¿Cuánta prueba necesitan el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para sincerarse con el país y admitir su falta de diligencia en el caso de la autopista General Cañas? Hasta ahora, insisten en atribuir lo sucedido a un caso fortuito, un impredecible arrebato de la naturaleza.
Según la narrativa oficial, las fuertes lluvias arrastraron un tronco hasta la boca de la alcantarilla por donde fluyen las aguas de la quebrada La Guaria, bajo la autopista. Nadie pudo haberlo previsto y, en consecuencia, a nadie se le puede asignar responsabilidad.
Como señala nuestro editorial de ayer, la explicación fue totalmente desacreditada por un estudio de Acueductos y Alcantarillados (AyA), hecho después del hundimiento de la vía. Lo sucedido debió ser previsto porque se debe al cambio en el uso del suelo, de acuerdo con el informe de AyA. Donde hace 50 años, cuando se instaló la alcantarilla, había cafetales capaces de absorber la lluvia, hoy existen industrias y zonas residenciales. La construcción impermeabiliza el suelo y aumenta la escorrentía dirigida a la alcantarilla, cuyo único destino era colapsar.
Si los encargados de la infraestructura vial hubieran hecho el estudio antes y no después del hundimiento –argumentábamos ayer– se habrían evitado la desagradable “sorpresa”. Hoy sabemos más. El hundimiento fue previsto, no por los responsables, sino por un particular que, con extraordinaria diligencia, ejecutó un análisis y lo puso en conocimiento de las autoridades hace cuatro años.
El empresario Roberto Federspiel, dueño de una finca vecina, pagó el estudio de su bolsillo. Su abogado, José Leonardo Céspedes, lo expuso ante el Concejo Municipal de Heredia, de donde lo enviaron al Conavi, sin obtener respuesta. El documento predecía, con todo detalle, lo ocurrido el 27 de junio recién pasado.
“(') la quebrada La Guaria pasa por una tubería bajo la autopista y en cualquier momento se puede hacer un tapón si se atraviesa un tronco en la alcantarilla, porque no tiene el diámetro adecuado para el caudal de agua que pasa actualmente”, dice el documento presentado a la Municipalidad en julio del 2008, cuatro años antes del hundimiento de la pista.
En el acto, el Concejo decidió remitir el estudio al Conavi. En esa institución no recuerdan haberlo recibido, pero su mera existencia despeja cualquier duda sobre el descrédito de la versión oficial. No hay “caso fortuito”, más bien hay caso cerrado. Si los responsables no hubieran recibido el documento, o si sus sustitutos de la actual administración alegaran no haberlo conocido cuando asumieron los cargos, todavía deben explicar por qué un simple ciudadano se dio cuenta del problema y ellos, encargados de dar mantenimiento a la vía, jamás se interesaron.
No hay salida. El hundimiento era predecible y lo predijo un particular, con encomiable diligencia y sólidas razones técnicas. El estudio de AyA confirma el exceso de la actual escorrentía, el Conavi confirma la insuficiencia de la alcantarilla, tanto que la reparación consiste en sustituirla por otra de mayor capacidad, y el tronco se confirma a sí mismo, casi como nota de humor.
El Conavi, organismo técnico especializado, querría hacernos creer que nunca notó la amenaza, obvia para el ciudadano común. Mientras la carretera aguantó, jamás se planteó la necesidad de hacer un estudio y no recibió el enviado por la Municipalidad de Heredia. Es difícil aceptarlo, pero, si así fuera, en nada merma la responsabilidad de los encargados en 2008, de los actuales y aun de sus predecesores.
Servirían mejor al país si lo admitieran para poner coto al descrédito institucional causado por el absurdo de sus explicaciones, como ocurrió, también, con el puente sobre el río Virilla, cuyas consecuencias para la circulación vial fueron atribuidas, en primera instancia, a la curiosidad de los conductores, incapaces de resistir la oportunidad de atisbar el abismo a través del “insignificante” desprendimiento de la “platina”.