Un monto cercano a los $1.700 millones prevé el Gobierno como posible indemnización, en caso de romper el contrato con la empresa Industrias Infinito S. A., responsable de la mina de oro en Crucitas.
Esa fue la cifra que mencionó , el domingo pasado, el primer vicepresidente de la República, Alfio Piva, como parte de las consideraciones que maneja el “grupo de trabajo” del Gobierno que analiza este caso.
Dicho equipo fue conformado después de que la Sala IV le recordara al Poder Ejecutivo que tiene la potestad de suspender cualquier contrato, siempre que asuma la responsabilidad del caso.
El monto de $1.700 millones se aproxima al costo del proyecto hidroeléctrico Diquís y representa siete veces el costo de la nueva carretera San José-Caldera.
Este monto sorprendió al gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, quien afirmó que era una cifra muy alta. Después dijo que los cálculos de la firma se acercaban a esa estimación, y, al final, aseguró que su empresa maneja $1.800 millones como posible indemnización, aunque comentó que la compañía no prevé ese escenario.
La indemnización es el punto más importante en el análisis que doce expertos en asuntos legales y ambientales realizan en estos días, después de que la Sala IV dictara una sentencia de 350 folios sobre el proyecto minero Crucitas, en la zona norte del país.
Piva manifestó que hoy podrían publicar alguna conclusión, y coincidió con Juan Carlos Obando en que estos días representan una “hora crítica” sobre Crucitas, una inversión canadiense contra la cual ejercen una fuerte presión varios grupos ambientalistas.
Un grupo llamado “Ni una sola mina” pidió hace tres semanas a la presidenta, Laura Chinchilla, derogar el decreto 34801-Minaet, que dio fuero de “interés público” a Crucitas y fue firmado en el gobierno pasado por Óscar Arias.
Chinchilla se comprometió a estudiar esa posibilidad a la luz de la sentencia de la Sala IV, cuyos argumentos fueron dados a conocer la semana pasada como parte de un voto en el cual se consideró legal todo el proceso tramitológico acumulado durante más de diez años.
“Ni una sola mina”, por su lado, recordó ayer a Chinchilla que sus activistas se presentarán el lunes 16 de agosto para aplaudir la ruptura con Crucitas o para anunciar sus nuevas formas de protesta.
Piva aseguró que expertos en leyes y asuntos técnicos ambientales trabajaban ayer para evitar prolongar la decisión.
“Aquí, la pregunta es si el Estado podría pagar tanto dinero (de la indemnización). Si fueran quince pesos, los pago yo y acabamos con esto, pero no es así.
“Sí le digo que, si ya firmamos la moratoria a proyectos mineros futuros y apoyamos la reforma legislativa al Código de Minería, significaría que no estamos de acuerdo con proyectos como Crucitas. Lo que pasa es que ya hay un proceso legal muy extenso y todo tiene un costo”, afirmó Piva.
Agregó que ese costo también podría ser político, pues dijo tener claro que la mayoría de la opinión pública rechaza las operaciones mineras Crucitas.
El viceministro de Energía y Minas, Andrei Bourrouet, coincidió en las consideraciones políticas para resolver el futuro del proyecto.
“Le hemos dado vuelta para atrás y para adelante a la sentencia de la Sala IV para hacer las consideraciones técnicas, pero tenemos claro que hay variables sociales, económicas, políticas y estratégicas en esto”, expresó Bourrouet.
El proyecto está frenado como medida cautelar en un juicio contencioso administrativo, de cuya resolución también depende el futuro de Crucitas, según manifestó Piva.