Hoy, 4 de noviembre, se cumple un año de la tragedia de barrio Lajas en San Antonio de Escazú. Pasadas la media noche, un deslizamiento ocurrió en la ladera y pendiente abajo se transformó en flujo de material (avalancha) que descendió por el cauce de la quebrada Lajas, por su valle de inundación inmediata, arrastrando todo a su paso, incluyendo una serie de casas y sus ocupantes, localizadas en las cercanías de la quebrada, provocando la muerte de más de 20 personas.
Un desastre que fue noticia de “primera plana” durante varios días, pero luego se fue extinguiendo en importancia hasta quedar casi en el olvido. En honor a las personas que perdieron su vida y las de sus familiares y amigos que todavía los lloran, y considerando el profundo sentimiento de injusticia que nos embarga al saberse desde hace al menos 5 años que esta zona era particularmente vulnerable y que las autoridades tenían conocimiento de ello, es menester repasar lo ocurrido: se trata de una trágica lección de la que todos debemos aprender para evitar que se repita.
Lo primero que podríamos preguntarnos es qué hemos hecho en concreto, durante el último año, para evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo en el futuro. La respuesta, desafortunadamente, no es muy halagadora. Salvo algunos esfuerzos aislados en algunos municipios y el trabajo que durante el año 2011 ha venido realizando el IFAM y la CNE de transferir a las municipalidades información sobre mapas de amenazas naturales para incentivarlos a iniciar proyectos concretos de gestión del riesgo preventiva, en realidad el tema sigue sin ser considerado como algo prioritario y que requiere una mayor atención de la que se le da.
Y es que, además del tema de vulnerabilidad de un importante porcentaje de la población a las amenazas naturales, el tema también es económico. A principios de este año, el Mideplán informó de que el costo acumulado de los desastres generados, principalmente, por deslizamientos, inundaciones y sismos, desde el año 1988 casi alcanza los $ 2.000 millones. Esto se adiciona a lo señalado por el ministro del MOPT, quien indicó que los daños en infraestructura hacen que se requieren de casi $ 200 millones por mes para reparación de carreteras y puentes. Lo más preocupante es que ni los eventos del 2010, ni los del 2011 son particularmente excepcionales como sí lo fue el huracán Mitch en 1998, sino que se trata de tormentas tropicales propias y normales de la estación lluviosa.
Los temporales del pasado mes de octubre nos dejaron inundaciones, deslizamientos y varios barrios con casas agrietadas y desalojadas, con sus habitantes muy preocupados por su futuro.
Gestión preventiva. Es claro que seguir haciendo solamente gestión de riesgo, reactiva, es decir, de atención de las emergencias, no es suficiente. No es posible, que se sigan dando usos del suelo y permisos de construcción en sitios de alta y muy alta amenaza, de manera que se siga acrecentando la cantidad de personas que viven en condiciones de alto y muy alto riesgo y que alcanza un 20 % de la población de la GAM.
Por consideración para con las víctimas de los desastres, en particular el de quebrada Lajas y para prevenir que haya más, urge tomar acciones concretas y directas. Además de desentrabar y acelerar el trámite de los más de 50 planes reguladores pendientes de aprobación, urge tomar medidas más concretas y rápidas, como el hecho de que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a la información ambiental generada para los planes reguladores y que ya ha sido aprobada por la Setena, como el caso de la GAM y otras regiones del país.
La Setena, por su parte, debe cambiar su actitud de indicar a las municipalidades que no pueden hacer uso de la información ambiental que ella misma ha revisado y aprobado, y que incluye información sobre zonas de amenazas naturales y otros datos importantes, como áreas de recarga acuífera, hasta que el plan regulador esté aprobado. Por el contrario, se debe favorecer el máximo acceso a la información para que los ciudadanos puedan tomar medidas preventivas correctas con el apoyo de sus gobiernos locales.
Por su parte, las mismas municipalidades y la Setena deben verificar la ubicación de los proyectos de construcción que tramitan ante esa información, a fin de constatar que la misma sea tomada en cuenta como parte del proyecto. Recientes casos llevados ante los tribunales evidencian que pobladores y ciudadanos tienen mayor conciencia del grado de vulnerabilidad de ciertas zonas que las propias autoridades municipales y nacionales. ¡Vaya miopía de esas autoridades!
Los bancos que financian y las aseguradoras, por su parte, deben tener acceso a esa información y, sobre esa base, tomar decisiones. No es posible que información útil, que puede salvar vidas, siga engavetada y sin posibilidad de que sea consultada como la que se generó en el marco del Prúgam y de otros proyectos en ejecución.
Todos tenemos derecho a vivir en una casa segura. Por eso, debemos exigir que en su planeamiento y construcción se tome en cuenta la información ambiental ya disponible y aprobada. Nuestro país se sitúa, a nivel mundial, en una zona de alta precipitación, y esta realidad no puede ser ignorada mediante decreto ejecutivo, leyes y reglamentos. Su suelos son mucho más vulnerables que en otras latitudes.
Vivimos en un país geológicamente activo y expuesto, como todo país tropical, a eventos meteorológicos incesantes, guste o no a las mentes luminarias que tenemos en algunas instituciones nacionales a cargo del tema de vivienda y urbanización en la GAM y en el país.