EscucharMe habría gustado poder aceptar la justificación dada por La Nación en el sentido de que los injuriosos calificativos utilizados en su editorial del pasado 13 de diciembre, agraviantes en extremo para la Presidencia de la República, iban dirigidos “contra la actuación del Gobierno (…), no a una persona en particular” . No puedo hacerlo, sin embargo, porque no considero cierta ni válida tal explicación.
Menos puedo admitir la insinuación de que soy yo quien toma los altisonantes términos de su diatriba y “se los aplica al presidente de la República, como si así lo hubiéramos hecho nosotros” . Dichosamente, la tinta todavía está fresca y cualquier lector puede verificar que el editorialista acusó directamente al presidente, Luis Guillermo Solís, citándolo por su nombre, de incurrir en “un ejercicio de cinismo” y de hacer “la pantomima (…) cuando anunció el levantamiento del veto al Código Procesal Laboral” .
No ha sido ni es mi propósito distraerle espacio a este medio, tampoco tiempo a sus lectores, para discutir sobre el respeto, ecuanimidad y seriedad con que deben ser debatidos, en cualquier ámbito, los temas nacionales de mayor trascendencia, como lo es el levantamiento del veto presidencial a la reforma procesal laboral.
Si contra lo que ha sido su propia práctica editorial de muchos años, La Nación ahora lo entiende de manera distinta y, porque la Presidencia de la República no comparta sus posiciones, opta por la ofensa y el insulto personal, en vez de la argumentación seria y razonada, con tristeza habré de aceptarlo como un derecho erróneamente ejercido. El respeto a la libertad de opinión y a la pluralidad me lo exige.
Lo que no puedo admitir, en cambio, es que, además de insultar, se mienta. La mentira es dañina y afecta tanto al que pueda terminar creyéndola y, víctima de ella, actúe u opine a partir de falsas premisas, como perjudica a quien la inventa y la difunde.
El nuevo editorial de La Nación de ayer pudiera ser ejemplo de ello. El comentarista construye toda su argumentación y rebate mi artículo basándose en un hecho falso, probadamente falso: que “la oposición ofreció tramitar con celeridad las enmiendas necesarias para remover sus objeciones al proyecto, las principales de ellas compartidas por el Gobierno, según su propio dicho ”.
La contradicción y el retorcimiento de los hechos es tal que cualquiera podría decir, sin exceso alguno, que “La Nación desmiente a La Nación ”. En efecto, para demostrar cuán errado está su editorialista basta con reseñar las dos últimas noticias publicadas por este medio sobre el tema.
El jueves 11 de diciembre, bajo el titulo: “ Fracaso de diálogo deja veto en manos de Solís”, La Nación informó de que “dos días de negociación entre el Gobierno y el PLN, para salvar la reforma procesal laboral vetada por Laura Chinchilla en octubre de 2012, terminaron en fracaso anoche, en la Asamblea Legislativa” .
De seguido, al explicar lo acontecido, puntualiza que “primero, la fracción liberacionista pidió al Gobierno que incluyera varios puntos en una iniciativa de ley pactada entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA), para emendar la reforma procesal laboral”, pero “más tarde, el PLN elevó su pretensión y propuso que se deseche la iniciativa de los aliados del Gobierno y se impulse una reforma procesal laboral totalmente nueva, de redacción verdiblanca” .
Aún en ese escenario, hasta avanzadas horas de la noche de aquel jueves, el Gobierno insistió en negociar con el PLN la prórroga al proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral, o bien la “vía rápida” para la tramitación del expediente convenido por el PAC, el PUSC y el FA. Sin embargo, como bien lo informó este medio en su edición del viernes 12, “el último intento también fracasó”, por la negativa del PLN.
En ese contexto, me veo forzado a preguntar: ¿cuál medio periodístico, o acaso qué partido político, engañó al editorialista de La Nación haciéndole creer que “la oposición ofreció tramitar con celeridad las enmiendas necesarias para remover sus objeciones al proyecto? Esto, como lo he dicho, es una falsedad pura y simple. Y polemizar a partir de una afirmación falaz no tiene sentido ni utilidad práctica; el señor editorialista y los lectores lo comprenden.
El contenido subjetivo de las opiniones siempre será el que cada quien quiera darle, a partir de su ideología o cosmovisión; por eso, lo que cabe discutir es si los fundamentos fácticos a partir de los cuales se opina son ciertos o no. Lo demás es especulación teórica; ejercicio válido, pero que no siempre amerita ser replicado.
En tal sentido, debo reiterar que considero inaceptable la imputación que La Nación hizo al presidente Solís en el sentido de que “cínica fue, además, la invención de un plazo perentorio para levantar el veto” a la reforma procesal laboral, porque antes adoptó una decisión similar respecto de “la ley que destina la calle 13 bis de San José a la venta de artesanías, aunque se le había vencido el plazo de cuatro años y los diputados no habían votado una prórroga” .
El editorialista omite, o ignora, que entre uno y otro decreto se produjo un hecho jurídico de enorme relevancia: el 23 de setiembre pasado, la Procuraduría General de la República, como asesor obligado de la Sala Constitucional, se pronunció sobre las facultades del presidente de la República para levantar un veto legislativo y opinó que éste es procedente siempre y cuando el respectivo proyecto no haya sido archivado en la Asamblea Legislativa, ni haya vencido su plazo cuatrienal de discusión.
Si la Procuraduría es el abogado del Estado, y de su profesionalismo e independencia nadie tiene duda, ¿hubo cinismo en que el Poder Ejecutivo tomara en cuenta un dictamen suyo remitido a la Sala Constitucional, a efectos de decidir cuál era el plazo último de que disponía para levantar el veto a la reforma procesal laboral?
Quizá el editorialista de La Nación y yo fuimos alfabetizados con diccionarios diferentes. Con relación a este último aspecto, mi criterio es exactamente contrario al suyo. Pienso que “cínica” habría sido la actuación del Gobierno y del presidente, si se hubiese apartado del criterio jurídico de la Procuraduría para complacer opiniones interesadas de grupos de presión, sea cual sea su poder, riqueza o prestigio.
