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El exdiputado Otto Guevara Guth (saco azul) y su abogado, Federico Campos, coincidieron en que apelarán el fallo en todas las instancias. Fotografía: Archivo/ (Jose Cordero)
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó tres años de prisión contra el exdiputado Otto Guevara por cuatro delitos de falsedad en la declaración jurada, en los que incurrió al omitir información en las declaraciones juradas de bienes presentadas ante la Contraloría General de la República en su segundo periodo como legislador, entre el 2014 y 2018.
Además, el Tribunal lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por seis años, razón por la cual, de quedar en firme esta sentencia, se truncaría el camino de Guevara para retornar a la Asamblea Legislativa en el 2022 o en el 2026. Según declaraciones del fiscal a cargo del caso, José Pablo Miranda, emitidas luego de la sentencia, esa inhabilitación se extiende inclusive a los cargos de elección popular.
Guevara, abogado de 61 años, fue ratificado en el primer lugar de la papeleta a diputados por San José en la Asamblea Nacional del Partido Unión Liberal, la cual se celebró la tarde del sábado 18 de setiembre.
“Se nos está cayendo a pedacitos el Estado de Derecho en Costa Rica. Hay una crisis en los Tribunales de Justicia desde hace mucho tiempo donde algunos jueces solo replican las solicitudes de condena del Ministerio Público sin análisis jurídico, sin la comprensión de otras materias no penales, a pesar de que se trajo a un experto en derecho comercial. Habiendo escuchado las razones que dio el juez en la sentencia es decepcionante que con esas mismas razones que él explicó se debía absolver. Apelaremos sin duda alguna”, dijo el defensor de Guevara, Federico Campos.
Debido al monto bajo de la pena que contempla este delito, el exdiputado tendrá el beneficio de ejecución condicional de la pena, es decir, no irá a prisión, siempre y cuando no cometa algún otro ilícito durante los próximos tres años.
La Unidad Especializada de la Fiscalía General, representada en el debate por José Pablo Miranda, había pedido tres años contra del exdiputado, al acusarlo por cuatro delitos de falsedad en las declaraciones juradas que presentó.
La sentencia se conoció a las 9 a. m. en los Tribunales de Goicoechea. En las conclusiones, Miranda había solicitado nueve años de inhabilitación absoluta, pero el juez Freddy Calderón se inclinó por dictar seis años.
Firma en Islas Vírgenes Británicas
Según la acusación de la Unidad Especializada, los ilícitos se configuraron debido a que Guevara omitió declarar su participación como director y dueño del capital accionario de una empresa ubicada en Islas Vírgenes, para la que abrió una cuenta en Hong Kong, República Popular China.
En su declaración durante la etapa final del juicio, el pasado martes 13 de diciembre, Guevara explicó que desde noviembre del 2013, seis meses antes de asumir como diputado por segunda vez, había cedido a su expareja las acciones que tenía en la sociedad de Islas Vírgenes, de la que era director, pero sin participación accionaria. Lo anterior contrasta con lo expresado por el juez Freddy Calderón al argumentar el fallo, pues dijo que según los registros que se mantienen en Islas Vírgenes Británicas al 27 de enero del 2020, Guevara figura como dueño beneficiario de la citada compañía y es dueño de la totalidad de las acciones.
El fiscal José Pablo Miranda dijo que las pruebas obtenidas evidencian que Guevara tenía control en la cuenta y realizó movimientos de actualización de datos mientras era diputado. Incluso una vez hizo una actualización con el pasaporte oficial, “lo que sin lugar a dudas determina que estaba muy consciente y tenía muy presente el señor Guevara Guth a la hora de realizar las declaraciones, que esta sociedad existía”, añadió.
“Este despacho indicó que, partir del 1.° de mayo del 2014, cuando Guevara asumió como diputado, estaba obligado a presentar una declaración jurada de la totalidad de su patrimonio al comienzo de sus funciones, así como una declaración anual ante la Contraloría General de la República”, dice un comunicado de la Fiscalía. Sin embargo, con base en las pruebas recabadas, se determinó que en las cuatro declaraciones presentadas cada mes de mayo por el imputado ante el órgano contralor, no se declaró la existencia de la empresa, por lo que estiman que suministró información falsa.
El área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría afirmó que es respetuosa de las resoluciones judiciales y no les corresponde emitir otro criterio al respecto. Al consultarles si es la primera vez que se castiga a alguien en estrados judiciales por omitir datos en la declaración jurada, afirmaron que ellos no llevan un registro de esas sentencias.
Apelarán el fallo
A la salida de los Tribunales, Guevara dijo a Telenoticias sentirse muy desilusionado de las argumentaciones que compartió el juez y que no comparte lo expuesto en la argumentación de la sentencia, por lo que esperará la resolución integral para acudir al Tribunal de apelación e incluso a la Sala de Casación.
El político considera inconstitucionales aseveraciones del juez como la de asumir que una persona que no tiene participación accionaria en una sociedad debe reportar si es directivo de ella. “Si ustedes ven el formulario de declaración que tienen que llenar los funcionarios públicos, en ningún lado dice que uno tiene que reportar si es miembro de una junta directiva de una sociedad, donde no tiene participación accionaria”, dijo Guevara al puntualizar uno de los hechos que estima inconstitucional y que llevará a la Sala IV.
Insistió en que se trata de una interpretación errónea del juez, que “se desbordó” en su interpretación de la ley, pues se habla de declaración de bienes, de patrimonio, y no de ser miembro de una sociedad en la que no se tiene acciones. Añadió que en el juicio dejó claro que durante su gestión como diputado era directivo de casi 26 sociedades anónimas y nunca declaró que era directivo de ellas, pues no tenía participación accionaria.
En la sentencia de este miércoles, el tribunal también ordenó a Guevara el pago por daño social derivado de las acciones delictivas que se le atribuyen. Según la Procuraduría General de la República se trata de la suma de ¢2,5 millones por cada delito, para un total de ¢10 millones, más los intereses legales, así como las costas personales por interposición de la acción civil resarcitoria, refirió el procurador a cargo, Federico Quesada Soto.
El Partido Unión Liberal emitió un comunicado donde respalda a Otto Guevara como candidato a diputado por el primer lugar de la provincia de San José.
“Entendiendo que la sentencia emitida esta mañana no está en firme y además está muy equivocada. Confiamos en que en las siguientes instancias el debido proceso será favorable para nuestro compañero”, dice el escrito. Agregan que existe un reiterado ataque en contra de Guevara en tiempos de campaña por defender la libertad y a los consumidores costarricenses frente a los abusos del Estado.
“La persecución política es una práctica inaceptable en nuestro país y que lamentablemente podíamos prever en la coyuntura actual”, añaden.
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