Los trabajadores de estos dos muelles, que son los únicos que tiene el país para la entrada y salida de carga por el Atlántico, dejaron de laborar entre las 11 p.m. y la medianoche.
A las 12:30 a.m., la agitación se hizo patente en este puerto. Intensa movilización policial, ráfagas de disparos y recorrido de ambulancias caracterizaron la situación en Cieneguita, un barrio marginal ubicado al sur de la ciudad.
Allí, los manifestantes colocaron cuatro barricadas con fuego, mientras la policía hizo disparos al aire para intentar dispersarlos. Un equipo de La Nación fue llamado a no entrar a la zona por algunos taxistas que se retiraban del sitio ante el peligro.
La decisión de "Limón en lucha" se produjo ante el rechazo del Poder Ejecutivo a una petición para anular las adjudicaciones a 14 empresas estibadoras e intervenir la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
Esta demanda la sustentan en que el nuevo esquema de apertura en la estiba genera un alto grado de desempleo, pues el volumen de carga que pasa por ese puerto, a su criterio, bien puede manejarse con solo cuatro empresas. Solicitaron, entonces, que una junta interventora operara la estiba mientras se definía un nuevo sistema de adjudicación.
Al rechazar esta solicitud, el Gobierno alegó que las concesiones de estiba se hicieron legalmente e incluso el pasado 31 de julio las refrendó la Contraloría General de la República, por lo cual no se puede dar marcha atrás.
"Una burla"
Como contrapropuesta, a las 5:30 p.m., el ministro de la Presidencia y negociador oficial, Marco Vargas anunció la creación --"haya o no haya huelga"-- del "Fondo de reactivación económica y compensación social de los trabajadores portuarios de Limón", el cual asegura un subsidio a trabajadores muelleros desempleados.
Pese a ello, la oferta fue considerada por el comité "Limón en lucha" como "una burla y una ofensa al pueblo limonense", según palabras de Inés Quirós, secretaria del grupo.
La decisión de paralizar los muelles, así como la de tomar otras medidas de presión, no dadas a conocer, la tomaron los dirigentes tras una reunión que se extendió durante toda la tarde en la sede del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP).
Los muelleros se mantuvieron con los ánimos caldeados hasta que finalizó el encuentro a las 9:25 p.m. Al abandonar la sala --eufóricos--, los dirigentes gritaban consignas como "ya es hora de poner al Gobierno en su lugar", "no van a seguir jugando con los estibadores" y sostuvieron que las medidas de presión estallarían en cualquier momento. Un equipo de La Nación comprobó la paralización y el reforzamiento de la presencia policial en las dos terminales portuarias.
Reactivación de impuesto
Para financiar el fondo de subsidio a los muelleros desempleados, el ministro Vargas dijo que el Gobierno reactivará el cobro del impuesto a la exportación de banano. Ese auxilio oficial será temporal y su costo será de aproximadamente ¢400 millones al año.
El funcionario también se comprometió a que el lunes próximo --a más tardar-- se publicará en La Gaceta un decreto mediante el cual se obliga a las empresas estibadoras a establecer salarios y jornadas mínimas para sus trabajadores. "Con huelga o sin huelga esto tiene que ir adelante", aseveró.
Sin embargo, anoche, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) lamentó el uso de esas nuevas "distorsiones contra la producción" para dar una solución de corto plazo a las demandas de Limón.
Tanto el vicepresidente de CADEXCO, Juan Francisco Montealegre, como la directora ejecutiva, Gabriela Sánchez, advirtieron que el incremento en el impuesto bananero añade una nueva carga al sector productivo nacional y no es una solución sostenible para los problemas de esa provincia.
Colaboró en esta información Marvin Barquero y Carlos Villalobos, redactores de La Nación.
