EscucharEl diputado Ottón Solís acusa al gobierno de su partido de haber hecho una “pantomima” para mostrarse favorable a reformar el empleo público. Otros legisladores opinan parecido. El gobierno lo niega, pero los hechos dejan poco lugar a dudas. Nunca hubo interés oficial por el ajuste y las maniobras de los últimos días le dieron definitiva sepultura.
El Ejecutivo y el partido de gobierno han ensayado todo tipo de acciones para congraciarse con los sindicatos del sector público. Todavía está viva la memoria de la firma del “Pacto del Melico”, el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral y la mano salvadora de la Casa Presidencial cuando fracasó la “madre de todas las huelgas”.
En octubre del 2014, el Ministerio de Hacienda dijo tener en preparación un conjunto de proyectos de ley para mejorar la situación fiscal, entre ellos uno sobre el sistema de remuneraciones del Estado y los métodos de evaluación del desempeño de sus funcionarios. El ministro de Hacienda, Helio Fallas, se comprometió a enviar la iniciativa en el primer trimestre del 2015, junto con la propuesta para eliminar exoneraciones.
En julio del 2015, el mismo funcionario declaró que la reforma salarial y el empleo público no eran una prioridad del gobierno porque “enredarían” el trámite de las reformas impositivas y de pensiones. “El tema de los salarios públicos lo vemos a un plazo un poco más largo y lo analizamos con mucho más cuidado. No creemos que sea fácil”, afirmó.
Casi al mismo tiempo, el presidente, Luis Guillermo Solís, afirmó que “siempre es un buen momento para hablar” de los salarios públicos, pero “con reposo y serenidad”. “No se puede hablar de ingresos sin hablar de gastos, y los salarios forman parte de eso”, afirmó. Sin embargo, el tema no apareció entre los convocados para las siguientes sesiones extraordinarias del Congreso.
Luego, el mandatario dio por muerta la reforma cuando planteó la inutilidad de discutir el tema porque los cambios tendrían efecto hasta dentro de 18 años o más, pero la oposición exigió debatirlo antes de aprobar nuevos impuestos y el gobierno se vio obligado, una vez más, a manifestarse de acuerdo con el ajuste. El primero de mayo, el bloque opositor se alzó con el control del Congreso. Mientras tanto, el PAC pactaba con el Frente Amplio la oposición a los proyectos relacionados con el gasto público. Como en casos anteriores, el acuerdo y el curso seguido para firmarlo estuvieron inmersos en negaciones y confusiones.
Con las riendas de la Asamblea Legislativa en manos opositoras, el gobierno accedió a convocar la iniciativa de ley sobre empleo público impulsada por la liberacionista Sandra Piszk, pero legisladores cercanos a la Casa Presidencial se encargaron de minarle el camino. Los sindicatos habían amenazado con una huelga y un grupo de diputados del PAC se apresuró a solicitarle a la Casa Presidencial el retiro de la iniciativa de ley.
La Presidencia no tardó en hacerles caso y dio muerte a la iniciativa. Al mismo tiempo, renunció a las ambiciones de su reforma tributaria. La excusa fue que los ahorros de la iniciativa de Piszk no harían una contribución significativa a la solución del déficit fiscal, pero no hubo ni el menor gesto de enmendar el proyecto u ofrecer una opción acorde con aquella admisión del presidente sobre la necesidad de hablar de los gastos, “de los cuales los salarios son parte”.
La historia del PAC y su gobierno frente a la reforma del empleo público es una cadena de manifestaciones favorables en el momento oportuno, seguidas de equívocos y retractaciones, para desembocar en nada, sin muchos lamentos y ningún intento de plantear alternativas. Los datos apoyan a Ottón Solís para acreditar la “pantomima”, pero no es una, han sido varias.
