La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) financió, durante 10 años, una operación de espionaje contra el narcotráfico realizada por agentes especializados de la Dirección de Inteligencia Seguridad (DIS).
El equipo de oficiales, según confirmaron el exministro de Seguridad, Rogelio Ramos y el exjefe de la DIS, Roberto Solórzano. trabajaba desde casas de seguridad privadas alquiladas a cargo de la CIA y con vehículos, y entrenamiento aportado por EE. UU.
Para ingresar a ese grupo especial, según Ramos y Solórzano, los agentes debían superar rigurosas pruebas de reclutamiento que incluyen el polígrafo (detector de mentiras).
El lunes, en una entrevista con este diario, Ramos confirmó que la operación de inteligencia, llamada “CINEC” se estableció en el gobierno del expresidente José María Figueres (1994-1998), con el objetivo de luchar, de una forma más efectiva, contra las organizaciones de narcotraficantes.
En esa misma entrevista, aseguró que algunas actividades de la operación “no se hacen legalmente”; no detalló cuáles eran.
El martes, este diario envió una consulta a la presidenta Laura Chinchilla en la que se mencionó la afirmación de Ramos y se le preguntó sobre la situación actual de la operación de espionaje.
El mismo martes, con base en esa consulta, la Presidenta instruyó al actual director a.í. de la DIS (cuerpo policial de inteligencia adscrito a la Casa Presidencial), Mauricio Boraschi, para que enviara una carta a Ramos instándolo a denunciar los hechos.
Ayer, tras recibir la carta de Boraschi, Ramos envió una nota aclaratoria a La Nación en la que confirmó la existencia del programa, pero se retractó de su versión inicial sobre la operación ilegal.
“Reitero la retractación formal de esa palabra que le hice posteriormente en múltiples ocasiones durante la entrevista, pues a mí no me consta, ni tengo prueba alguna que demuestre actividades ilegales de ningún tipo por parte de la DIS en la lucha contra el narcotráfico”.
Ramos refirió las consultas posteriores de este diario a su afirmación original sobre las supuestas actividades no legales a la DIS y al exjefe de esa institución, Roberto Solórzano (2006-2008).
WikiLeaks. La entrevista con Ramos se solicitó para pedirle explicaciones sobre un cable diplomático, filtrado por WikiLeaks, en el que se afirma que él amenazó al gobierno de Óscar Arias y a la Embajada estadounidense en el país, con revelar “trapos sucios de la administración Arias” si ellos cuestionaban su gestión como ministro de Seguridad (2000-2006).
Ramos insistió en que nunca amenazó al gobierno de Arias ni a la Embajada. Admitió que se reunió con un agente de la CIA y que le comentó que, si era llamado al Congreso a comparecer, “iba a revelar exactamente lo que hice con ustedes” en la lucha contra el narco.
Trabajo limpio. Consultado por La Nación, Solórzano confirmó que la CIA financiaba los alquileres, los vehículos y algunos equipos de la “unidad especial”, pero negó categóricamente que durante su gestión se realizara alguna actividad ilegal como interceptación de comunicaciones o apertura de cuentas bancarias.
“La DIS no tiene la capacidad de hacer intervenciones telefónicas. Deberían investigar quién hace las intervenciones telefónicas en el ICE y se van a caer de espaldas. La DIS no tiene los equipos, ni nada”, agregó el exjefe de la DIS.
Solórzano también negó que el equipo de agentes especiales hiciera espionaje político o a civiles.
El exjerarca sí admitió que, durante la discusión del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC), la DIS vigiló la Embajada de Venezuela y a personas relacionadas a la empresa CVG Alunasa (fábrica venezolana de productos de aluminio ubicada en Esparza, Puntarenas), como parte de una investigación sobre financiamiento proveniente de ese país.
El exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, afirmó desde Nueva York que desconoce completamente la existencia del programa llamado CINEC citado por Ramos.
Ayer en la tarde se envió un cuestionario a los funcionarios de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sobre este tema, pero al cierre de edición no se había recibido respuesta.
Niegan cooperación. El actual director a.í. de la DIS, Mauricio Boraschi, respondió ayer que “en la DIS no existe ningún convenio o instrumento jurídico que permita financiamiento de operaciones, y menos del gobierno de los Estados Unidos”. “Las operaciones e investigaciones que realiza la DIS son financiadas con recursos propios de la institución, es decir, con presupuesto estatal”, agregó.
Boraschi también insistió en que todos los agentes de la DIS trabajan en las instalaciones propiedad de esa institución, en algún otro local alquilado según las normas de contratación administrativa, o en sitios “prestados” en aeropuertos o fronteras. Aseguró, además, que los agentes solo están autorizados para utilizar vehículos financiados por la institución o facilitados, por convenio escrito y firmado, por el Instituto de Control de Drogas (ICD).
