San José (AP). Las interrogantes sobre lo ocurrido en mayo de 1984 en el atentado de La Penca aún no han sido respondidas por las autoridades costarricenses, pero los familiares de las víctimas ven con esperanza una nueva reactivación de las investigaciones.
La fiscal encargada del caso Alejandra Arce se reunió el martes en privado con algunos de los que lograron salir con vida de una explosión que mató a la estadounidense Linda Frazier del semanario en inglés Tico Times, el camarógrafo del canal 6 Jorge Piedra y el chofer de ese mismo medio Evelio Sequeira.
También murieron cuatro guerrilleros y otras 20 personas resultaron heridas, entre ellas el entonces corresponsal de la AP en Costa Rica, Reid Miller.
Ellos fueron a La Penca, en la margen nicaragense del fronterizo río San Juan, citados por Edén Pastora (el Comandante Cero del Frente Sandinista de Liberación Nacional), quien revelaría supuestas presiones de la CIA para que se incorporara a la llamada contra.
Arce dijo a la AP que no hablaría sobre la reunión, pero el periodista sobreviviente Nelson Murillo afirmó que fue muy difícil conseguir la cita, concedida tras una presión de meses. Se manifestó esperanzado porque el Estado costarricense no ha abandonado la investigación.
Esto es algo que nos da mucha esperanza, que el caso no haya prescrito y que se abra una posibilidad de poder aplacar la incertidumbre que por muchos años hemos tenido, expresó.
Aunque no dio más detalles para no entorpecer las pesquisas, Murillo destacó que desde septiembre del año pasado cuando ingresó Arce al caso, se reactivó la investigación y se retomó con más fuerza, trabajando aspectos que los ha llevado (a la Fiscalía) a buscar otras evidencias.
En el 2004, ante una consulta de la Defensoría de los Habitantes, el fiscal general Francisco DallAnese indicó que los tres de los motivos para el nulo avance en ese momento eran el agotamiento local de las pesquisas, la inaccesibilidad a documentos secretos en poder del Senado de Estados Unidos y la imposibilidad de individualizar al autor material de los hechos.
Tampoco se logró la extradición de los estadounidenses John Hull y Felipe Vidal, quienes figuraban como involucrados en el caso. Hasta ahora la fiscalía no se ha planteado efectuar solicitudes de extradición.
El año pasado, el Colegio de Periodistas decidió demandar al Estado costarricense ante la Comisión Interamericna de Derechos Humanos, con sede en Washington debido a que el crimen se encuentra impune y hasta la fecha, las víctimas del atentado no han recibido indemnización alguna por parte del Estado Costarricense y no se vislumbra la posibilidad de elevar el caso a juicio, se lee en el texto.
William Céspedes, otro de los sobrevivientes que llegó a la reunión en la Fiscalía, indicó que seguirán el proceso ante la Comisión de forma paralela y adelantó que el mismo martes el Colegio de Periodistas solicitaría de nuevo a la Comisión un informe de cómo va el caso.