Rentabilidad negativa, iliquidez, activos insuficientes y gastos excesivos fueron cuatro de las razones que argumentó el presidente José María Figueres ayer para defender la decisión de cerrar el Banco Anglo Costarricense (BAC), ante la comisión legislativa investigadora de ese descalabro financiero.
"De enfrentar hoy las mismas circunstancias, mi decisión sería la misma", enfatizó el mandatario, verbalmente y por escrito, en un documento que entregó a los legisladores.
La comparecencia se llevó a cabo en privado en la oficina del gobernante entre la 1:45 p.m. y las 2:50 p.m. Tras declarar ante la comisión el mandatario dio una breve conferencia de prensa.
Figueres explicó que en setiembre de 1994 las pérdidas del BAC ascendían a ¢16.300 millones, mientras que el costo de intentar mantener la operación de la entidad pudo haber sido superior a los ¢36.300 millones.
El BAC cerró el 14 de setiembre de 1994, tres meses después de que el Banco Central ordenara su intervención, tras descubrirse inversiones anómalas en títulos de deuda externa venezolana, que provocaron pérdidas por ¢8.500 millones.
Figueres enfatizó la necesidad que existía de aislar la crisis del BAC y condenó negocios irregulares de los jerarcas del Anglo, la inexperiencia de los directivos, la creación de estructuras paralelas, el tráfico de influencias y el comportamiento omiso de la burocracia de ese banco.
La última estimación acerca de los costos del cierre del BAC indican que sus costos superan con creces los ¢30.000 millones. El diputado socialcristiano José Antonio Lobo comentó que aún mantiene las dudas acerca de la conveniencia de haber decretado la liquidación.
Relacion negada
Figueres recordó que fue en los primeros días de este gobierno, en mayo de 1994, cuando supo por vez primera de la crisis del BAC. José Luis López Gómez, empresario chileno que intercedió en la compra de los títulos de deuda externa, fue quien le informó de las dificultades.
Sin embargo, aclaró a la comisión que el aviso de Gómez no tuvo otro carácter que el de ponerlo en conocimiento del hecho, tras lo cual se comunicó con el presidente del Banco Central, Carlos Manuel Castillo.
José Luis López Gómez asesoró años atrás al Grupo San Cristóbal, de la familia Figueres, y dio una contribución de ¢2 millones a la campaña política del actual mandatario. López y su hermano Mariano figuran como imputados en la causa judicial por la debacle del BAC.
No obstante, Figueres manifestó sobre el vínculo con López: "Fue una relación informal, mejor dicho, no hubo una relación". Reiteró que los detalles de las contribuciones de los López ya habían sido aclarados por el extesorero de campaña, Marco Vargas.
En el interrogatorio también participaron los diputados Gerardo Trejos (Fuerza Democrática) y los liberacionistas Ottón Solís, Francisco Antonio Pacheco y Luis Gerardo Villanueva.
En su interrogatorio, Trejos dejó entrever la posibilidad de que el Banco Nacional, el Banco Central y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) también hayan realizado transacciones irregulares en títulos de deuda externa, lo cual en su criterio deberá ser ahondado.