Las Naciones Unidas declararon el 2022 el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, y la FAO fue instruida para que centre esfuerzos en la promoción y el incentivo del desarrollo de este sector.
Los beneficios económicos, culturales y ecosistémicos provenientes de la pesca artesanal a pequeña escala se suelen subestimar. Según la FAO, aproximadamente la mitad de lo que se pesca globalmente proviene de esta actividad.
El Estado de la Nación del 2022 se refirió a las implicaciones sociales y ambientales de la pesca artesanal a pequeña escala. Alrededor de 30.000 personas dependen de ella, no solamente de la extracción del producto, sino también de labores de pre y pospesca.
Después de un amplio proceso participativo con las principales pesquerías artesanales del planeta, la FAO emitió en el 2014 las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca a pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza e invitó a los Estados miembros a incorporar las disposiciones en sus legislaciones.
En Costa Rica, las directrices fueron oficializadas en el Decreto N.º 39195 del 2015; sin embargo, la oficialización no es suficiente, razón por la cual se presentó un proyecto de ley en el 2018.
Su objetivo era servir como un marco legal que propiciara el desarrollo sostenible de los pescadores artesanales y el acompañamiento institucional. El proyecto, sin embargo, fue archivado el año pasado por el vencimiento cuatrienal.
De conformidad con el Informe del Estado de la Nación del 2022, existen problemas estructurales por resolver, uno de ellos es la gran cantidad de pescadores que llevan a cabo su actividad de manera informal, lo que implica la criminalización de este grupo.
Según datos del Incopesca, apenas 1 de cada 10 pescadores artesanales tiene licencia. Esta preocupante situación deja al margen a un 90 % para acceder a beneficios, como por ejemplo el subsidio por veda. Además, el Incopesca no recibe información sobre ese 90 %, según el Informe sobre la situación pesquerías continentales de América Latina y el Caribe de la FAO, presentado este año.
En el 2022, en la Conferencia de los Océanos, organizaciones de la pesca artesanal mundial hicieron un llamamiento a la acción y solicitaron a los gobiernos tomar medidas urgentes para la atención en este campo.
Colombia aprobó ya una ley cuya finalidad es “proteger la integridad, el mínimo vital y la sostenibilidad socioeconómica del pescador artesanal comercial y de subsistencia”. La ley no solamente fortaleció los derechos sociales y de organización socioeconómica del sector de la pesca artesanal, sino también a quienes se dedican a la pesca de subsistencia, lo que les facilita el acceso al recurso y la comercialización.
Por tanto, es necesaria la redacción de una nueva ley que tenga como base las directrices de la FAO y adicione las particularidades socioeconómicas y ambientales de las pesquerías artesanales costarricenses.
El autor es abogado especialista en derecho ambiental.
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