El Tribunal Penal de Desamparados dictó la tarde de este jueves 63 años de cárcel contra Luis Alonso Chavarría Rodríguez, y 77 años contra José Vinicio Solís Cerdas, sentenciados por el asesinato de un padre y su hijo a quienes sustrajeron una carga de droga en el 2018. Las víctimas fueron Bernal Barrantes Segura, de 53 años y Jorjanny Barrantes Núñez, de 25.
Contra Solís el Tribunal dictó una pena más alta que la solicitada por el ente fiscal, ya que en lugar de los 66 años solicitados, los jueces le impusieron 77. Lo anterior porque, además de los dos homicidios (60 años) y el robo agravado (3 años), se le condenó a 10 años por venta de drogas y 4 por tenencia ilegal de arma de fuego.
Solís afrontó en un mismo juicio dos causas, ya que no quiso someterse a un proceso abreviado por la causa de venta de drogas, como sí lo hicieron dos cómplices detenidos junto a él, en el 2019. De todos modos, como en nuestro país la legislación dispone que la pena máxima es de 50 años, ese será el plazo máximo que descontarán los sentenciados una vez que la condena quede en firme.
Según lo establecido en la acusación fiscal, el 22 de agosto del 2018 los acusados Chavarría, quien hoy tiene 41 años y Solís, de 26, idearon un plan para apoderarse ilegítimamente de una carga de droga (tumbonazo) que era propiedad de Bernal Barrantes. Esa vez le hicieron creer a Bernal que Chavarría le ayudaría a hacer un negocio, por lo que este se desplazaría hasta su vivienda en Paso Canoas, cantón de Corredores. De ahí lo escoltaría hasta San José y posteriormente hasta Cañada del Sur, en San Sebastián.
Una vez en ese lugar, Chavarría y Solís, junto a otros dos sujetos que no fueron identificados, se apoderaron de las sustancias psicotrópicas, así como de las pertenencias de los ofendidos, ya que Bernal se hizo acompañar por su hijo Jorjanny. Luego los privaron de libertad y los llevaron amordazados a San Cristóbal de Desamparados, donde los habrían asesinado de varios balazos.
María Núñez, una vecina de barrio Cristo Rey de San Cristóbal, dijo que acostumbraba a realizar caminatas por una calle de lastre y la mañana de aquel jueves iba con curiosidad, luego de que la noche anterior escuchó detonaciones. “Presentí algo y lo relacioné con lo que escuchamos. Me imaginé que habían matado a alguien. Nos acercamos al vehículo, vimos la cajuela abierta y se divisaron dos cuerpos y un pozo de sangre”, relató.
Los vecinos alertaron a las autoridades. Los cuerpos tenían impactos en la cabeza y brazos. Estaban atados con gazas plásticas y amordazados con cinta adhesiva. El OIJ encontró seis indicios balísticos en el sitio, lo que confirmó que les dispararon en ese lugar. Ahí comenzó una investigación de la Policía Judicial y la Fiscalía Adjunta de Desamparados, la cual dirigió tres allanamientos el 5 de noviembre del 2019 en San Sebastián y Alajuela, en los que se detuvo a cuatro sujetos, dos de ellos fueron los relacionados directamente con el doble homicidio.
Los otros dos detenidos esa vez son de apellidos Guevara Villachica y Quesada Cerdas, quienes descuentan prisión por narcotráfico, ya que aceptaron los cargos y se sometieron a un proceso abreviado. El Tribunal de Desamparados exaltó en el juicio la investigación desarrollada en este caso, con la cual se logró desarticular una peligrosa banda asentada en Cañada del Sur de San Sebastián, desde donde se abastecía de droga a varios sectores al sur de la capital.
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Colaboró: Rafael Pacheco