“Recomiendo a las personas que están pensando en alguna intervención estética investigar mucho al médico con el que se piensan realizar un procedimiento, porque el cuerpo es muy importante y la vida también.

“Yo me dejé llevar por recomendaciones y por los trabajos que vi, pero nunca averigüé si se trataba de cirujano plástico o no (...).

“Asistí donde él para levantar mi autoestima y, obviamente, al ver todo lo que estaba pasando mi autoestima se fue abajo.

“La ropa que utilizaba antes de las cirugías no me servía, afronté el rechazo de uno de mis hijos y casi el rompimiento de mi matrimonio, estuve incapacitada unos días y luego tuve que asistir a trabajar con dolores y mis ingresos bajaron, la parte económica siempre va a afectar la relación familiar”.

De esa forma resumió una administradora de 34 años la experiencia que ha vivido desde el 15 de junio del 2018, cuando asistió a una clínica de un reconocido dermatólogo, de apellidos Rojas Blanco, en San José, a realizarse una lipólisis láser en espalda alta, media baja, piernas y abdomen, así como una miniabdominoplastia.

Al día siguiente de las intervenciones, cuenta la mujer, supo que tenía quemaduras y, casi un mes después, al consultar con un cirujano plástico para entender por qué su recuperación iba tan lenta, le alertaron que podía estar ante un caso delicado por el supuesto uso inadecuado del láser.

Sin embargo, acogiendo las recomendaciones de especialistas, siguió el control con el médico que, al parecer, se hizo responsable de su proceso, que consistía en masajes especiales, el uso de una cámara hiperbárica, ultrasonidos y la aplicación de inyecciones y cremas con el objetivo de paliar las lesiones.

“Él me indicó que la situación había ocurrido por las estrías que tenía”, describió la demandante.

En medio del proceso, el 5 de octubre de ese año, ella decidió someterse a una nueva intervención en la papada y, según dijo, fue con el mismo doctor, también mediante el uso de lipólisis láser (conocido también como Slim Láser).

A raíz de ello, le quedó una desviación en la boca, reseña el diagnóstico del dictamen médico legal 2020–0003698.

Poco después del segundo procedimiento, asegura que perdió contacto con el especialista; no obstante, las secuelas físicas quedaron y eso la hizo cambiar su dinámica diaria y familiar.

“Por ejemplo, si yo asisto a actividades sociales con vestido tengo que fajarme, porque sino se me ven todos los abultamientos que tengo.

“En un paseo, no puedo utilizar vestido de baño de dos piezas, como antes, y en el ámbito laboral ahorita no estoy asumiendo muchas funciones. Tuve que dejar de lado otras cosas y, entonces, los ingresos que yo recibía bajaron”, afirmó la afectada.

En febrero del 2019, ante la situación que atravesaba, esta administradora de empresas denunció al médico Rojas Blanco.

Dos años después, el caso permanece en investigación, “en la etapa de recolección y análisis de prueba”, confirmó la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José. La causa por lesiones culposas, en su modalidad de mala praxis, se sigue dentro del expediente 19–000102–0619–PE, del cual este medio tiene copia.

“En apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual protege la privacidad de las actuaciones, no es posible brindar más detalles”, precisó el Ministerio Público.

En estudio

Consultado por La Nación, el doctor Rojas indicó que el caso “está en investigación y ahorita no se puede hacer nada; eso simplemente es mala fe de esa gente que quiere hacer algo. Recuerde que eso está en una etapa de estudio, en investigación apenas”.

Posteriormente, el médico remitió a este medio con el licenciado Carlos Roberto Porras Sequeira, uno de sus abogados.

Porras Sequeira aseveró que demostrarán en este proceso que de parte de su cliente no existió ningún tipo de acción dolosa o culposa en perjuicio de la demandante.

“Nosotros, por secreto profesional y por secreto sumario, no podemos dar mayores detalles. Lo que sí le puedo indicar es que el doctor ya se apersonó a la Fiscalía y rindió una amplia declaración indagatoria donde rechaza los cargos categóricamente, esto es importante.

“Al día de hoy, no existe una acusación penal sino una denuncia, nada más. En este proceso él (el doctor) no solo explica por qué no es procedente el reclamo, sino que también está aportando pruebas y vamos a aportar más pruebas que acreditan que él no tiene participación alguna en lo que se está denunciando.

“Básicamente en ese estado está el proceso a hoy y estaríamos a la espera del pronunciamiento de las autoridades judiciales que lo llevan”, explicó Porras, quien se encarga de representar a Rojas Blanco junto con el licenciado Ronald Cortés Coto.

Ambos destacaron que su representado cuenta con las licencias necesarias para ejercer los procedimientos que aplica en su clínica, entre los que están el Slim Láser, la mesoterapia, el rejuvenecimiento facial sin cirugía, la depilación láser definitiva en frío, la eliminación del acné, el relleno de labios, pómulos y nariz, el tratamiento de manchas faciales, entre otras.

Precisamente, la primera de las técnicas, que fue una de las que, al parecer se le práctico a la denunciante, consiste en la disolución de grasa para retraer la piel y para definir y alisar el abdomen.

