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Hasta 1.100 propietarios se mantienen a la espera de que el Estado tome una decisión sobre sus tierras, ubicadas, en teoría, dentro de una zona protegida del Valle Central.
La Ley N.° 65, vigente desde 1888, se creó para conservar las nacientes de agua que abastecen a las poblaciones originales de Heredia y Alajuela.
La normativa declaró inalienable (que no puede salir de manos del Estado) “una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima del volcán de Barba (
Hoy, 123 años después y con más de un millar de títulos de propiedad otorgados de por medio, los límites marcados por aquella ley han generado un conflicto entre propietarios y el Estado, y hasta un pronunciamiento de la Sala Constitucional que obliga a recuperar los terrenos.
“Nosotros somos los únicos que irónicamente hemos tomado el tema en serio. Somos los únicos que nos hemos apegado a la rigurosidad de investigar”, reclamó Mauricio Méndez, asesor del grupo de propietarios afectados.
Él, junto con los vecinos de los siete cantones implicados hoy por las modificaciones limítrofes posteriores (Moravia, Coronado, San Isidro, San Rafael, Santa Bárbara, Barva y Alajuela centro), pelean desde hace cinco años por demostrar, entre otra cosas, que los límites interpretados por las autoridades son erróneos.
La primera alarma se activó en 2004 cuando la Procuraduría General de la República declaró aún vigente la centenaria ley.
“Ese dictamen incomodó a alguna gente. Ha sido más bien en protección de la zona que nosotros hemos emitido criterio”, reconoció la procuradora general, Ana Lorena Brenes, a
En 2008, una sentencia de la Sala IV reafirmó la vigencia de la ley y ordenó al Ministerio del Ambiente y Energía delimitar físicamente la zona y recuperar los terrenos.
Solo los propietarios que puedan demostrar tener títulos anteriores a 1888 estarán exentos de la recuperación estatal, de acuerdo con un nuevo criterio de la Procuraduría, emitido en 2009.
Sin embargo, la potestad para avalar dichos títulos generó “discrepancias” entre el Ministerio de Ambiente y Energía (Minaet) y el Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC), según reconoció el director de esta última, Rafael Gutiérrez.
Entre tanto, y pese a que al menos 57 propietarios presentaron estudios de titularidad, siguen sin tener respuesta sobre este punto.
“Este gobierno no define, no actúa, se pasan la pelota de un lado a otro. Hay un miedo a los movimientos ambientalistas, eso es lo que sucede”, denunció Rodolfo Pacheco, uno de los propietarios.
En un principio la ley sí tuvo un efecto paralizador sobre las titularizaciones de propiedad en la zona hasta tanto no fuera delimitada.
A partir de 1901 las titulaciones se dispararon, según reflejan los datos del Registro Nacional, dado que la ley y sus márgenes cayeron en el olvido en los Gobiernos.
“¿Qué va a hacer el Estado con los casos de gente que tienen títulos de propiedad perfectamente válidos pero inscritos después de 1888? Si el Estado permitió a una persona que inscribiera su propiedad en 1925 o 1930, entonces, ¿quién tiene más culpa, el que inscribió o el que dejó que se inscribiera?”, se cuestiona Gutiérrez, al igual que muchos propietarios.
Entre los dueños hay tres casos distintos de propiedad: los que poseen títulos anteriores a la ley, los que tienen título posterior, pero con posesiones decenales adquiridas y los que no solo tienen títulos posteriores a 1888.
Sobre estos últimos, que son quienes corren el riesgo de ser desplazados, el ministro del Ambiente, Teófilo de la Torre, aseguró que propondrán “una legislación o una solución legal para que no tengan que salir de esos territorios”.
