EscucharLa reforma al artículo 176 de la Constitución Política de Costa Rica, que el Gobierno promueve con el objetivo de que «prevalezca el principio de equilibrio financiero sobre las autonomías constitucionalmente garantizadas», supone un cambio en la arquitectura del Estado y la ruptura del pacto social costarricense.
El modelo de desarrollo que se construyó en Costa Rica a partir de la Constitución de 1949 buscó brindar mayores oportunidades a los sectores vulnerados y promover el equilibrio y la movilidad social. A los constituyentes les quedó claro que debíamos cambiar la condena de heredar la pobreza, por lo que se fortaleció el Estado social de derecho y de bienestar con el objetivo de incentivar el desarrollo individual y colectivo, y una vida digna para reducir la pobreza y la desigualdad.
Instituciones como son las universidades públicas se crearon para garantizar el derecho humano de la educación, basada en una enseñanza de calidad, la cual tiene un alto costo. Es conocido que la educación es la base del desarrollo sostenible en tres dimensiones: social, ambiental y económico, por lo que asegurar su autonomía a nivel universitario, garantiza la democracia.
El que las universidades se rijan bajo sus propias normas les permite administrarse con independencia del mundo político y dentro del principio de legalidad, lo que supone asegurar los recursos materiales y humanos para cumplir sus fines. Por esto es que la Sala Constitucional ha establecido que las universidades públicas poseen una autonomía calificada, especial y completa.
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Imagen con fines ilustrativos de la fachada del edificio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica, durante una manifestación de estudiantes en el año 2019. Foto: Jorge Castillo
Políticamente, se han construido prejuicios en relación con la autonomía universitaria. Primero, es falso que la autonomía existe para resguardar privilegios y; segundo, tampoco es correcto que las universidades públicas están exentas de los controles impuestos por ley.
Contrario a lo que manifiestan esos prejuicios, la autonomía de las universidades estatales, garantiza una mayor capacidad de gestión educativa, lo que redunda en avances socioeconómicos producto de los resultados de la docencia, la investigación y la acción social. Para que esto sea posible, es fundamental que exista libertad y que esta se ejerza sin injerencia de los poderes del Estado, la religión o política electoral.
A nivel económico, esa libertad, posibilitada por la autonomía, es la que permite ampliar las oportunidades educativas a la población costarricense y elevar la preparación del recurso humano. Esta ventaja comparativa de Costa Rica no es accidental, sino resultado directo de la inversión en la educación superior que el país ha realizado por décadas.
Desde esta perspectiva, la iniciativa del Gobierno para debilitar las autonomías constitucionales constituye un franco retroceso, no solo por atentar contra esa libertad, sino por hacerlo también contra la ventaja comparativa que posibilita.
La autora es historiadora.
