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Gobernaba el país Bernardo Soto Alfaro (1885-1889), recién se fundaba el Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas y se firmaba el Código Civil.
De aquella época datan los títulos de propiedad que determinarán la legalidad de la tala de al menos 700 cipreses en una finca en Concepción de San Isidro de Heredia.
De acuerdo con la Ley n° 65 de 1888, todavía vigente, esta zona y los terrenos situados a dos kilómetros a uno y otro lado de la cima de la montaña del v olcán Barba son considerados “inalienables”.
Por ello, la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael alertó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) cuando descubrió que se estaban talando árboles y realizando movimientos de tierra en la finca a nombre de una sociedad anónima. Esto ocurrió en marzo del 2010.
Tras inspeccionar el terreno y certificar que se encontraba en la zona inalienable, el Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC) –dependiente del Minaet– emitió un informe el 7 de mayo del 2010 en el que ordenó “suspender la corta”.
No obstante, en marzo del 2011, los trabajos de tala continuaban, según pudo constatar José Francisco Alfaro, presidente de la asociación ambiental.
Freddy Valerio, jefe de la oficina de Heredia del ACCVC, aseguró a este diario que el dueño de la finca cuenta con títulos de propiedad anteriores a la Ley 65, es de decir con 12 décadas de antiguedad, avalados por el regente forestal.
Sin embargo, según se consignó en el informe emitido en mayo de 2010, al cual tuvo acceso
Aunque se le consultó el viernes a la Procuraduría, la oficina de prensa no logró dar con el caso.
Entre tanto, Roberto Cruz Montealegre, propietario de la finca se limitó a decir que todo estaba en orden y era legal. Según dijo, pasa poco tiempo en el país.
“Se está violando la Ley 65 de 1888 porque no existe todavía confirmación de que los títulos presentados son válidos. ¿Por qué el Minaet dio permiso?”, cuestionó Francisco Alfaro.
El decreto, establecido por el Congreso Constitucional del Gobierno de la República, se hizo con base en la utilidad pública de la conservación de las montañas donde tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen a Alajuela, Heredia y San José.
A pesar de que la norma tiene 123 años, Alfaro asegura que los motivos que le dieron origen siguen vigentes: “Toda esta zona es área de recarga acuífera, aquí se recarga el agua que toma el 70% de los habitantes del Valle Central”.
Un informe del ACCVC de abril, tras una nueva inspección, constató “el daño ambiental” producido por la apertura de una trocha a 60 centímetros de la quebrada Lajas y dos rellenos que obstruyen “por completo” su cauce.
La Municipalidad de San Isidro ordenó paralizar obras el 25 de abril y espera la decisión sobre los títulos para aclarar el asunto.
“Estamos al pendiente. Se les paralizó todo, movimientos de tractor, sierra, etc. Ellos tienen que demostrar, para poder sacar la madera, que no están dentro del decreto (de 1888)”, aseguró Melvin Villalobos, alcalde del cantón.
Alfaro, en cambio, piensa que sea legal o no, el daño ya se hizo.
