“Este hijo de p… de Sobrado hay que mandarlo al otro mundo de una vez, junto al magistrado Cruz. No vamos a permitir más atropellos ya estamos cansados, por esa razón vamos por esos p... de mie... corruptos”.

Dicho texto, acompañado de una foto del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado González, se publicó el 17 de febrero del 2019 en una cuenta de Facebook.

“José María Castro” es el nombre del usuario de ese perfil que, de acuerdo con una investigación que realiza la Fiscalía de Quepos y Parrita, es falso.

Ante esa situación, el Ministerio Público abrió una investigación en contra de un hombre de apellidos Umaña Mesén, quien figura como sospechoso del delito de amenaza a funcionario público.

Como parte de las pesquisas, el martes 21 de enero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la vivienda del hombre, en Los Ángeles de Parrita, Puntarenas, con el objetivo de recabar pruebas.

Ese mismo día se aprehendió a Umaña, pero fue liberado luego de que se le tomara la declaración indagatoria al considerar que no existe riesgo de fuga.

“Dentro del expediente 19-004900-042-PE se investiga a un hombre de apellidos Umaña Mesén (...). Luego de su detención, la Fiscalía tomó la declaración indagatoria y, tras comprobar que cuenta con los arraigos procesales requeridos (laboral, familiar y domiciliar), ordenó su libertad.

“La causa avanza en la etapa preparatoria de investigación, que consiste en la recolección y análisis de pruebas; no es posible brindar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, explicó el Ministerio Público por medio de su oficina de prensa.

Por su parte, el magistrado Sobrado manifestó a La Nación, por medio de su oficina de prensa, que “efectivamente tiene conocimiento de ese asunto, pero que no puede referirse más al tema”.

Según el artículo 316 del Código Procesal Penal, será reprimido con una pena de prisión de un mes a dos años quien “amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica”.

Caso similar

El 7 de julio del 2019, comenzaron a circular videos en redes sociales en los que un grupo de encapuchados profería amenazas contra funcionarios públicos, al tiempo que prometían acciones violentas y agresivas contra el gobierno de turno.

En las imágenes aparecían unos 15 sujetos, uniformados y equipados con algunas armas de cacería, que amenazaron al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

Seis días después, en un operativo conjunto realizado por agentes del OIJ, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Fuerza Pública, se detuvo a los líderes.

La acción policial se desarrolló en Río Frío de Pococí, Limón, cuando capturaron a Álvaro Ramón Sequeira Mendiola, de 60 años, quien es oriundo de Limón y a Jeffry Fernández Ramírez, de 34 años e hijastro de Sequeira, oriundo de Osa, pero con residencia en Alajuelita.

Al día siguiente, se allanó una finca en La Españolita de Río Cuarto, Alajuela, donde se detuvo a Minor Masís Artavia, de 54 años. Además, se rastreó el lugar en busca de evidencias, pues se presumía que en esa propiedad se grabó el video.

El pasado miércoles 22 de enero, el Juzgado Penal de San Carlos le impuso dos años de prisión a Sequeira y Masís, y uno a Fernández.

Los dos primeros deberán descontar la pena en cárcel, pues ambos habían recibido condenas penales en el pasado, lo que les impide recibir un beneficio carcelario.

Jeffry Fernández, en cambio, quedará en libertad porque no contaba con antecedentes, lo que lo habilita para acceder al beneficio de ejecución condicional de la pena.

La pena no se hará efectiva hasta que el acuerdo logrado entre el Ministerio Público y la defensa de los imputados sea homologado por el tribunal penal. Entre tanto, los implicados seguirán descontando prisión preventiva.

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