El Museo Nacional pidió a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) realizar una evaluación arqueológica del área donde se sembrará piña y que posee nueve sectores con vestigios precolombinos.
La Ley Orgánica del Ambiente (7554), en su artículo 18, establece que los estudios para obtener la viabilidad ambiental corren por cuenta del interesado. Por lo tanto, la tarea debería asumirla la piñera.
El museo plantea la solicitud debido a que considera insuficiente la inspección visual hecha por la arqueóloga contratada por Pindeco.
Dicha evaluación es únicamente visual, por lo que resulta muy preliminar para saber cuán vulnerables son realmente los puntos de interés arqueológicos por resguardar, aseguró Myrna Rojas, jefa del departamento de Antropología e Historia del museo.
“En áreas tan grandes y con los procesos de sedimentación típicos de Osa, obviamente, no se va a ver nada en la superficie”, comentó la experta.
Debido a eso –argumentó– es necesaria una revisión mucho más detallada.
“La evaluación arqueológica implica, en primera instancia, una propuesta formal ante la Comisión Arqueológica Nacional. Luego de eso, se plantean las excavaciones, se determinan detalles como la profundidad a la cual estas llegarán, entre otros”, comentó.
Por ese motivo, en una carta enviada el 31 de marzo de 2017 a Setena, el museo solicita sustituir la inspección por una evaluación arqueológica.
¿Qué podría haber debajo de la tierra o incluso en el exterior? Cualquier objeto que remita a los antepasados precolombinos, como esferas, vasijas, metates, barriles, ya sean de carácter funerario, habitacional, arquitectónico, entre otros.
Primero la inspección. Eduardo Murillo, coordinador del departamento de Evaluación de Setena, insistió en que, según los reglamentos 31849 y 32966, el museo debe intervenir solo cuando ya el arqueólogo de la empresa ha hecho la inspección visual del terreno.
Murillo fue enfático en que el ente cultural entra en la ecuación hasta después de que se hayan otorgado los permisos ambientales, y no antes.
“Solo cuando hay alguna evidencia, el museo interviene. Luego de eso, ellos mismos son los que aprueban la evaluación exhaustiva”, dijo.
Asimismo, explicó que la desarrolladora del proyecto debe implementar un plan de conservación de los objetos que sean recuperados en el sitio.
Marlin Calvo, jefa del departamento de Protección del Patrimonio Cultural del museo, contó que desde 1999 se gestiona que la evaluación arqueológica sea considerada como obligatoria antes de entregar un permiso de viabilidad ambiental.
Sin embargo, afirmó la funcionaria, la propuesta no vio la luz en aquella ocasión.