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Una carta inusual llegó ayer a manos de los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y su lectura dejó a todos boquiabiertos.
En ese oficio, que le tocó leer a un pasmado José María Villalta, del Frente Amplio, el diputado Justo Orozco, de Renovación Costarricense, pidió que se aleje a la diputada Carmen Muñoz, del Partido Acción Ciudadana (PAC) de la discusión de un proyecto de ley por ser lesbiana.
La carta es un recurso de recusación, que, según Orozco, lo presentó a instancias de varias leyes, y busca que Muñoz, también jefa de fracción de su partido, no participe, conozca ni vote el proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia.
Esa iniciativa busca permitir las uniones entre personas del mismo sexo para que hereden entre ellas y puedan darles sus beneficios a sus parejas respectivas.
La carta de Orozco, que Muñoz no tuvo problema en dejar que se leyera en la comisión, encendió luego la discusión en el plenario y generó opiniones de apoyo hacia la diputada en todas las fracciones.
La recusación la solicitó Orozco al presidente de Jurídicos, el liberacionista Luis Gerardo Villanueva.
Marielos Alfaro, del Movimiento Libertario; Gloria Bejarano, de la Unidad Social Cristiana; Villalta, del Frente Amplio, y compañeros de bancada de la diputada impelieron a Orozco para que olvide su pretensión contra la legisladora.
“Esto es consecuencia de mi acción natural a favor de la familia tradicional costarricense. Nos ha dado buenos resultados”, dijo Orozco, quien cree que la unión entre personas del mismo sexo no busca un derecho humano, sino que es un “capricho humano”.
“Si ella tiene su pareja, va a tener un conflicto de intereses al votar este proyecto”, adujo.
Muñoz explicó que la solicitud no tiene pies ni cabeza y que Orozco busca golpear, por medio de ella, los derechos de los homosexuales.
“Si en el plenario vamos a votar un proyecto en favor de las mujeres, ¿tendríamos que retirarnos todas las diputadas? Aquí el peligro es que él (Orozco) pretenda imponer sus valores y prejuicios”, reclamó la diputada jefa del PAC.
“Esto es indignante”, dijo Villalta, mientras que Carlos Góngora lo consideró una violación a los derechos humanos de la diputada.
