posible demostrar que la donación había sido realizada con la intención de afectar a la esposa y que, si la propiedad hubiera estado inscrita a nombre de ella, la mujer habría tenido la misma libertad de disposición del bien para traspasarla a quien deseara sin el visto bueno del marido.
“Para el caso bajo estudio, son irrelevantes también las manifestaciones que en el pasado hiciera el accionado en el sentido de que ese bien sería para que la familia viviera en un futuro. No es de recibo el reproche de que se trató de algún tipo de violencia patrimonial contra la señora por cuestiones de género o violación al principio de igualdad de los cónyuges, ya que, si el bien hubiera estado a su nombre y se hubiera dado la misma situación fáctica de traspaso, la consecuencia sería la misma”, explicó la Sala Segunda.
“No existía obligación legal del accionado de contar con la autorización ni con la firma de la actora para disponer del bien”, agregó.
La pareja inscribió la propiedad a nombre del hombre
El matrimonio compró la propiedad a la madre del esposo en 1995 mediante un préstamo hipotecario que los dos miembros de la pareja tramitaron y liquidaron.
Sin embargo, a la hora de hacer la inscripción, el bien quedó a nombre del esposo. En ese momento, llevaban siete años de casados.
En julio del 2008, el hombre traspasó la propiedad a su madre mediante la figura de donación. Según argumentó la mujer, su exesposo nunca le consultó al respecto y ella se sorprendió cuando lo supo en el 2013, una vez iniciado el proceso de divorcio.
El marido rechazó los señalamientos, alegando que la donación de la propiedad se realizó de acuerdo con su derecho de libre disposición sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio.
En el fallo de primera instancia, emitido en octubre del 2019, el Juzgado de Familia de Heredia resolvió en favor de la mujer en cuanto a su solicitud de divorcio, pero desestimó la pretensión de que la propiedad fuera considerada ganancial y se anulara el traspaso.
El Juzgado resolvió que el marido transfirió el inmueble legalmente gracias a que tenía libre disposición sobre el bien, sin que existieran elementos suficientes para demostrar que se trataba de una simulación destinada a perjudicar los derechos de la esposa.
Asimismo, rechazó la indemnización por daños y perjuicios solicitada por la mujer, señalando que no había pruebas suficientes para sustentar la mala fe en la transacción.
Disconforme con el fallo de primera instancia, la mujer apeló la decisión ante el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Alegó que la sentencia contenía disposiciones contradictorias y no abordaba adecuadamente la cuestión de la simulación de la donación.
La demandante dijo que no se dio suficiente importancia a la naturaleza del préstamo hipotecario que permitió la compra del bien, ni a la prueba testimonial que demostraba la mala fe del demandado al no informar sobre la donación. El 18 de agosto del 2020, los jueces de alzada rechazaron la apelación.
Sala Segunda no encontró mala fe en traspaso
Finalmente, el caso llegó a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. La mujer argumentó que se dio prioridad a la libre disposición de bienes sin considerar que el traspaso había sido un acto simulado para evitar su declaratoria como bien ganancial del matrimonio.
No obstante, los magistrados reafirmaron la decisión del Tribunal de primera instancia, confirmando que el esposo tenía libertad de traspasar la propiedad y condenando a la mujer al pago de las costas procesales.
La Sala estuvo integrada por Luis Porfirio Sánchez, Orlando Aguirre Gómez, Roxana Chacón Artavia, Jorge Enrique Olaso Álvarez y Julia Varela Araya.
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