El procedimiento figura dentro de las destrezas de trabajo de los dermatólogos, según el perfil de profesional de esa especialidad aprobado por la Junta de Gobierno y la Asamblea General del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

De hecho, uno de los incisos del artículo 36 de esa normativa destaca que los dermatólogos cuentan “con la capacidad de realizar (...) liposucción tumescente bajo anestesia local y/o sedación en presencia de un médico especialista en Anestesiología y Recuperación”, así como otros procedimientos en los que cuente con “apoyo sonográfico”.

El Colegio confirmó que, en la actualidad, no existe ninguna denuncia contra Rojas y precisó que el profesional está inscrito en los registros institucionales como médico y cirujano, desde agosto del 1999, y como especialista en Dermatología desde marzo del 2001.

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10% de incapacidad permanente

En el dictamen médico legal 2020–0003698, con fecha del 18 de mayo del 2020 y del cual La Nación tiene copia, una especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética señala que con los elementos que se tienen se concluye que “se dio un manejo inoportuno” de las lesiones sufridas por la denunciante.

“No se le diagnosticó la lesión de la rama del nervio facial como complicación de la cirugía estética que se realizó, además de que no menciona que se le haya tratado dicha lesión, así como también una quemadura abdominal asociada a un déficit en la técnica quirúrgica para lo cual se le asigna lo siguiente:

“– Incapacidad temporal: dos semanas a partir de la fecha de los hechos.

“– Incapacidad permanente: 10% de la capacidad general”, detalla el documento firmado por tres doctoras de la Sección Clínica Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el que también se precisa que las quemaduras en el abdomen fueron de tercer grado.

Como parte del proceso de defensa, el pasado 1.° de febrero, el abogado de Rojas, Ronald Cortés, presentó una apelación de un dictamen médico legal; sin embargo, como esta no ha sido resuelta los abogados prefirieron no referirse.

La denunciante declaró que con la investigación busca un resarcimiento por el daño que habría sufrido a causa de los procedimientos estéticos.

Reconoció que también espera poder realizarse los tratamientos necesarios para estar y sentirse mejor.

“Espero que podamos conciliar y llegar a algún arreglo”, indicó la administradora.

Incluso, Ricardo José Rivera González, uno de los abogados de la mujer, destacó que el objetivo del proceso no es generar algún daño al reconocido dermatólogo.

“En ningún momento el objetivo de nosotros es causarle algún daño al doctor o que esto traiga una consecuencia. Ella nos dijo que el fin es que a ninguna otra persona le pase esto, porque ha sufrido un daño físico y moral”, mencionó Rivera.

Con esto coincidió el otro abogado de la demandante, David Guzmán Guzmán, quien detalló que ellos plantearán una indemnización de ¢125 millones.

Guzmán también destacó que en noviembre del año pasado se identificó a otra doctora que, aparentemente, habría participado en el proceso.

En el informe 877–CI–SDCIFT–2020, del OIJ, se indica que se pudo identificar a dos personas; empero, la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José informó de que la doctora aún no figura como investigada en esta causa.

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Caso paralelo

De manera paralela, este sábado 20 de febrero, trascendió que Dayanna del Carmen Torres Saborío, de 35 años, murió en el Hospital San Juan de Dios, en San José, adonde ingresó en condición delicada luego de sufrir una complicación en un tratamiento estético.

La información fue dada a conocer por Diario Extra, que conversó con una hermana de la mujer y dijo que su pariente, al parecer, acudió a la clínica de Rojas para quitarse una hernia y también la grasa del abdomen.

“No me gustaría hablar mucho del tema porque es muy preliminar. Ella nos contó que se iba realizar un procedimiento, pero no sé qué salió mal, supuestamente una mala praxis. No le echo la culpa a nadie porque no sé cómo surgieron las cosas, pero supuestamente fue eso”, aseguró a ese medio Ana Patricia Torres Saborío.

El OIJ confirmó a La Nación que el pasado miércoles 17 de febrero agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (Siori) se encargaron de levantar el cuerpo de Dayanna Torres en el centro médico capitalino, luego de que el esposo de la fallecida afirmó que ella se había hecho una cirugía.

No obstante, hasta ahora no hay una investigación abierta.

“Ahora se está a la espera del resultado de la autopsia, para determinar si se abre una investigación”, mencionó el cuerpo policial por medio de su oficina de prensa.

En tanto, el licenciado Carlos Porras, abogado de Rojas, dijo a este medio que a la fecha no se pueden referir, debido a que primero los investigadores deben esclarecer lo sucedido.

“Lo que le puedo decir del hecho es que nosotros a la fecha no nos podemos referir, primeramente por respeto a la familia y después por respeto al proceso que está en investigación, ya que no están claras las causas, es algo que tendrán que esclarecer las autoridades y para lo cual nosotros estaremos en la mejor disposición de colaborar”, aseguró Porras.

Dayanna Torres, madre de dos niños, trabajaba como farmacéutica para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y vivía en Miramar, Puntarenas.