El 11 de junio, La Nación publicó un reportaje de Esteban Mata acerca de la presentación de un plan en la Asamblea Legislativa para cambiar la celebración de la Fiesta de la Independencia del 15 de septiembre al 29 de octubre. También apareció una entrevista que Mata hizo al dramaturgo y profesor universitario Miguel Rojas, quien es identificado como “investigador en Historia” y quien hace varias valoraciones sobre lo que es la labor del historiador, la forma en que se construye el conocimiento histórico y el papel que tienen y han tenido los historiadores e historiadoras costarricenses (especialmente la llamada “nueva historia”) en la investigación sobre el pasado.
Rojas indica que los “documentos históricos acreditan el 29 de octubre de 1821 con un acta nuestra, propia, con acciones sociales nuestras”. Esta visión de “los documentos”, propia de un simplismo positivista, tiene problemas metodológicos y de forma en la manera en que Rojas la utiliza para acuerpar su proyecto. Los documentos históricos, por sí mismos, no “hablan”, sino que el investigador del pasado los hace hablar. A partir de ahí, y con base en diferentes estrategias metodológicas, los investigadores del pasado construyen respuestas a sus problemas de investigación.
Además, en este caso en específico es extraña la manera en que Rojas, con contundencia, indica que existen documentos históricos (léase fuente primarias, no interpretaciones) que aseguran que el 29 de octubre es un “acta nuestra”. Rojas debe revelar esos documentos producidos por las personas que vivieron el proceso de independencia, en los que certifican tal cosa. Es raro que –hasta donde conocemos– nunca entre 1821 y 1848 (es decir, durante buena parte de la vida de la generación de políticos que vivió los acontecimientos de 1821) se certificara en algún documento regulatorio de las fiestas que el 29 de octubre debía ser celebrado o que era la fecha de la independencia, como sí, por ejemplo, se habló de celebrar el 14 y 15 de septiembre, el 22 de noviembre y el 1 de diciembre.
¿Por qué procedieron así? Si Rojas logra mostrar que el 29 de octubre también se incluyó en esa lista por parte de los contemporáneos del proceso de independencia, sería un gran hallazgo que deberíamos reconocerle.
Varios niveles de análisis. En reiteradas oportunidades hemos discutido con Rojas sobre el largo proceso que pasó el 15 de septiembre para ser construido como fiesta nacional desde la década de 1820. También hemos insistido en el hecho de que debe tomar en cuenta que en este proceso intervienen, al menos, tres niveles. Primero, el de la historicidad de los fenómenos/hechos sociales, es decir el del contexto, los actores y los hechos relevantes para comprenden la construcción social de esta fiesta nacional. Segundo, el de la historización de los fenómenos/hechos sociales; en este sentido, lo que interesa es la reconstrucción de los procesos, y no solamente el hecho y su ubicación temporal. Y, tercero, el nivel de la construcción social de la memoria; aquí se recuperan los hechos, por parte de diferentes grupos y se reconstituyen en función de sus intereses.
Al afirmar que la celebración del 15 de septiembre es “un yerro histórico que no se ha corregido porque no se ha realizado una revisión de la historia oficial” y que “la historia no se puede dejar en manos de los historiadores”, Rojas parece desconocer el trabajo que ha hecho la historiografía costarricense en los últimos cuarenta años y desacredita de plano la autoridad de esos historiadores e historiadoras para hablar de historia.
Como en el siglo XIX, Rojas apela a una visión del pasado que descuida las herramientas críticas de la historia y se concentra en citar documentos que supuestamente leídos de forma objetiva revelan la verdad nacionalista que él acuerpa. Pero dicha lectura de los documentos se puede convertir en interesada; Ernst Renan lo dijo bien: “el olvido, también el error histórico, son factores esenciales para la creación de una nación, y es por eso que el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad”.
Si ha habido una disciplina que se transformó después de 1970 en Costa Rica enfrentando discursos oficiales del pasado, que cuestionó los mitos del país, que ha producido intensamente, que ha construido nuevas visiones de conocimiento del pasado, que ha revolucionado metodologías y formas de lectura de las fuentes y que ha dado herramientas para evaluar la sociedad contemporánea, esa es la “nueva historia” costarricense. Y eso difiere completamente de lo afirmado por Rojas en su entrevista.
Estamos de acuerdo en que un gran error en la educación de este país es precisamente el haber dejado de lado la historia crítica que sí producen los historiadores y las historiadoras, camino que ha llevado a que se transmita una historia centrada en el acontecimiento, con un sesgo memorístico, que no contribuye mucho a la construcción de ciudadanos y ciudadanas pensantes y críticos. Por eso un proyecto fundamental del Ministerio de Educación debería ser llevar a la educación primaria y secundaria la historia producida en los últimos cuarenta años por varias generaciones de historiadores e historiadoras que han cambiado completamente la interpretación del pasado costarricense.
Ya habrá ocasión de referirnos directamente al sustento histórico que apoya o deslegitima este proyecto de cambio de ley, pero hay muchísimas bases sólidas elaboradas por dichos historiadores, que deben ser conocidos y reconocidos y no simplemente desechados sin ningún criterio de validez.
David Díaz Arias. Director Posgrado en Historia, UCR
Ronny Viales Hurtado. Director Escuela de Historia, UCR
Juan José Marín. Director Centro de Investigaciones Históricas de América Central, UCR