El pasado 1.° de julio se celebraron los 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma adoptado en julio del 1998, instrumento que instituye por vez primera en la historia una Corte Penal Internacional (CPI). Su adopción el 17 de julio de 1998 se logró con 120 votos a favor, 21 abstenciones y el notable voto en contra de China, Estados Unidos, Irak, Israel, Libia, Catar y Yemen.
Pese a esta abrumadora mayoría, la campaña de ratificación tropezó con reservas, la cifra de 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor se constituyó en un enorme desafío (al 31 de diciembre de 1999 se contaba con 6 ratificaciones del Estatuto de Roma). La ratificación de Francia en junio del 2000 (ratificación numero 12) reactivó el proceso, tratándose del primer miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en hacerlo y coincidiendo aquel momento con la Presidencia francesa de la Unión Europea (Ver artículo, “Corte Penal Internacional: buenas noticias”, La Nación, 12/08/2000).
Estado actual y ausencias. Al cumplir sus 10 primeros años de entrada en vigor, la CPI cuenta hoy con 121 Estados Partes. En América Latina, la primera ratificación del Estatuto de Roma fue la de Venezuela (7 de junio del 2000), precedida, a nivel hemisférico por Trinidad y Tobago (6 de abril de 1999) y Belice (5 de abril del 2000). En América Latina, a la fecha únicamente Cuba, El Salvador y Nicaragua se mantienen sin ratificar el texto. Guatemala lo ratificó el pasado 2 de abril del 2012. Por su parte, Costa Rica firmó el Estatuto de Roma el 7 de octubre de 1998, y lo ratifico el 7 de junio del 2001, convirtiéndose en el Estado Parte 33.
Pocas veces una superpotencia habrá desplegado tantos esfuerzos tendientes a minar y torpedear toda forma de apoyo a la CPI. La firma del Estatuto de Roma por parte de la administración Clinton fue depositada el 31 de diciembre del 2000, último día para hacerlo (según el art. 125 del Estatuto de Roma), conjuntamente con Israel y con Irán.
Dicha firma fue declarada no tener ninguna implicación legal por parte de la Administración Bush el 6 de mayo del 2002 (gesto inédito denunciado como equivalente al retiro de una firma). Esta verdadera innovación jurídica fue seguida por Sudán (26 de agosto del 2002) y por Israel (28 de agosto del 2002).
El 24 de julio del 2002, la adopción de la ley ASPA por el Congreso estadounidense (American Servicemembers Protection Act) abrió incluso la posibilidad para usar todos los medios, incluyendo los militares, para liberar a ciudadanos de EE. UU. bajo custodia de la CPI. Adicionalmente, a partir del 2002, EE. UU. buscó, mediante diversas presiones, concluir un “Acuerdo Bilateral de Inmunidad” (ABI), en clara violación al art. 98 del Estatuto de Roma.
Mediante estos acuerdos, basados en una interpretación muy propia de dicho artículo, se buscaba excluir de la jurisdicción de la CPI a nacionales estadounidenses y a personal militar de EE. UU., prohibiendo su entrega a la CPI. El primer ABI suscrito por EE. UU. fue con Israel (el 8 de abril del 2002). El primer ABI suscrito en América Latina fue suscrito con El Salvador (firmado el 25 de octubre del 2002). De unos 100 que llegaron a firmarse, solo 21 llegaron a ser ratificados. Costa Rica forma parte de 12 Estados Partes a la CPI que públicamente rechazaron firmar estos acuerdos bilaterales.
El costo de no firmar un ABI. Las infidencias de WikiLeaks permiten conocer el costo para Costa Rica de mantener su apego a los principios establecidos en Roma. Leímos en la edición de La Nación (13/08/2011, “EE. UU. ayuda al país por no firmar acuerdo de inmunidad”) que EE. UU. suspendió, entre 2004 y 2006, su ayuda militar y Costa Rica dejó de percibir unos US$400.000 anuales en entrenamiento policial entre 2004 y 2006. Asimismo, quedó excluida, en el 2005 y el 2006, de los beneficios de un fondo de $40 millones anuales que Estados Unidos creó para la implementación del TLC. Los cables WikiLeaks indican que el embajador estadounidense en San José presionó para buscar una “alternativa jurídica” que permitiera aprobar un ABI sin pasar por el Congreso.
Estas sanciones contra Costa Rica se extendieron hasta el 2 de octubre de 2006, día en que el presidente Georges W. Bush suspendió la prohibición de otorgar financiamientos a los Estados opuestos a la firma de un ABI.
La CPI y la Unión Europea (UE). Al iniciar las negociaciones de la UE con América Central en relación a un Acuerdo de Asociación en el 2005, apareció la exigencia europea en relación con la CPI, lo cual encontró objeciones de varios países, en particular de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, Estados no partes de la CPI (los dos primeros siguen sin serlo a la fecha de hoy).
Adicionalmente, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Republica Dominicana han firmado un ABI con EE. UU. El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá lo han incluso ratificado y se convierten en los únicos 4 Estados de América Latina en haberlo hecho (a nivel hemisférico, habría que añadir a Guyana y precisar que Colombia y Antigua y Barbuda lo hicieron vía “opción alternativa” sin pasar por su respectivo Congreso).
Las conclusiones son poco halagadoras para los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica. Ojalá las celebraciones de estos 10 años de entrada en vigor del Estatuto de Roma incidan para confortar a América Latina como región comprometida con la justicia penal internacional.
El caso de Costa Rica demuestra que el peso de una tradición de respeto y de apego al derecho internacional pudo más ante la arremetida de la superpotencia y el abanico de presiones diplomáticas y económicas ejercidas por el aparato diplomático estadounidense.
Una lección para muchos de que, pese a la tormenta, es la defensa de los principios la que prima y la que, en última instancia, debiera siempre de imponerse.
