Las políticas de mejora regulatoria y simplificación de trámites administrativos tienen como norte el establecimiento de nuevas normas, claras y sencillas; eliminar duplicicaciones, contradicciones y discrecionalidad; prescindir de requisitos innecesarios; establecer plazos de resolución definidos; en fin, disminuir, mejorar y simplificar los trámites ante entidades gubernamentales.
La mejora regulatoria pretende que el ciudadano cuente con reglas claras y reciba de la Administración Pública servicios más ágiles, que el empresario asigne sus recursos a producir y no a la tramitomanía y que, por ende, el Estado aumente su productividad, utilice de forma más eficiente sus recursos y minimice la corrupción. A pesar de las bondades antes expuestas, las ideas desreguladoras, malentendidas y aplicadas, pueden traer consigo efectos negativos en la política ambiental, en especial la reducción de presupuestos, desmantelamiento de programas de intervención del Estado, así como la rebaja, disminución, relajación e incluso la derogación de normas que protegen al medio ambiente en pro de lo que algunos han llegado a denominar “mejoramiento del clima de negocios”.
En la práctica, muchos países se han escudado en la simplificación de trámites para disminuir el nivel de protección ambiental, procediendo, en realidad, a un retroceso del derecho existente, fenómeno en nuestro caso expresamente prohibido por el capítulo 17 del CAFTA-DR.