Opinión: ¿Son las pensiones una estafa?

Los sistemas de pensiones, fundamentalmente, pueden dividirse en dos grandes categorías: 1) sistemas de beneficio definido y 2) sistemas de contribución definida.

OPINIÓN ELI FEINZAIG: La estafa de las pensiones

Los primeros establecen, de antemano, el tipo y monto de los beneficios que los afiliados recibirán cuando cumplan las condiciones de edad o cotizaciones. Funcionan como un seguro: los riesgos, por ejemplo, de invalidez, vejez y muerte, son distribuidos entre el colectivo, por lo que no existe una relación directa entre los aportes y los beneficios ya que, además, se da una redistribución entre grupos de distintos ingresos, garantizándose así una pensión mínima.

Típicamente, estos sistemas se financian mediante un esquema de capitalización colectiva, de capitalización nula o reparto puro, o bien, una combinación de ellos (capitalización parcial).

En el primer caso, el fondo que se va constituyendo con los aportes y rendimientos es propiedad de los afiliados. En un sistema de reparto puro, no se acumulan reservas, sino que los costos de un determinado período, por lo general un año, se cubren con los ingresos de ese mismo período. El régimen de IVM, por ejemplo, es de capitalización colectiva y no de reparto, como afirma el artículo que nos ocupa.

Para poder cumplir con las prestaciones “prometidas”, los regímenes de beneficio definido requieren de un equilibrio actuarial entre el pago de las pensiones y los aportes que van ingresando al fondo, los rendimientos que generan las inversiones y las probabilidades de invalidez, vida y muerte de los afiliados, los pensionados y sus beneficiarios, así como el ingreso de nuevos afiliados (lo cual tiene que ver con el comportamiento de la economía y, concretamente, del mercado laboral y las expectativas de los agentes económicos).

Cuando todo lo anterior no se encuentra razonablemente calibrado, se producen problemas de sostenibilidad o desequilibrio en los sistemas que, típicamente, se ajustan por las siguientes vías: a) un aumento en las contribuciones; b) una disminución en los beneficios (disminuyendo las pensiones a pagar, aumentando la edad de retiro o disminuyendo las revalorizaciones de las pensiones y, c) una combinación de las anteriores.

Esto dista mucho de un esquema Ponzi, una estafa financiera piramidal, en donde los rendimientos prometidos a los inversionistas no pueden pagarse sino a través del ingreso de nuevas inversiones de incautos deslumbrados con tasas de retorno irrealmente altas que atraen nuevos inversionistas, hasta que el esquema colapsa.

Esto porque la sostenibilidad de un régimen colectivo no se realiza, exclusivamente, a partir de los aportes de nuevos “inversionistas” (afiliados al régimen) que sostengan los pagos de los viejos, sino de la combinación de todas las variables comentadas. Entiendo la metáfora, pero es una verdad a medias, cuando lo técnicamente correcto es hablar de desequilibrios actuariales en un sistema que requiere de ajustes.

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Ahorro. En los sistemas de contribución definida, se establece un monto o porcentaje de contribución sobre los salarios o ingresos de cada afiliado, que son acreditados en una cuenta individual, de manera que, al momento de la pensión, cada participante recibirá lo que haya “ahorrado”, más los rendimientos generados por la inversión de esos recursos, menos las comisiones de administración. Ese es el sistema complementario de los regímenes básicos adoptado en el 2000 con la Ley de Protección al Trabajador.

Nuestro sistema combina un régimen de capitalización colectiva (el régimen básico o primer pilar integrado por el IVM, Magisterio Nacional, Poder Judicial y Bomberos) y uno de capitalización individual (obligatorio y complementario, administrado por las operadoras de pensiones).

A este sistema se agregan dos pilares adicionales: un régimen voluntario complementario y el denominado Régimen no Contributivo de Pensiones para personas en condiciones de pobreza. Hay otros regímenes complementarios de los funcionarios públicos, creados por leyes especiales, y otros cerrados a nuevas afiliaciones.

Existe una natural tensión entre solidaridad y equidad en los distintos sistemas de pensiones. Los de capitalización colectiva tienden a ser solidarios, mientras los de capitalización individual, más equitativos, porque cada uno recibe lo que logró acumular durante su vida laboral.

El señor Feinzaig propone que migremos a un sistema de capitalización individual, se entiende único, como solución a lo que él considera una estafa. Sin embargo, no existen sistemas perfectos. Todos tienen virtudes y defectos. Es una decisión política, básicamente, entre más o menos solidaridad. Entre distribuir el riesgo de la invalidez, vejez y muerte entre un colectivo (un seguro) o que cada uno asuma sus propios riesgos.

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El caso de Chile. Chile adoptó, en 1981, un sistema de contribución definida (capitalización individual). Sus debilidades se transparentaron hasta el 2005, cuando se hicieron socialmente visibles las pensiones que recibirían los trabajadores: montos ínfimos debido a la insuficiencia de aportes, bajos salarios, altas comisiones de administración, problemas de insensibilidad al precio por los afiliados en detrimento de la competencia, baja densidad de cotización producto de la informalidad e inestabilidad laboral de un porcentaje importante de trabajadores, en particular, jóvenes de bajos ingresos –crítico en un sistema de este tipo–, mujeres y trabajadores independientes poco calificados.

En el 2008, el gobierno de Bachelet implementó una serie de reformas, creando un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez, financiado con recursos del Estado, destinado a personas de 65 años o más que no tuvieran derecho a pensionarse por algún régimen y formaran parte de un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población chilena. También se creó un aporte previsional solidario para garantizar una pensión mínima a jubilados que cumplieran los mismos requisitos.

En el 2016 se empezaron a discutir reformas adicionales para elevar en cinco puntos porcentuales, en un máximo de diez años, la tasa de cotización de los afiliados al sistema de pensiones. Esos cinco puntos, que representan la mitad de lo que hoy aportan los afiliados para su vejez (sin considerar las comisiones de administración) ya no engrosarían las cuentas en las administradoras de fondos de pensiones, sino que irían a un fondo común. En la práctica, un pilar de reparto paralelo. Este fenómeno no es exclusivo de Chile. Polonia y Hungría, por ejemplo, también regresaron al anterior modelo.

Por otra parte, la transición de un modelo de capitalización colectiva a uno de capitalización individual requiere de una gran fortaleza fiscal. El costo de la transición en Chile fue del 136% del PIB. ¿Puede Costa Rica asumir esos costos? Sin duda, no. ¿Queremos abandonar la solidaridad de nuestro sistema de pensiones? Lo dudo.

Productividad. El problema no es el sistema de financiamiento, sino la productividad. Aumentarla exige reformas económicas de carácter estructural que fomenten la inversión, la producción y el empleo. La sola tríada de medidas de ajuste mencionadas anteriormente podría, incluso, tener efectos negativos sobre el mercado laboral que, a la postre, terminarán afectando a los regímenes de pensiones y de salud.

Las reformas estructurales a la economía requieren de un nuevo pacto social. Son posibles, pero debemos dejar atrás los miedos ancestrales y tomar decisiones sabias, valientes, eficaces y expeditas para enfrentar el futuro inmediato, salvo que decidamos realizar los ajustes en medio de una crisis económica y social, como algunos auguran que ocurrirá.

El autor es abogado.