Un testimonio judicial acaba de revelar que en el año 2003, la Iglesia Católica de Costa Rica, uno de sus obispos y un sacerdote entregaron poco más de $7,2 millones a Inversiones La Ribera S. A. una empresa que entonces estaba relacionada con el empresario Calixto Chaves Zamora.
La existencia de esas operaciones la confirmó María Gerardina Galvez Pavón, quien fue gerente general de Inversiones La Ribera, una corporación que controlaba parte de los negocios de Calixto Chaves.
Galvez Pavón efectuó esa declaración el pasado 13 de abril, durante su comparecencia como testigo en un juicio civil que impulsa un acreedor de Inversiones La Ribera.
La exgerente explicó ante un tribunal que, por su trabajo, en el 2003 tuvo conocimiento de que Inversiones La Ribera había recibido esos fondos.
Galvez aseguró que, entre mayo y junio de ese año, Chaves elaboró una lista de todas las deudas que tenían sus empresas.
En esa lista se detalla que Inversiones La Ribera adeudaba a Servicios Pastorales –entidad bajo control de la Conferencia Episcopal de Costa Rica– un total de $6,2 millones y que, además, le debía al obispo Ángel San Casimiro y al sacerdote Eladio Sancho $290.000 y $758.000, respectivamente.
Este viernes Chaves confirmó a La Nación que sí elaboró esa lista y aseguró que los nombres que allí aparecen eran acreedores de su empresa en el 2003.
En ese año, el empresario que llegó a manejar un conjunto de empresas líderes en el mercado avícola, agropecuario y aeronáutico, enfrentó un embargo de las cuentas bancarias de las firmas de su grupo Pipasa y As de Oros .
El obispo de Alajuela, monseñor Ángel San Casimiro admitió haber entregado dinero de sus cuentas personales y de su diócesis, pero alegó que no fue un préstamo a Chaves, sino una inversión.
El sacerdote Sancho, por su parte, indicó que no fue uno, sino varios los giros que hizo a la empresa de Chaves. Luego señaló: “Ya no quiero hablar más de eso”.
El obispo José Francisco Ulloa, quien fue presidente de la Conferencia Episcopal y dirigió Servicios Pastorales durante varios años dijo no recordar con precisión si habían prestado o no $6,2 millones al grupo de Chaves .
El arzobispo Román Arrieta Villalobos, falleció en marzo del 2005, era el responsable de Servicios Pastorales. Monseñor Ulloa lo sucedió luego como presidente de la Conferencia Episcopal .
Reclamo pendiente El juicio civil en donde se ventiló este testimonio es el expediente judicial 07-000259-181-CI. Allí la empresa History S. A. le reclama a Inversiones La Ribera el pago de unas letras de cambio.
Según Leonardo López, propietario de History, la deuda original de Inversiones La Ribera era de $10 millones, pero en la actualidad con los intereses y los costes legales, el reclamo supera los $30 millones.
López, según dijo, se reunió en distintas ocasiones con los obispos San Casimiro y Ulloa. El motivo de esas reuniones fue solicitarles que intervinieran en su calidad de socios mayoritarios del Grupo Sama.
El grupo Sama administra un fideicomiso en donde se encuentran estas deudas.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) posee el 24,5% de las acciones de ese grupo financiero.
López afirma que el 17 de abril pasado se reunió con el actual presidente de la CECR, monseñor Hugo Barrantes. En la cita habrían estado presentes, además, el sacerdote Mauricio Granados, canciller de la Curia y representante de la Iglesia ante el grupo Sama y el padre Marvin Benavides, actual gerente de Servicios Pastorales.
Finanzas cuestionadas En abril del 2008, una investigación periodística de La Nación reveló la existencia de una red que operaba en Servicios Pastorales y se dedicaba a captar y prestar dinero a través de las cuentas de la Iglesia.
En mayo del 2008, luego de efectuar una investigación propia, el entonces superintendente general de entidades financieras, Óscar Rodríguez Ulloa, denunció ante el Ministerio Público a la CECR, por el supuesto delito de intermediación financiera ilegal.
Hoy, la Fiscalía mantiene una investigación sobre el caso.
La intermediación financiera ilegal es un delito sancionado con prisión de tres a seis años, y lo cometen quienes captan dinero para prestarlo sin estar autorizados o quienes permiten que en sus oficinas se realicen tales actividades.
En aquella ocasión, los obispos alegaron ante la Sugef, el Ministerio Público y la prensa que los préstamos y las captaciones de dinero en Servicios Pastorales se hicieron sin su conocimiento.
Los obispos dicen que fueron víctimas de un desfalco efectuado por un contador ya fallecido y que no sabían que en sus cuentas se captaba y se prestaba dinero.
