Cristel Gómez, la Reina del Sur, condenada a 19 años de prisión

Las penas más altas se dictaron contra los líderes, de apellidos Umaña Gómez y Díaz Noreña, quienes recibieron 146 y 126 años respectivamente, readecuadas a la pena máxima de 50 años. A los sentenciados se les atribuyen delitos como homicidio calificado, distribución, comercio, elaboración, almacenamiento, transporte y venta de drogas.

Otras condenas consistieron en 88 años contra Rodriguez Amador, así como 86 años contra Salazar Espinoza, 71 contra Valverde Hernández y Murillo Chévez, y 51 contra Carrillo Ponce, estas también readecuadas a 50 años. Las penas más bajas fueron para un hombre apellidado Calvo Matus que recibió una condena de 10 años y le seguía la de una mujer de apellidos Rojas González, a quien se le impusieron 11 años.

En total las penas de los de los 24 imputados suman 969 años de cárcel y a cada uno se le impuso un año de prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza. La audiencia se realizó en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a la gran cantidad de personas que se juzgaban bajo extremas medidas de seguridad: más de 100 oficiales de Fuerza Pública y OIJ estaban presentes para contener cualquier acto violento.

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Por tratarse de un caso complejo, este Tribunal estuvo compuesto por cuatro jueces en lugar de tres: Christian Espinoza Pizarro, Hannia Soto Arroyo, Raúl Madrigal Lizano y Max Escalante Quirós.

Durante la lectura del por tanto, algunos imputados empezaron a insultar a los jueces, incluida una amenaza de muerte, por lo que fueron sacados del auditorio. Además de los insultos, los encartados gritaban que habían sido condenados por presión de la prensa.

“Hay un poco de gente inocente aquí y los condenaron a pura jacha, a puro Teletica, a puro Fiscalía. Vámonos, sáquennos de aquí y deje de hablar tanta mier... Se están cagan.. en la vida de un poco de gente, hijuepu.. me cag.. en su madre pedazo de malp..” dijeron los acusados al Tribunal.

Cuando los sacaban, forcejearon con los policías del OIJ que intentaban sujetarlos. Leonel Villalobos Salazar, defensor de un imputado, también tuvo un encontronazo con los custodios y les decía ‘que no tenían derecho a tocarlo’, según afirmó luego, quería cerciorarse que no estuvieran maltratando a su cliente.

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De esta forma, culminó un extendido juicio que inició hace más de un año, producto de una investigación abierta desde el 2017 en el OIJ, por homicidios relacionados a ajustes de cuentas.

El pasado 19 de agosto, la Fiscalía había solicitado 990 años contra la organización, de los cuales 16 años eran contra Gómez Espinoza, expareja sentimental del Gringo. Ella estuvo relacionada como principal proveedora de cocaína de la banda.

La Reina del Sur fue detenida la primera vez en junio del 2015 en El Guarco, con 15 kilos de heroína, que fueron valorados en unos ¢1.100 millones. Para esa fecha tenía solo 20 años. Por este caso enfrentó un juicio en el 2016 en el que la sentenciaron a 15 años de prisión. Sin embargo, sus defensores apelaron la sentencia y lograron que se le absolviera en un segundo debate, en enero del 2017.

Luego se involucró con la banda de El Gringo. Se le detuvo en Osa en agosto del 2019, pues tenía una orden de captura internacional por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos desde noviembre del 2018.

La joven admitió en el 2020 que tuvo una relación sentimental con el Gringo, pero dice que solo duró unos meses y que le trajo problemas con su familia, que no admitía que estuvieran juntos.

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Larga lista de delitos

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Al grupo en general se les atribuyen ventas de drogas en regiones de San José, Atenas, Grecia, Palmares y Alajuela, así como homicidios y otros delitos. Inicialmente había 37 imputados, pero 12 de ellos aceptaron los cargos y se acogieron a un procedimiento abreviado. Otro integrante, de apellidos Arley Umaña, alias Matapobres, fue separado por amenazar a una jueza y se le siguió una causa aparte, en la que fue condenado a 24 años de cárcel.

Esta banda fue desmantelada en noviembre del 2018, cuando fueron arrestados sus miembros y se les decomisaron fusiles AK-47, escopetas, revólveres y pistolas de calibre 9 mm y municiones, así como paquetes de marihuana comprimida, puntas de cocaína y dinero en efectivo.

Los jueces detallaron este viernes que intervenciones telefónicas permitieron a los investigadores averiguar cómo funcionaba la organización.

“Mucho se ha discutido de la intervención telefónica y acceso a la intimidad, claro, eso protege la intimidad y el objetivo es resguardar la privacidad, en este caso un juez ordenó que se ingresara a la privacidad de esta estructura y a sus intervenciones telefónicas”, explicó el juez Espinoza.

“El Tribunal se decanta en Díaz y Umaña como los jefes de esta organización, porque hubo autorización, reclutamiento de miembros y de ahí que el Tribunal le hace el reproche a estas dos personas y se les impone las penas más altas, y a Cristel, los 19 años por ser quién proveía y por gestionar los traslados entre la zona sur y países del sur”, añadió.

El defensor Villalobos indicó que la sentencia no le satisface y la apelará, principalmente porque el Tribunal le dio carácter pleno a la prueba de las intervenciones telefónicas, cuando esas solo podrían consistir en prueba indiciaria.

“(El Tribunal) ha alargado la prueba con el objeto de condenar a gente inocente, y me parece que una vez que tengamos la sentencia completa se van a relevar los defectos de falta de fundamentación”, aseguró el abogado, quien también criticó que los jueces optaran por penas elevadas en lugar de considerar el extremo inferior que indica la ley.

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En tanto, el representante de Cristel Gómez, Luis Venegas Mora, aseguró que también apelará la decisión del juzgado porque en su criterio, la acusación de Cristel de que era la proveedora de droga, no se fundamenta porque ‘solo se le acusa de que salió de su casa con 986 gramos de cocaína, ni siquiera un kilo, además de que ella coordinó lo que era supuestamente actividad que no se pudo materializar’.

“Pensemos hipotéticamente que haya sido eso, ¿Cómo a una persona se le va a poner una pena de 19 años con esas cantidades si el extremo menor es ocho? Las reglas de la lógica y el sentido común dicen que si la encontraron autora responsable de ese delito no pudieron ponerle más de ocho años, lo que pasa es que el Tribunal se extralimita y va más allá de lo que sus potestades le permiten”, enfatizó el jurista.

Nueve integrantes adicionales habían sido condenados a 515 años de cárcel el 21 de setiembre del 2020, por los asesinatos de Edwin Santiago Bedoya Llanos y Frank Alfaro Murillo, encontrados por la policía en una buseta en La Sabana cuando los iban a desaparecer, en diciembre del 2017. Uno de ellos fue decapitado vivo, según había revelado la Fiscalía.

Dos días después, sobre el puente del río Torres, en Bajo Los Ledezma, en la Uruca, apareció el cuerpo del Gringo, con signos de tortura, marcas de defensa en sus brazos, múltiples puñaladas y golpes en todo su cuerpo.

El Gringo, de 28 años, era el principal sospechoso del doble homicidio de Bedoya y Alfaro, y se le consideraba la persona más buscada por la policía, pues también se le relacionaba con al menos diez homicidios ocurridos en cuestión de meses.