EscucharDe acuerdo con el International Crisis Group, cuando las políticas destinadas a detener el crimen organizado en América Latina tuvieron efectos positivos, su impacto tendió a disiparse rápidamente.
Los gobiernos latinoamericanos, desesperados por aplacar el miedo de los ciudadanos, optaron por enfoques de “mano dura”, que combinan la aplicación coercitiva de la ley, el uso de fuerzas militares para vigilancia interna, detenciones masivas y arbitrarias o castigos más severos. Sin embargo, tales medidas no erradicaron el crimen organizado, más bien provocaron que este adoptara nuevas configuraciones que le permiten evitarlas, en ocasiones con la complicidad de funcionarios, afirma el International Crisis Group.
Por ejemplo, en el norte de Centroamérica, debido a esas políticas, las prisiones se convirtieron en sitios donde las pandillas se organizaban, consolidaban su identidad y ampliaban su poderío, entre las que cabe citar la banda criminal Los Choneros en Ecuador y el fatídico Tren de Aragua, empresa criminal transnacional que funciona en la cárcel Tocorón, en Venezuela, liderada por el Niño Guerrero, quien se fugó y es buscado en Suramérica.
Juan Albarracín, experto de la Universidad de Illinois, comenta que las políticas de seguridad y combate del crimen organizado han sido poco eficaces, han afectado los derechos humanos y agudizaron las disputas entre los grupos delincuenciales y el Estado.
El economista argentino especializado en pobreza y desigualdad, creador del concepto gerencia social, Bernardo Kliksberg, en su ensayo ¿Cómo enfrentar la inseguridad en América Latina? La falacia de la mano dura, expone que los enfoques de mano dura son una estrategia seductora que promete soluciones rápidas y resulta sencillo propagar en sociedades alarmadas por el deterioro de su seguridad.
La experiencia en el mundo entero, sin embargo, demuestra la estrechez de esta lógica. Para la contención del crimen, es imprescindible mejorar las fuerzas policiales, pero, junto con ello, se debe actuar en las causas de la exclusión y la pobreza, tender puentes a los excluidos y abrirles posibilidades de integración social, construir una lógica integral, basada en la idea de la inclusión social, señala Kliksberg.
La desbordada criminalidad en nuestro país requiere la acción responsable y firme de las autoridades, pues hasta ahora solo hemos visto poses y excusas absurdas.
La reunión del martes 3, convocada por el presidente, Rodrigo Chaves, fue otra improvisación inadmisible y una burla a los altos funcionarios que acudieron y han manifestado su descontento.
El presidente insiste en la mano dura, en vista de la falta de una estrategia seria y, peor aún, de una política pública como corresponde. Decir que tiempos extraordinarios requieren decisiones extraordinarias es una falacia para postergar el combate contra el crimen.
En vez de apelar a la mano dura, sus planteamientos deberían ser de avanzada, como recomienda Kliksberg, fundamentados en la inclusión social.
En la reunión del martes, brillaron por su ausencia los actores sociales que son protagonistas fundamentales para una estrategia integral contra la la criminalidad; es más, un modelo eficiente de inclusión social debería estar dirigido por una instancia fuera del Ministerio de Seguridad cuyo mandato es ocuparse de la seguridad pública y no de los problemas sociales. La responsabilidad le correspondería a los Ministerios de Planificación y Justicia u otras instancias similares.
La mano dura es contraria a la idiosincrasia costarricense y al régimen político que respeta la vida, la dignidad y los derechos humanos.
La autora es internacionalista.
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Prisión Tocorón en Venezuela. (YURI CORTEZ/AFP)
