En tiempos en que el país continúa abriendo frentes ambientales sin resolver, resulta urgente que se definan los temas que sí son posibles de mejorar con una simple pero efectiva decisión a favor del ambiente.
Mientras se confirman nuestras sospechas del desastre ambiental en la trocha 1856, continuamos sin resolver el tema de la contaminación piñera, seguimos sin nueva legislación del agua, entre otros temas.
Pero podemos realizar una firme acción como país en el tema petrolero.
Hemos llegado a un importante consenso en que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva, para la cual tenemos nula o poca capacidad de enfrentar.
Este consenso nace de la certeza de que nuestros bosques, humedales, mares, nuestra gente y la democracia vale más que el oro o el petróleo.
No solo nos supera el nivel tecnológico para los controles técnicos, sino que también nos supera el nivel de inversión que significa un proyecto de extracción petrolera.
Ya dimos un gran paso con la minería metálica, otra expresión de la industria extractiva, con el rechazo judicial al proyecto minero en Crucitas, la no viabilidad del desastre de Miramar y la ley que prohíbe nuevos proyectos de este tipo de minería.
Sin embargo, el tema de los hidrocarburos, léase bien: no es solo petróleo, sino todos los hidrocarburos de nuestro subsuelo, sigue en una débil moratoria, vía decreto ejecutivo.
Es hora de ir cerrando algunos temas. Podríamos rápidamente llegar a un consenso sobre la nueva ley de aguas por iniciativa popular en la Asamblea Legislativa, o la ley de vida silvestre o tantos proyectos que beneficiarían el país con una normativa moderna y acorde a nuestros tiempos.
Pero también podríamos aplicar una moratoria petrolera más resistente a los vientos politiqueros y electoralistas. Esta moratoria nos consolidaría como el primer país libre de industrias extractivas transitando hacia una sociedad pospetrolera y más armoniosa con el ambiente.
La organización internacional Oilwatch, una red mundial de monitoreo de la actividad petrolera en los países del trópico, viene abogando por una seria, responsable y efectiva moratoria petrolera en áreas o países de alta diversidad como el nuestro.
Estamos en un buen momento para llegar a un consenso para establecer mayor seguridad a la moratoria petrolera, aunque pueda ser revisado años más tarde.
Hemos apoyado el proyecto de ley que deroga de la Ley de Hidrocarburos (que tiene expediente legislativo número 17.746), pero esto no ha sido prioridad para el Gobierno, ni para la mayoría de partidos políticos.
En la administración Pacheco de la Espriella, la llamada “moratoria petrolera” no necesitó ni de una firma, no hubo decreto, solo una declaración. Eso dio pie a que en la administración Arias Sánchez se abrieran las posibilidades y siguieran su curso varias solicitudes.
El actual gobierno de Laura Chinchilla firmó un decreto que podría ser fácilmente revocado por la siguiente administración o, incluso, ser declarado inconstitucional. Al respecto, si queremos ser activos en cerrar y en resolver temas ambientales, en vez de dejarlos pendientes, deberíamos unirnos para legislar por una moratoria petrolera que nos permita cerrar el tema, y así, uno a uno, seguir resolviendo las amenazas ambientales que enfrentamos como país.
Mauricio Álvarez Docente UCR y geógrafo coordinador mesoamericano de Oilwatch