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El Ministerio Público investiga al director por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Alfredo Ortuño Victory, como sospechoso de los supuestos delitos de peculado y malversación de fondos.
El caso obedece al manejo secreto de $2 millones que el BCIE donó al país y con los que se pagaron millonarias asesorías en Casa Presidencial durante la actual administración Arias Sánchez.
La causa penal número 08-000101-621-PE contra Ortuño, se inició en julio del 2008 y está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, confirmó ayer la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (Oatri).
El funcionario aún no ha sido indagado por los fiscales. Inmunidad. La investigación trascendió gracias a una carta enviada el miércoles a la Cancillería por el fiscal general, Francisco Dall’Anese, en la cual pidió al canciller, Bruno Stagno, que le informe a la Asamblea de Gobernadores del BCIE –con sede en Honduras– sobre la existencia de la causa penal contra Ortuño.
Dall’Anese también solicitó que se le consulte al directorio del Banco si está dispuesto a levantar la inmunidad que protege al representante tico, así como a los documentos e información relacionados con el caso, en poder del BCIE.
En julio del 2008, el BCIE alegó que sus archivos son “inviolables e inmunes”, por lo que se reservó la información sobre las asesorías para Casa Presidencial.
En esa ocasión, Ortuño calificó al BCIE como una “persona jurídica de carácter internacional”, cuyo Convenio Constitutivo lo faculta para no entregar la información.
Además, invocó los artículos 27 y 30. El primero dice que el Banco tendrá “inmunidades, exenciones y privilegios”, y el segundo señala que sus archivos son “inviolables y gozan de inmunidad absoluta”, por lo que no pueden ser decomisados.
La Nación intentó ayer hablar de este caso con Alfredo Ortuño. Al contestar su teléfono celular, alegó estar ocupado y pidió que se le llamara diez minutos más tarde. Después no respondió las llamadas ni los mensajes que se le dejaron.
Ortuño, tesorero de la campaña presidencial de Óscar Arias, fue nombrado por el actual gobierno, en mayo del 2006, representante de Costa Rica en el BCIE.
Ayer tampoco fue posible consultarle al canciller Stagno cuándo remitirá la solicitud del Fiscal al directorio del BCIE, pues el funcionario se encuentra de gira por Europa, indicó el jefe de prensa de la Cancillería, Miguel Díaz. Denuncia. La investigación de la Fiscalía surgió a raíz de una denuncia y una querella que presentaron, en junio y julio del 2008, respectivamente, el líder del Movimiento Libertario, Otto Guevara, y varios diputados de su fracción.
Guevara acusó a Casa Presidencial de realizar un mal uso de fondos públicos al contratar consultores, violando “todos los principios de contratación administrativa”.
El libertario fundamentó su denuncia en supuestos pagos que la Presidencia hizo, a través del BCIE, a varios asesores del diputado independiente José Manuel Echandi.
“Eso es mentira. Todo fue un asunto de carácter político electoral”, manifestó ayer Echandi.
Este escándalo se inició después de que La Nación revelase, en julio del 2008, que Casa Presidencial manejaba en secreto el dinero donado por el Banco regional.
Los fondos se manejaron al margen de los requisitos y controles establecidos para el dinero público.
Se usaron para contratar 84 consultorías con 53 personas o empresas diferentes desde el 2006.
Entre otros, se hicieron pagos a abogados, periodistas, asesores legislativos y de imagen.
Tras múltiples cuestionamientos de los ciudadanos y la oposición, el Gobierno decidió no prorrogar los contratos.
Ortuño declaró en julio del 2008, ante diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, era el que decidía a quién contratar mediante el sistema de asesorías.
