El Incopesca necesita apoyo de científicos y ambientalistas

En la relación de la actividad ambiental y la pesquera, prevalecen los desencuentros, pues ambas partes asumen posiciones intransigentes e irreconciliables, que derivan en disputas que en algunas ocasiones deben resolverse en instancias judiciales.

Tampoco hay armonía entre los investigadores universitarios y los técnicos del Incopesca, puesto que los académicos, por lo general, descalifican el trabajo de los funcionarios, y es casi nula la colaboración entre ellos.

Tanto el campo ambiental como el académico cuestionan abiertamente la capacidad de la institución para la investigación.

Los esfuerzos para reimplantar la pesca de camarón con red de arrastre, prohibida hace diez años por la Sala Constitucional, y el desatinado y efímero acuerdo para ampliar la lista de 34 a 234 especies de flora y fauna sujetas a explotación comercial son acciones del Incopesca que provocan fuertes reacciones de sus críticos y evidencian esa añeja controversia.

Las preocupaciones externadas repetidamente por ambientalistas y académicos son válidas, porque para que la política pesquera realmente tenga como objetivo la sostenibilidad de los recursos es necesario que la formulación de tales medidas se base en una amplia y excelente información científica y técnica.

Sería conveniente que el antagonismo ceda en favor de una estrecha colaboración de las oenegés y las universidades con el Incopesca, específicamente en investigación, de tal manera que los mayores recursos logísticos de las primeras complementen las limitadas capacidades del segundo.

Debemos tener presente que los recursos naturales de nuestros mares, particularmente los pesqueros, son bienes demaniales, es decir, pertenecen a la nación, por lo que es obligación del Estado velar por su protección y propiciar un desarrollo sostenible, de tal forma que no comprometa las opciones de las generaciones futuras.

Para ello, es indispensable que la política pesquera contemple y asegure un balance entre el fomento de la actividad y la protección de los recursos hidrobiológicos a través de un modelo de desarrollo sostenible que asegure la supervivencia de las especies y de la propia actividad pesquera, dado el aporte de esta al crecimiento de la economía —especialmente en las comunidades costeras—, a la nutrición de la población y a la seguridad alimentaria.

La definición de esa política pesquera y la normativa que deben observar quienes se dedican a la actividad es responsabilidad del Incopesca, pero la realidad es que a esa entidad en sus veintinueve años de existencia nunca le asignaron los recursos suficientes para cumplir con sus amplias competencias, lo que impide la atención eficaz de las obligaciones impuestas en su ley de creación y la Ley de Pesca y Acuicultura.

Esta carencia de recursos —humanos, materiales y económicos— limita su capacidad de investigación y es un obstáculo para atender con eficiencia su obligación de controlar y hacer respetar el marco regulatorio de la actividad y ejercer cabalmente la fiscalización y vigilancia de las actividades pesqueras que se desarrollan a lo largo de más de 1.200 kilómetros de costa con que cuenta el país.

En la práctica, el Incopesca carece del músculo necesario para cumplir adecuadamente con su mandato, lo cual se refleja en un rutinario y pobre desempeño institucional y en el estancamiento del sector.

Por ello, sería ideal que las valiosas aportaciones que las oenegés y las universidades brindan a los pescadores y a las comunidades costeras fueran extendidas a la institución rectora, mediante la elaboración y ejecución conjunta de proyectos de investigación que proporcionen los criterios técnicos y científicos para la definición de las medidas de ordenación y regulación de la actividad pesquera.

La armonía y la cooperación entre todos los actores que intervienen en el resguardo de nuestros recursos marinos y pesqueros serían de gran beneficio para el país.

luisparisc@yahoo.com

Ex presidente ejecutivo del Incopesca.