La fallida reelección de Carlos Montero Zúñiga, como miembro del Consejo Superior, provocó un enfrentamiento este lunes en la sesión de Corte Plena. La magistrada de Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia, señaló al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, de presuntamente influenciar a otros integrantes de la Corte Plena para que votaran en contra de la reelección y de estar parcializado a favor de un sindicato del Poder Judicial, el cual calificó como minoritario pero que durante su disertación no identificó.
En tanto, el presidente de la Corte se sacudió de los señalamientos y alegó que siempre consideró que su voto era de minoría y que sus manifestaciones nunca pretendieron perjudicar a Montero.
Las manifestaciones de Chacón ocurrieron durante la sesión de Corte Plena, en un momento en que los altos jueces revisaron un acuerdo adoptado el pasado lunes 15 de noviembre, cuando decidieron no prorrogar el nombramiento de Montero Zúñiga como representante de los trabajadores dentro del Consejo Superior. En esa oportunidad tampoco avalaron que siguiera como suplente de ese órgano Hugo Hernández Alfaro. Ambos, para ser reelectos, necesitaban de mayoría calificada, es decir 17 votos. Sin embargo, Montero logró el respaldo de 15 magistrados y Hernández 14. Este lunes de nuevo los magistrados volvieron a rechazar la reelección en una votación de 13 a favor y 9 en contra.
El Consejo Superior se encarga de ejercer la función administrativa y disciplinaria del Poder Judicial y está integrado por cinco personas, el presidente de la Corte (que lo preside), dos jueces, un representante de los demás trabajadores y un abogado externo, cuyos nombramiento durarán seis años y no podrán ser reelectos, salvo que las tres cuartas partes del total de los magistrados (17) acuerden lo contrario. Todos los puestos tienen un suplente. Para sustituir a Carlos Montero y Hugo Hernández, se debe proceder ahora a un proceso de nombramiento.
Fuertes cargos
Roxana Chacón, al fundamentar sus aseveraciones, dijo que todo empezó durante la sesión del 15 de noviembre, cuando Fernando Cruz, antes de la votación, anunció que no apoyaría la reelección pues argumentó que varios sindicatos estaban opuestos a que Montero continuara en ese cargo y que por tanto primero se debía consultar al conglomerado judicial. La principal queja fue una supuesta injerencia de Montero en algunos nombramientos de personas allegadas, en cargos importantes dentro del Poder Judicial.
A criterio de la magistrada Chacón, además, hubo una serie de vicios y anomalías, entre ellas que durante esa sesión estuvieran cuatro magistrados suplentes y que al emitir el presidente su opinión de cómo iba a votar, antes de la escogencia, eso influyó en que algunos de los miembros de la Corte Plena, decidieran no respaldar la reelección.
“Señor presidente, con todo respeto se lo digo, usted se extralimitó. No supo tener una posición objetiva, usted leyó una carta de un sector que hace serias denuncias sin tener fundamento y utilizó canales inadecuados para hacer las denuncias (...) habían cartas de sindicatos mayoritarios que apoyan la gestión de don Carlos (Montero) y el señor presidente se las guardó. No las leyó. Entonces a que refiere eso, sino a una parcialización de parte de la presidencia hacia un grupo, al cual, don Fernando usted hace rato se abrazó a ellos. Usted desde hace rato tiene compromisos (...) y esa manifestación de la fundamentación del voto, genera ciertos mensajes”, manifestó Chacón.
Al responder a la magistrada Chacón, Fernando Cruz dijo: “Respeto su pretensión pero no puedo decir mucho porque en ocasiones el enojo trae descalificaciones (...) eso que he dicho de don Carlos Montero lo mantengo. Yo hable con él antes de la elección y le dije que no iba a votar por él y le di mis razones (...) Don Carlos en ese momento me dijo señor presidente, si usted no me da el apoyo esto me descalifica mucho (...). Debo confesar que yo creí que mi voto era de minoría, simbólico, no pretendí nunca perjudicar a don Carlos”.
También, como parte de la sesión, Carlos Montero envió una nota a la Corte Plena en la cual solicitó a los magistrados que impidieran la participación de Fernando Cruz en la revisión de la votación, pues argumentó que él (Montero) es testigo en un proceso penal que se tramita en el Ministerio Público, en el cual Fernando Cruz es imputado y que esa situación lo inhibía para conocer el tema de la reelección.
Sin embargo, la gestión de Montero fue rechazada y Cruz participó en toda la sesión. El caso a que hizo referencia Montero es una pesquisa en trámite que pretende determinar sí Fernando Cruz allanó el camino para que la fiscala Berenice Smith pudiera pensionarse como funcionaria judicial, en momentos en que estaba suspendida y acusada penalmente por un presunto tráfico de influencias en el cual posteriormente resultó absuelta.