El presidente Oscar Arias anunció en conferencia de prensa que el martes próximo enviará un decreto al Congreso, pidiendo la convocatoria de la consulta, lo que evitará la recolección de firmas y abreviará el proceso, que hubiera tomado cerca de un año.
De acuerdo con la legislación costarricense, si en el referendo participa más del 30% del padrón electoral, poco más de 781.000 personas, el resultado tendrá carácter vinculante y haría innecesaria una ratificación legislativa del acuerdo comercial.
La decisión del TSE y del gobierno desató una eufórica reacción de los detractores del tratado, que definieron el hecho como un triunfo sin precedentes para la democracia costarricense, mientras que los partidarios del TLC aceptaron el procedimiento de consulta como una salida apropiada al conflicto.
"Este es un día histórico para Costa Rica, para su democracia participativa", dijo a la AFP el líder de la oposición política Ottón Solís, quien calificó la resolución como un resultado directo de la movilización popular en contra del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
"Por primera vez será el pueblo el que decida si seguimos ahondando el modelo neoliberal, al pie de las transnacionales, o elegimos nuestro propio camino", afirmó el excandidato presidencial cuyo partido, el Acción Ciudadana (PAC), constituye la segunda fuerza en el Congreso.
"Estamos en un punto de inflexión histórica en el desarrollo de la democracia costarricense", afirmó por su parte el dirigente sindical Albino Vargas, figura emblemática en la lucha contra el TLC, quien sin embargo previno contra "cualquier manipulación politiquera" que pueda desvituar el carácter de la consulta.
El líder del derechista partido Movimiento Libertario, Otto Guevara, uno de los más ferviente partidarios del acuerdo comercial con Estados Unidos, respaldó la decisión del gobierno de convocar en forma directa.
En el mismo sentido se manifestó el presidente de la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), Rafael Carrillo, quien aseguró que "indudablemente", los ciudadanos votarán afirmativamente en el referendo.
"Hay 1.600.000 trabajadores privados que lo apoyan y son conscientes de la necesidad de que el país salga adelante", aseguró el líder empresarial.
El sindicalista Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) declaró que, a efecto de convocar el referendo, "es imprescindible que se retire el TLC de la corriente legislativa y la agenda de implementación", es decir, las leyes complementarias sobre telecomunicaciones, seguros y propiedad intelectual, entre otras materias.
Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, rechazó esa posibilidad y dijo que es importante que el Congreso avance en la discusión del proyecto, por si eventualmente la participación en el referendo no alcanza el porcentaje mínimo para ser vinculante, que se tome la decisión en la instancia legislativa.
Vargas dijo que "además, tiene que discutirse el tema de la propaganda, del financiamiento y de la igualdad de acceso a los grandes medios de comunicación colectiva de ambas tesis encontradas. No podemos aceptar que sea la plata la que decida la suerte del referendo, por encima de la voluntad popular".
"Es importante que todo el mundo esté satisfecho en las condiciones en que se va a realizar ese referendo, si no hay satisfacción de verdad que la situación del país se puede volver explosiva", concluyó.
© 2007 AFP
