La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) anunció que se apersonará como actor civil y querellante para reclamar ¢70 millones al empresario de cemento, Juan Carlos Bolaños Rojas, y al exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata, en una causa por presunto tráfico de influencias.

Esa millonaria suma corresponde, según la institución, al resarcimiento del daño social derivado de los aparentes hechos ilícitos que habrían cometido estas dos personas.

De acuerdo con un comunicado enviado este viernes por la entidad, el proceso penal contra estas dos personas corresponde al caso investigado dentro del expediente 15–000022–0033–PE.

“Los hechos que se querellan constituyen delitos de tráfico de influencias agravados por influencias de Morales y Bolaños en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Casa Presidencial y Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y aceptación de dádiva por acto cumplido consistente en el pago de una casa vacacional a Morales por parte de Bolaños, previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, respectivamente”, precisó la PEP.

Ante la posición de la Procuraduría, el Ministerio Público debe realizar ahora un peritaje por el daño social y, posteriormente, remitir el expediente al Juzgado Penal de Hacienda para la realización de la audiencia preliminar, donde se definirá si el caso se eleva o no a juicio.

Se intentó conocer el proceso que siguió esta causa a nivel penal hasta ahora y si solo Morales y Bolaños estaban implicados; sin embargo, al cierre de edición, a las 7 p. m., no se obtuvo respuesta del Ministerio Público.

Por otra parte, los abogados de estas dos personas consideran que no hay cómo probar que sus clientes incurrieron en un delito, por lo que no descartan que en el momento procesal adecuado, más bien, sean sus clientes los que demanden al Estado.

Fernando Vargas Zeledón, representante de Juan Carlos Bolaños, aseguró que a su criterio el cobro planteado por la PEP es “excesivo y desproporcionado”.

“Hay asuntos que no quedan claros porque mencionan muchas relaciones (...). Yo siento que es paradójico el cobro que se hace. Don Juan Carlos (Bolaños) lo único que quiso hacer fue importar cemento y el problema que se dio con Aduanas fue, precisamente, por el desalmacenaje del producto que venía importado de China, entonces más bien el Estado le está cobrando una millonada por un tema donde se le estaba fallando al importador.

“Más bien creo que, eventualmente, será Juan Carlos Bolaños el que tenga que cobrar porque Aduanas hizo que se perdiera producto al no poder recibirlo (...), creo que el daño se le hizo a Juan Carlos Bolaños y no al Estado”, aseguró Vargas.

Por su parte, José Miguel Villalobos Umaña, abogado de Víctor Morales, recalcó que la Procuraduría está insistiendo en un hecho donde no existió ninguna dádiva ni tampoco tráfico de influencias.

Detalló que ellos ya mostraron documentos donde se refleja que el pago de la casa vacacional en playa Potrero fue hecho por su representado, quien sacó el dinero del cajero automático y canceló en efectivo el alquiler de esa casa en una misma fecha.

“Sorprende que la Procuraduría insista en una necesidad como esta porque reiteradamente se les ha indicado, probado y establecido que esa semana en playa Potrero fue pagada por don Víctor Morales Zapata (...). No existe ninguna prueba, evidencia ni indicio de que sea haya sido pagada por don Juan Carlos Bolaños ni mucho menos, sino más bien al contrario (...).

“El día que a la Procuraduría la condenen en costas por esas absurdas, exageradas y completamente descabelladas acciones civiles otro gallo cantará y no a la Procuraduría, sino a los procuradores que en lo personal insisten en estas conductas tan absurdas”, explicó Villalobos.

Señalamientos seguidos

En dos días seguidos, trascendieron noticias relacionadas con el empresario y el exdiputado, ya que apenas el jueves, la Fiscalía anunció que finalizó la acusación contra ellos y dos exjerarcas de Hacienda por presuntas irregularidades en el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento.

Sobre este caso, Villalobos recalcó que el tráfico de influencias es un delito doloso y, en este caso, no existió esa conducta de parte del exlegislador.

Agregó que además, en este caso no se especifica en qué consistió la presunta acción irregular de parte de los implicados, por lo que cuando sea el momento pedirá un sobreseimiento definitivo a favor de Morales.

Este otro expediente es el 17–000032–621–PE e investiga la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado e influencia sobre la hacienda pública.

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Información actualizada a las 7:13 p. m. con más datos.