El Tribunal Contencioso Administrativo condenó en marzo del 2025 al Banco de Costa Rica (BCR) por permitir un ambiente laboral en el que un funcionario sufrió actos de discriminación y faltas de respeto por parte de sus compañeros debido a su orientación sexual.
El trabajador, quien ya no laboraba para el BCR cuando se dictó el fallo, denunció que sufrió burlas homofóbicas y comentarios sobre su salud durante años. Afirmó que pidió ayuda a sus superiores y a Recursos Humanos, pero no obtuvo una respuesta efectiva.
El banco, por su parte, reconoció la existencia de bromas reprochables, pero alegó que no se probó quién las hizo ni que fueran dirigidas contra el demandante. También cuestionó que se demostraran los daños reclamados.
Tras analizar las pruebas, el Tribunal determinó que el BCR falló al atender la denuncia y permitió que se mantuviera un ambiente discriminatorio. Por ello, lo condenó al pago de ¢10 millones.
BCR responde sobre el fallo
Ante consultas de La Nación, el BCR informó de que ya cumplió con el pago de los ¢10 millones impuestos en la sentencia.
La entidad aseguró que cuenta con normativa interna y procedimientos formales para recibir y atender denuncias por acoso y discriminación, aplicables a todo el personal sin distinción.
“Adicionalmente, la institución ha desarrollado actividades de capacitación en materia de ética y prevención del acoso laboral, así como acciones de sensibilización dirigidas a promover ambientes de trabajo respetuosos e inclusivos”, afirmó el BCR.
La entidad también señaló que trabaja en la actualización de sus disposiciones internas para adecuarlas a los estándares del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Trabajador relató comentarios discriminatorios en su contra
Según el fallo, el funcionario laboraba para el BCR desde aproximadamente el 2013. Alrededor del 2015 fue trasladado al Centro de Soporte Comercial de La Uruca, en el puesto de cajero.
Allí, recibía comentarios denigrantes sobre su orientación sexual y un problema en el brazo. Entre las burlas, sus compañeros lo felicitaban por el Día de la Mujer, hacían ruidos obscenos para ridiculizarlo y lo llamaban con adjetivos insultantes.
Este ambiente laboral afectó su salud emocional. En junio del 2017 fue referido al servicio de Psiquiatría del Hospital San Juan de Dios y, un mes después, comenzó a pedir formalmente que cesaran los comentarios homofóbicos. En julio escribió nuevamente a su superior para advertirle de que esas expresiones lo afectaban, e incluso manifestó ante sus compañeros que era gay y solicitó respeto.
Sin embargo, los comentarios continuaron y en setiembre, por tercera vez, volvió a solicitar ayuda a su jefe.
En mayo del 2018, recibió atención en el Hospital Nacional Psiquiátrico nuevamente. Registros médicos vincularon su grave malestar emocional con el ambiente laboral y las humillaciones que relataba.
Presentó denuncia formal ante Recursos Humanos, pero la desestimaron
En enero del 2019, el trabajador acudió a Capital Humano para formalizar la denuncia.
Tras varias reuniones, en marzo presentó una versión formal de su reclamo, en la que señaló a su jefatura y a ocho compañeros por los comentarios discriminatorios e inacción para detenerlos. El BCR abrió, entonces, un procedimiento administrativo, ordenó medidas de protección y lo trasladó a otra oficina.
En setiembre del 2019, sin embargo, la Gerencia General acogió la recomendación del órgano director del proceso de exonerar a los nueve investigados. Aunque reconoció la existencia de comentarios y bromas reprochables en la oficina, consideró que no había pruebas suficientes para atribuirles individualmente las conductas denunciadas ni demostrar que las expresiones estuvieran dirigidas contra el funcionario.
El trabajador recurrió la decisión, pero el Banco rechazó su gestión a finales de ese mes.
Demandó y exigió indemnización
En setiembre del 2020, el trabajador acudió a los tribunales y acusó al BCR de no protegerlo frente al acoso y la discriminación.
También cuestionó el trámite y la resolución de su denuncia, al considerar que la entidad minimizó las conductas y exoneró indebidamente a los responsables.
Por ello, solicitó al Tribunal:
- Declarar ilegales las conductas de acoso, hostigamiento y discriminación.
- Anular las resoluciones que exoneraron a su jefatura y a ocho compañeros, y ordenar una nueva resolución del procedimiento.
- Reconocer los daños materiales y morales, por los cuales reclamó ¢30 millones.
- Condenar al Banco al pago de las costas personales y procesales.
Además, pidió ser reubicado en otra dependencia, pero desistió de esa solicitud durante el juicio.
En tanto, el BCR pidió rechazar la demanda y cobrar las costas al trabajador. Alegó que respetó el debido proceso, que no había pruebas suficientes contra los investigados y que el funcionario no demostró los daños reclamados ni su vínculo con la actuación del Banco.
Testigos fueron clave en el proceso
Durante el juicio, varios compañeros confirmaron que en la oficina eran frecuentes las bromas de contenido sexual, los comentarios homofóbicos y las burlas sobre el problema de salud del trabajador.
También señalaron que las advertencias de la jefatura no lograron detener esas conductas, aunque no siempre pudieron identificar a quienes las realizaban ni asegurar que todas estuvieran dirigidas contra el denunciante.
En contraste, otros testigos negaron haber presenciado actos de discriminación y describieron un ambiente laboral “normal”. No obstante, reconocieron que un estudio de clima organizacional había advertido sobre comentarios homofóbicos y faltas de respeto.
La pareja del funcionario, por su parte, relató el deterioro emocional que observó en él y cómo la situación laboral afectó su vida cotidiana y de pareja.

Tribunal dictó que el BCR falló en proteger al trabajador
Tras analizar las pruebas, el Tribunal Contencioso concluyó que el BCR conocía el ambiente discriminatorio que enfrentaba el funcionario, pues había recibido sus reclamos y contaba con un estudio de clima organizacional que advertía sobre comentarios homofóbicos y faltas de respeto.
Rechazó que esas expresiones pudieran justificarse como simples bromas y señaló que la discriminación también se manifiesta al permitir un entorno laboral que atenta contra la dignidad de una persona.
Aunque reconoció que la jefatura organizó reuniones, hizo advertencias y facilitó ajustes laborales, consideró que esas medidas no bastaron para detener las conductas. Los comentarios persistieron por lo que el Banco incumplió su deber de garantizar un ambiente laboral sano.
El fallo también señaló irregularidades en el procedimiento administrativo. Determinó que se limitó el derecho de defensa del denunciante, se omitieron aspectos relevantes de las declaraciones y se valoraron las pruebas de forma incompleta.
Además, la Gerencia exoneró a los nueve investigados sin justificar adecuadamente su decisión ni corregir las deficiencias del informe. Por esos vicios, el Tribunal anuló las dos resoluciones administrativas.
Por último, estableció que el ambiente laboral y la respuesta institucional contribuyeron al deterioro emocional del funcionario, respaldado por documentación médica y otras pruebas. Consideró que sufrió un daño que no tenía obligación de soportar y que debía ser indemnizado, sin necesidad de demostrar dolo o culpa de un funcionario específico.
Por tanto, declaró parcialmente con lugar la demanda, anuló las resoluciones que exoneraron a los nueve investigados y reconoció como contrarias al ordenamiento jurídico las conductas acreditadas de acoso, hostigamiento y discriminación. Además, condenó al BCR al pago de ¢10 millones por daño moral subjetivo y las costas del proceso.
