Desde mi despacho en la Asamblea Legislativa he propuesto bajo el expediente 17856 una reforma a la Ley Forestal que modifica el concepto de bosque para proteger aquellas especies forestales no nativas que brindan funciones ecológicas fundamentales para la vida humana.
Tal es el caso del ciprés, especie que abunda en zonas montañosas y que no goza de protección jurídica, por lo que se halla propenso a una explotación irracional, pese a que contribuye a la purificación del aire, belleza escénica, fijación de carbono, control de escorrentías y protección de los mantos acuíferos.
La modificación planteada no es antojadiza ni ocurrente, sino que surge a partir de la jurisprudencia constitucional que es vinculante erga omnes. Efectivamente, mediante voto 2007-3923, de las 15:02 horas del 21/03/2007, en el cual la Sala declaró la inconstitucionalidad por omisión relativa del artículo 28 de la Ley Forestal, se indica: “'la Ley Forestal previo a su reforma mediante ley 7575, tenía una concepción de bosque amplísima en el artículo 6: ‘Son bosques todas las asociaciones vegetales compuestas, predominantemente de árboles y de otra vegetación leñosa’. No se hacía distinción alguna de que para ser considerado bosque deba estar formado únicamente por árboles nativos y no por exóticos, que incluso pudieron haberse regenerado naturalmente y que deba ser mayor a 2 hectáreas (') Considera este tribunal que al haber pasado la ley de una definición amplia de bosque, con mayor cobertura deprotección, a una tan restringida en cuanto a especies y superficie, hace que la protección dada con anterioridad al ambiente, haya sido disminuida sin una justificación razonable'”.
Preservar el ambiente. Así las cosas, el proyecto presentado busca corregir un concepto que, si bien es legal, es también contrario a la preservación y conservación del ambiente. Pero el proyecto va más allá, pues procura subsanar la ausencia de medidas precautorias que aseguren de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley forestal, toda vez que no se contemplan medidas previas a la corta de árboles, independientemente de su naturaleza y área.
El fin último, entonces, es asegurar un mejor aprovechamiento de las especies forestales promoviendo el justo equilibrio entre lo social y lo económico.
Sin embargo, pareciera que existen personas para quienes es prioritaria la defensa de intereses económicos por encima del desarrollo sostenible y la protección integral del ambiente. Tal es el caso del señor Juan José Sobrado quien en su artículo “Proyecto para socializar todo terreno con árboles” (La Nación, Foro, 04/03/2011) afirma que la iniciativa “pretende retornar al caos y a la arbitrariedad”.
No obstante, “caos” es lo que estamos presenciando todos los días quienes habitamos en las zonas altas del norte de la provincia de Heredia, cuando vemos que nuestras montañas están quedando, literalmente, “peladas” a causa de la tala ilimitada de gran cantidad de especies forestales no nativas.
Lo invito, señor Sobrado, para que visite la zona y pueda constatar, por sí mismo, tal realidad. Indague entre las personas vecinas de la parte baja de los cantones de Belén, Flores, Heredia y San Pablo respecto a la destrucción que viven cada invierno por el desbordamiento de ríos y quebradas, producto de la paulatina desaparición de nuestros bosques, los cuales están compuestos tanto de árboles nativos como exóticos.
Quiero, además, invitar a todas las partes involucradas para que construyamos juntos y de manera proactiva una fórmula que integre las diversas visiones, que no debe llevarnos más de 30 años, tiempo en que el sector forestal no ha podido construir una definición satisfactoria. Desde tal perspectiva, debemos recordar que este proyecto es tan solo un punto de partida susceptible de ser modificado o mejorado.
El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado garantiza no solo la facultad de hombres y mujeres para utilizar el ambiente a favor de su propio desarrollo, sino que también implica el correlativo deber de preservar el medio y sus recursos. Como legisladora, no puedo apartarme de mi obligación ineludible de tomar las medidas que sean necesarias para proteger la vida y la salud de las/os costarricenses, buscando siempre el balance entre la vida y el desarrollo socioeconómico.