Mentalidad del privilegio

La iniciativa retrata una mentalidad cuya erradicación debe ser prioridad nacional. Es la mentalidad de la ventaja y el privilegio para los miembros de la burocracia estatal, toda una clase social construida a lo largo de los años, con pequeñas y grandes “conquistas” como la de comentario.

El Consejo de Personal del Poder Judicial se apresuró a rendir un dictamen negativo sobre la propuesta y con tanto viento en contra, la Corte Plena se apresuró a sacarla de agenda. El ambiente no puede ser menos propicio para promover privilegios como el de marras, pero queda el sinsabor de sospechar lo que pudo haber pasado si el país no estuviera sumido en crisis fiscal y la Corte hubiera dado menos razones de insatisfacción en días recientes.

Las pensiones del Poder Judicial, las incapacidades y otras ventajas otorgadas a sus funcionarios son, este momento, blanco de justificadas críticas. La Magdalena no está para tafetanes, pero la mentalidad del privilegio subsiste, en espera de mejores condiciones de éxito. Así lo demuestra el derrotado proyecto del magistrado Jinesta y la reacción de su compañero de estrado, Paul Rueda, quien no tenía conocimiento de la iniciativa, pero dijo imaginar que fue ideada cuando el país no era presa de la crisis fiscal. A contrario sensu, en ausencia de crisis, los siete magistrados de la Sala IV merecerían el privilegio y quizá lo habrían conseguido.

Así habrían contribuido a pavimentar el camino hacia un nuevo déficit en las finanzas públicas, porque el desequilibrio de la actualidad le debe mucho a privilegios irresponsables, repartidos por políticos condescendientes, inclinados a disponer de los fondos públicos con excesiva liberalidad.

Los magistrados, o al menos una parte de ellos, no se consideran bien compensados. No bastan sus jugosos salarios y otros beneficios del cargo, como el régimen de pensiones tan bien defendido por la propia Sala IV, que declaró inconstitucional el intento de fijar un tope de ¢2,8 millones, equivalente al salario de un diputado. Los mortales, dependientes del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, sí tienen tope, y ronda ¢1,3 millones, no importa cuánto hayan cotizado en el transcurso de su vida laboral.

¿Cuánto más les debe el país a los magistrados por su generosa aceptación del honor conferido cuando se les eligió para ocupar tan alto cargo? ¿Por qué procuraron el puesto con ahínco, a sabiendas de la distancia entre la compensación, su talento y su esfuerzo? ¿Por qué permanecen en él, expuestos a presiones y peligros?

Los magistrados de la Sala Constitucional están ahí para desempeñar sus labores con diligencia y valentía. Votar sobre casos polémicos es esencia de la función. Para eso se les paga bien. Si la Sala IV mereciera especial compensación por los riesgos propios del cargo, no menos merecedores serían los magistrados de otras salas, así como los jueces de todas las especialidades. Para no detenernos en las más obvias, como la jurisdicción penal, basta mencionar el caso de los especialistas en familia, una materia aparentemente inocua desde el punto de vista del riesgo profesional. ¿Faltarán en este campo casos de presiones y amenazas?

Viva, pues, el plus salarial para todo el Poder Judicial, pero no olvidemos al Poder Ejecutivo, comenzando por la presidenta de la República, cabeza visible de la gestión gubernamental y foco de todo descontento. Sigamos con los ministros, y no solo los de Seguridad y Justicia. Otros miembros del gabinete intervienen en materias polémicas cuya discusión desata pasiones. Sería necesario extender el plus a sus subalternos y de ahí en adelante. Habría, también, buenas razones para considerar a los diputados. Mejor hacer el cuento corto y ¡viva el plus para el Estado! La Sala IV seguramente lo considerará conforme con la Constitución, y el pago quedará a cargo del común de los mortales, hasta la próxima crisis fiscal.