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Por unanimidad, un tribunal condenó ayer al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier por dos delitos de peculado en perjuicio del Estado Costarricense, y lo sentenció a cinco años de prisión.
Luego de diez meses de debate oral y público, Calderón Fournier se convirtió en el primer exmandatario en la historia de Costa Rica en ser condenado por un caso de corrupción.
Los jueces sentenciaron también a cinco años de prisión por dos delitos de peculado, al expresidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas García.
Por los mismos delitos, el expresidente ejecutivo de la Corporación Fischel, Wálter Reiche Fischel, recibió una pena de cuatro años de cárcel.
Mientras tanto, el exdirectivo de la CCSS, Gerardo Bolaños Alpízar; el exgerente de modernización de la Caja, Juan Carlos Sánchez Arguedas; y el exgerente de O. Fischel R., Marvin Barrantes, fueron sentenciados a tres años y seis meses, también por dos delitos de peculado.
En los fundamentos de la sentencia la jueza Teresita Rodríguez señaló que, al valorar las penas impuestas a cada uno de los condenados, el tribunal valoró la jerarquía e importancia de los cargos que ellos ocupaban cuando cometieron los delitos.
Al respecto, Rodríguez señaló que a Calderón y Vargas “les cabe una mayor pena de prisión en razón de ostentar cargos de dirección y mando”.
Por otra parte, los jueces declararon al exabogado de Corporación Fischel, Randall Vargas Pérez, responsable por el delito de destrucción de documento público y falsedad ideológica; y lo sentenciaron a dos años de prisión.
Mientras tanto, el exgerente financiero de Corporación Fischel, Ólman Valverde Rojas, fue el único absuelto de los ocho acusados.
En su caso, los jueces consideraron que el Ministerio Público no logró acreditar con certeza la imputación que le hizo .
Prisión en suspenso. Tras oír la sentencia, los defensores de los condenados adelantaron que interpondrán sendos recursos de casación ante la Sala III.
Como consecuencia, la orden de prisión emitida ayer para los siete condenados quedará en suspenso hasta que la Sala III se exprese sobre los recursos de casación.
Dentro de sus facultades legales dicha sala puede confirmar en todos sus extremos la sentencia anunciada ayer, modificar las penas impuestas a uno o a todos, e incluso ordenar un nuevo juicio.
Si dicha instancia confirma el fallo, las sentencias quedarán en firme y cada uno de los condenados deberá purgar el tiempo de prisión impuesto, descontando los días que ya estuvo en la cárcel.
Para los casos de Bolaños Alpízar, Sánchez Arguedas y Barrantes Vargas, sentenciados ayer tres años y seis meses de prisión, la Sala III deberá decidir, además, si les otorga el beneficio de la ejecución condicional de la pena.
Esto significa que se les puede enviar a prisión o imponerles un tiempo de prueba en el que estarían obligados a no cometer delitos, pero gozarían de libertad de movimiento y podrían salir del país.
Pruebas y confesión Durante la lectura de la sentencia, el juez Alejandro López Mc Adam señaló que el tribunal declaró sin lugar las impugnaciones que el abogado defensor del expresidente Calderón Fournier efectuó contra las pruebas bancarias obtenidas en Costa Rica, Panamá, Miami y Bahamas.
En los fundamentos que leyó la jueza Arroyo, se destacó la importancia que estas pruebas tuvieron en la sentencia.
“Es verdad y se demostró con prueba que la comisión en dólares estadounidenses que recibieron los sentenciados Calderón Fournier, Vargas García, Bolaños Alpízar y Sánchez Arguedas y pagada por Reiche y Barrantes”, expresó Arroyo.
Testimonio con documentos La confesión y los documentos bancarios aportados por Wálter Reiche fueron valorados por el tribunal como piezas fundamentales para la sentencia.
Los jueces valoraron de manera opuesta las distintas actitudes de colaboración y apertura que Calderón y Reiche tuvieron durante el debate.
Los jueces calificaron la confesión de Reiche Fischel como “una verdad coincidente y consistente con la prueba”.
Por el contrario, los funcionarios cuestionaron que durante todo el proceso judicial, Calderón Fournier y sus defensores no acreditaron con pruebas qué firma lo contrató, ni aportaron documentos de pago por honorarios o facturas emitidas por los $520.000 que recibió en forma ilícita.
La lectura de la sentencia integral del caso CCSS-Fischel se efectuará el próximo 3 de noviembre, a las 4 p.m.
