El aumento en la captura de delincuentes es positivo para Costa Rica; sin embargo, ha puesto en apuros al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que en ocasiones se ve obligado a que los detectives dejen las tareas para las que fueron contratados y apoyen a los agentes de cárceles en labores de custodia.
Así lo reconoció el director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, quien lamentó la situación y la calificó como “uno de los problemas más graves” que afronta la institución.
No obstante, reconoce que las posibilidades de que el personal aumente es casi nula, debido a los recortes presupuestarios del Poder Judicial.
Para el jerarca, pese a no ser lo idóneo, el uso de investigadores les da la posibilidad de atender las audiencias, juicios o diligencias agendadas, máxime cuando su realización debe ser pronta.
“Nosotros para atender juicios tenemos que descuidar actividad de investigación y eso no es adecuado, no es conveniente, no es idóneo e incluso es irresponsable, pero ante la gran cantidad de movimientos y con el ánimo de que audiencias y juicios se realicen, los compañeros de investigación dejan de lado casos pendientes para tratar de colaborar con el sistema judicial.
“Aquí tenemos un problema muy grave al que no se le ha querido atender de manera seria y responsable y, respecto del cual, el OIJ no tiene posibilidades de actuación porque no tenemos autonomía administrativa, de gestión de recurso ni presupuestaria, dependemos del Poder Judicial y no hemos tenido posibilidad de obtener más plazas ni de custodios ni de investigación, incluso, aunque no les corresponde, Fuerza Pública nos ayuda en muchas oportunidades, aunque ellos tienen la importante misión de prevención en calle”, explicó Espinoza.
Agregó que la situación ocurre, especialmente, en oficinas regionales, donde a veces hasta los jefes de delegación deben participar en labores de custodia.
Limón, Liberia (Guanacaste), Corredores y Puntarenas son algunas de las delegaciones donde se presentan estos inconvenientes, debido a que el personal es menor que en otras regiones.
Según el director judicial, en estos casos no hay un equipo de investigadores en cada zona que esté destinado a brindar apoyo a los custodios de cárceles, sino que se toma en cuenta a los que estén en su rol laboral para que intervengan.
Destacó que todos cuentan con los cursos necesarios para laborar como custodios, pero insiste en que mientras estén en una sala de juicio o en las celdas judiciales no están ejecutando las labores para las que fueron reclutados.
“Es difícil de calcular una afectación, porque tenemos que buscar recurso de donde no hay, entonces si usamos un investigador para una audiencia alguien debe ejecutar labores de respaldo para no descuidar el otro tema, eso significa pago de horas extra, personal cansado o con pocas horas de descanso; sin embargo, el sistema no puede detenerse y hay que proseguir hasta donde aguante. Esperamos una solución pronta para brindar un mejor servicio”, aseguró Espinoza.
Cantidad de oficiales por detenidos
El jerarca del OIJ también detalló que cuando se traslada a una persona a una diligencia judicial debe haber al menos dos custodios por cada detenido; empero, cuando se trata de organizaciones grandes eso no se puede cumplir.
“Debe existir una ventaja del Estado respecto a la persona detenida para intervenir en caso de que sea necesario. En estos casos, el jefe hace una valoración del perfil de la persona y valora el personal disponible para las asignaciones”, dijo.
En este momento, el OIJ cuenta con 530 custodios distribuidos en todas las sedes judiciales del país. Ellos deben trabajar los 365 días del año y estar disponibles por si se les requiere fuera de la jornada laboral, que es de 12 horas.
También recordó que las poblaciones no pueden mezclarse, por lo que en ocasiones se requiere más de un viaje para llevar a las personas aunque el destino sea el mismo tribunal.
Además de trasladar a detenidos de un centro penal a los tribunales, los agentes de cárceles deben velar porque el privado de libertad tenga acceso a alimentación, cuente con medicamentos si son necesarios y esté seguro y vigilado en las celdas.
Ante eso, los oficiales deben llevar un curso de manejo de armas, otro de defensa personal y uno más de derechos humanos, para poder manejar las situaciones que se presenten.
Espinoza reconoce que el problema no es nuevo, ya que data de unos seis años atrás y no se aventura a decir de cuánto es la carencia de personal hasta que el Departamento de Planificación del Poder Judicial emita el informe en el que detalle cuántos custodios de cárceles debería haber en el OIJ.
Atrasos en juicios o audiencias
Recientemente, en enero de este 2020, el juicio por el feminicidio de Miriam Andrea Fernández Vallejo tuvo que suspenderse una hora antes de lo previsto en la mañana por la carencia de custodios judiciales.
En aquel momento, los jueces a cargo del debate explicaron que los oficiales de cárceles debían atender otras diligencias dentro del mismo Tribunal Penal de Heredia, por lo que podrían subir al detenido hasta horas de la tarde.
Una situación similar ocurrió durante el desarrollo del debate contra Miguel Ángel Arley Acuña, alias Matapobres, quien fue condenado en febrero del 2019.
La abogada Myriam Bedoya Zárate, quien defendió a Arley en ese caso, recordó que constantemente tenían inconvenientes y que en oportunidades, pese a que la continuación del contradictorio se agendaba para las 8:30 a. m., este arrancaba hasta la 1:30 p. m.
“Hay falta de recurso humano y de vehículos para movilizar a los privados de libertad, el problema no es solo en la llegada al tribunal, sino que en ocasiones también ocurre que hay dificultades para que regresen a los centros penales.
“El gobierno debería ver qué se hace, porque realmente el OIJ requiere los recursos”, afirmó Bedoya, quien tiene vasta experiencia en procesos penales.
La Dirección de la Defensa Pública informó de que los atrasos en traslados de reos afecta las conversaciones previas que tienen los representantes legales con los imputados y, en ocasiones, genera un choque de agendas al defensor.
“Por la cantidad de asuntos que atienden las personas defensoras públicas en materia penal el choque de diligencias, audiencias o debates se afecta cuando ocurren atrasos en la hora de inicio, entre los motivos se encuentra la tardanza en el traslado de las personas detenidas”, precisó la dependencia del Poder Judicial por medio de su oficina de prensa.
En tanto, el juez del Tribunal Penal de San José, William Serrano Baby, aseveró que los inconvenientes con los traslados retrasan las agendas de los tribunales, lo cual ha hecho que muchas veces se labore fuera de horario para finalizar una audiencia.
Destacó que es un problema que se da en todo el país, debido a la gran cantidad de trabajo de la Sección de Cárceles del OIJ confrontada con los recursos humanos y materiales.
A su criterio, la única manera de disminuir el problema es con mayores recursos, pero sabe que “los recortes presupuestarios del Poder Judicial es lo que ha generado la desactualización de planilla de trabajadores versus el crecimiento de la delincuencia en el país”.