El acuerdo es con 27 compañías que prestan servicios de vigilancia, pero también con 16 entidades bancarias y 10 empresas grandes que cuentan con vigilancia para sus camiones repartidores.
El ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, explicó el miércoles en rueda de prensa que la gran fuerza laboral privada colaborará con los 8.000 policías que hay en el país en labores de intercambio de información sobre posibles sospechosos o delitos.
Para poder realizar ese intercambio se creará una frecuencia de radio nacional que dará posibilidad de una respuesta en un lapso de pocos minutos.
Berrocal destacó que la cláusula cuarta establece prohibiciones para los oficiales privados, como que no podrán hacer requisas personales, registro de vehículos, o participar en allanamientos, retenes, desalojos y otros operativos que son monopolio del Estado.
“Esto no es la solución total, no se va a acabar la criminalidad, pero comenzamos a pelear en serio”, manifestó.
El ministro de Presidencia, Rodrigo Arias, dijo que “es importante destacar que este acuerdo se establece dentro del marco de la legalidad; sin que el Estado delegue competencias que no puede ceder”, señaló.
El acuerdo con las firmas privadas de seguridad provocó molestia en algunos sectores.
El secretario de la Asociación de empleados públicos y privados, Albino Vargas, expresó recientemente en un comunicado que el convenio traspasa potestades constitucionales y consideró que se pretendía incrementar, desde lo privado, un aparato represivo.
No es más (el acuerdo) que indicio de una especie de militarismo encubierto, señaló.