EscucharEl martes 24 de noviembre este matutino publicó un artículo en el cual se informó de que los diputados califican de insuficiente la reducción en el déficit fiscal que podrían generar las medidas consensuadas en el llamado diálogo nacional.
En el editorial de esa misma fecha, intitulado «Chocolate sin cacao», se señaló que muchas de las propuestas generadas de ese diálogo no son nuevas y que su análisis detallado pone en evidencia la enorme diferencia que existe entre las necesidades y las propuestas finalmente refrendadas.
Entender en su dimensión plena el tamaño del problema fiscal que enfrenta el Estado costarricense es condición sine qua non para (pretender) propuestas que realmente lleguen a resolver la (muy) delicada situación a la que hemos llegado.
Por ello, me di a la tarea de hacer un ejercicio (bastante) simple de matemática financiera. Para realizar un ejercicio de ese tipo es necesario hacer una serie de supuestos (ineludiblemente) de los que el resultado depende críticamente.
He tratado de presumir lo más razonable que he podido en un ejercicio que primordialmente pretende mantenerse sencillo para generar intuición y que sirva, cuando menos, como primera aproximación a posibles avenidas que representen una verdadera solución al abultado déficit fiscal.
Supuestos base. En números globales, el PIB de Costa Rica ronda los $60.000 millones anuales. Si la deuda del sector público para finales del 2020 alcanza el 70 % del PIB, el saldo de la deuda pública rondaría los $42.000 millones.
Para realizar ese ejercicio (repito, sencillo y como primera aproximación) he presumido: a) que la economía costarricense crece un 6 % (en términos nominales) al año hasta el 2034, fecha que los representantes del gobierno han mencionado tienen como meta que la deuda represente el 50 % del PIB; y b) que la deuda costarricense se puede colocar a un 6 % anual de tasa de interés en dólares (o su equivalente en colones).
En esas condiciones, la meta del 50 % se alcanzaría si el Ejecutivo no refinancia más que el 60 % de los intereses que debe cancelar a los tenedores de bonos del Ministerio de Hacienda en cada uno de los próximos 14 años (eso es, hasta el 2034).
Eso significa que el Ministerio de Hacienda tendría que pagar (léase, cancelar en efectivo) el 40 % de esos intereses cada año (para evitar tener que refinanciarlos).
Durante los próximos 10 años el monto anual de esos intereses puede variar entre $1.000 millones y $1.400 millones (el monto aumenta con el tiempo, dado que el saldo de la deuda se incrementa al estar refinanciando el 60 % de los intereses cada año).
Para no complicar demasiado esta primera aproximación y pensar en algunas alternativas que nos ayuden a transitar por el camino correcto de reducción de la deuda, presumamos un promedio de unos $1.200 millones de cancelación de intereses al año.
Para hacer esa cancelación, el Gobierno Central deberá ser capaz de generar un superávit primario de esa magnitud (eso es $1.200 millones en cada uno de los próximos 10 años como mínimo).
Análisis de alternativas. Consideremos tres posibilidades (de nuevo, como una primera aproximación) para generar ese superávit. A saber: a) la venta de activos del Estado (BCR y el INS, por ejemplo), b) la reestructuración del Estado para reducir gasto (por ejemplo, en salarios y empleo público) y c) el aumento de impuestos. Pensemos en lo que cada una de esas alternativas podría implicar.
De acuerdo con los estados auditados del BCR y el INS al cierre del 2019, esas instituciones generaron utilidades netas por $85 millones y $100 millones aproximadamente.
Suponiendo un multiplicador de 15 veces las utilidades (para valorar rápidamente esas entidades utilizando un multiplicador que podría parecer algo bondadoso), el BCR podría valer $1.200 millones y el INS, unos $1.500 millones.
La venta de esas dos entidades nos serviría para cubrir los intereses que el Estado debe pagar en efectivo de quizás unos dos años para que la deuda llegue a ser el 50 % del PIB en el 2034.
El mensaje aquí es que si queremos generar el déficit primario que se necesita anualmente únicamente con venta de activos, de tal forma que la deuda llegue a ser el 50 % del PIB para el 2034, debemos vender un BCR y un INS cada año durante la próxima década. Poco realista, para decir poco.
En términos de empleo público, de acuerdo con un artículo publicado en La Nación el 4 de noviembre, en promedio, un empleado del sector público gana ¢1,2 millones al mes (alrededor de $2.000).
Presumiendo cargas sociales del 55 % (aproximadamente) para generar un superávit primario de $1.200 millones, habría que prescindir de los servicios de alrededor de 33.000 servidores públicos (o algo así como el 10 % de la fuerza laboral en ese sector).
La viabilidad política y la conveniencia social de hacer siquiera una fracción de lo que se requeriría en términos de empleo público es evidente. Si este fuera el camino seleccionado para generar el superávit anual requerido es fundamentalmente nulo.
Impuestos. Pensemos que no queremos prescindir ni de un solo empleado público y que queremos generar el superávit primario de $1.200 millones mediante impuestos.
Más específicamente, consideremos que queremos producir esa cantidad de dinero anual con un aumento del IVA. De acuerdo con los datos disponibles del Ministerio de Hacienda, el IVA podría generar en el 2020 alrededor de $2.500 millones al erario.
Para producir otros $1.200 millones adicionales solamente con ese impuesto, sería necesario aumentar la tarifa del 13 % actual a algo así como el 19-20 % por los próximos 10 años, como mínimo, de tal manera que podamos llegar a tener una relación deuda/PIB del 50 % para el 2034.
Por supuesto que podemos considerar combinaciones de las opciones que he delineado arriba. Podríamos, por ejemplo, aumentar el IVA al 15-16 %, con lo cual solamente tendríamos que prescindir de 15.000 empleados públicos, más o menos.
También podríamos vender otras entidades públicas (además del BCR y el INS) para reducir el número de contratos laborales del sector público que habría que cancelar o el aumento del IVA que habría que aprobar.
Las posibles combinaciones que pueden considerarse son inagotables (especialmente si se consideran cosas adicionales como el aumento en otros impuestos, reducción en otros gastos estatales aparte del empleo, venta de otras entidades públicas o activos como terrenos en propiedad del Estado).
De hecho, desde el punto de vista matemático, se puede pensar que este es un problema con una ecuación (eso es, que la deuda llegue a representar el 50 % del PIB en 14 años), pero con muchas variables que pueden modificarse.
Conceptualizado así, y desde el punto de vista algebraico, el problema tiene un número de posibles soluciones que tiende al infinito, como también parece hacerlo la irresponsabilidad de los que no tomaron las decisiones que debían haberse tomado en su momento para evitar la complicadísima situación fiscal que nos toca ahora enfrentar.
El autor es economista.
