La falta a la verdad, desidia legal y falencias técnicas de las que hizo alarde el señor Miguel Pacheco, gerente de Pensiones de la CCSS, publicadas en La Nación el 19 de abril en el reportaje “Caja incumple orden de revelar las finanzas de pensiones”, nos llevan a pensar que la situación del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) podría ser más crítica de lo que inicialmente creíamos.
Es falso que la Superintendencia de Pensiones (Supen), tuviera pacto alguno con la CCSS para no revelar información sobre el estado actuarial del IVM, pues bajo ningún concepto Supen realiza pactos con sus supervisados.
La renuencia del señor Pacheco de no dar información a la Superintendencia y, al final de cuentas, a los costarricenses, es sinónimo de falta de transparencia, contraria a su condición de funcionario público, además de que riñe con la Ley de Control Interno y las sanas prácticas de gobierno corporativo.
Desconocimiento. Tampoco es cierto que Supen haya sugerido al IVM realizar inversiones riesgosas en el exterior. Esto denota el total desconocimiento del Reglamento de Inversiones vigente para las entidades reguladas, que si bien no afecta a la CCSS, debería ser leído por don Miguel. Lo que sí se ha recomendado de forma reiterada es la mayor diversificación del portafolio de inversiones del IVM, con el fin de reducir la exposición al riesgo financiero. Esa cartera de inversiones cada día está más concentrada en títulos del sector públicos, un 98,6% a marzo último.
La solución financiera para el IVM que el señor Pacheco ahora pregona es incrementar los préstamos hipotecarios con las reservas del IVM. Esos mismos que en el pasado han servido como herramienta de demagogia política. O ¿acaso olvida que él mismo promovió una disminución de 2 puntos porcentuales sobre las tasas de interés, pese a criterios técnicos internos de la CCSS contrarios? ¿Se acuerda de que esos préstamos a los que hoy apuesta, se redujeron un 40% solo el año pasado?
Más aún, cuando se revelaron una serie de irregularidades sobre el Sicre (Sistema Integrado de Crédito), solo atinó adecir que Supen “nos tomó con los pantalones en el suelo”, aceptando que desconocía si se ganaba o no al invertir en estos créditos (La Nación, 13 de julio del 2009).
En cuanto a la valuación actuarial para conocer la sostenibilidad del IVM, que debimos contratar a la firma Nathal y Asociados ante la negativa de la CCSS de revelar sus datos, es atrevida e irresponsable la afirmación de que es un documento espurio e incorrecto.
El estudio en cuestión se apega a las mejores técnicas actuariales y llega a conclusiones muy similares al criterio emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2005, ocasión en que se advirtió que el IVM sería insolvente en el 2028.
Parece no entender don Miguel que uno de los principios más elementales de la actuaría es considerar periodos amplios, pues, contrario a su creencia, una valuación de corto plazo no revela el pasivo actuarial de largo plazo que está acumulando el régimen y que será heredado a las generaciones futuras; es decir, no son los trabajadores actuales los que van a pagar sus beneficios cuando se pensionen, sino que serán nuestros hijos y nietos quienes tendrán que cotizar para cubrir el déficit que les estamos heredando.
De modo que no existe justificación técnica que fundamente una valuación actuarial con un horizonte de 30 años a un régimen como el del IVM. Qué contradictorio es don Miguel, por un lado sugiere proyecciones de 30 años y por otro afirma que la sostenibilidad del IVM sería hasta el 2043. Lo bueno es que, a final de mes, tendremos el nuevo estudio de la OIT, esperemos no haya nuevas excusas para incumplir por cuarta vez, como ha ocurrido desde junio del año pasado.
Deber de supervisión. Sabemos que Supen no tiene potestad de regulación al IVM, pero esto no significa que exista la República Independiente de la CCSS, como el señor Pacheco quiere creer. ¿Por qué se escuda en esa condición para no atender los requerimientos de supervisión que se le hacen? Nuestra demanda de información no es un capricho de querer regularlos, la Ley nos obliga a supervisar en protección del interés público superior que se le ha encomendado vigilar, y dentro de ello se circunscribe nuestro actuar.
En síntesis, las declaraciones de don Miguel alimentan nuestras sospechas de que tenemos a un supervisado rebelde que se niega a brindar información y obstaculiza las funciones legales de la autoridad supervisora. Pero ¿por qué?