EscucharPor mandato legal, la contribución estatal a las pensiones del magisterio nacional y del Poder Judicial aumenta cuando sube el aporte del Estado a las pensiones mínimas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No hay ninguna razón técnica o actuarial y tampoco una conexión entre los regímenes.
Se trata de un «enganche» artificial para producir periódicos beneficios a regímenes muy favorecidos desde el inicio. El efecto es mantener la distancia social y económica entre los pensionados más ricos del país y los más necesitados (80.500 beneficiarios con jubilaciones de unos ¢130.000 mensuales).
Las razones para incorporar semejante injusticia a la política pública son difíciles de imaginar, pero la inequidad está inscrita en leyes que obligan al Estado a contribuir a los fondos de privilegio, como lo hace al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, principal sistema de jubilaciones del país.
Es como aquel otro enganche, el médico, que exige ajustar los salarios de profesiones bien pagados cuando la administración decreta un aumento a sus más modestos servidores, generalmente empleados en el Gobierno Central. En esos casos, el principal beneficio no es para los destinatarios originales del alza, sino para los «enganchados», porque los profesionales de la salud ganan mucho más y la aplicación del mismo porcentaje de aumento resulta en sumas muy superiores.
Aparte de consagrar por ley la distancia social y económica, el enganche de las pensiones tiene, como el médico, el efecto de deprimir los ingresos de los menos favorecidos. Un incremento en la contribución a las pensiones mínimas repercute, automáticamente, sobre el gasto en las jubilaciones más robustas del Estado.
Asimismo, antes de aumentar el salario de un conserje en el Gobierno Central, no importa cuán justo y necesario sea el ajuste, la administración debe pensar en el efecto financiero sobre la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social y otras instituciones con personal de salud en sus nóminas.
Todavía está fresca en la memoria la política del percentil 50 aplicada entre el 2007 y el 2010 por el gobierno del presidente Óscar Arias para equiparar los salarios de los profesionales del Gobierno Central con el percentil 50 del sector público autónomo no financiero. La repercusión del ajuste en la CCSS, por efecto del enganche, contribuyó significativamente —junto con un inusitado aumento de la planilla— a la crisis de la entidad en la siguiente administración.
Por todas esas razones de equidad y de economía, la Asamblea Legislativa debe atender la sugerencia de la Contraloría General de la República de revisar el enganche de las pensiones, así como se ha planteado la reforma del médico.
Los dos últimos ajustes automáticos de las contribuciones estatales, en el 2016 y el 2019, exigieron aportar más de ¢13.000 millones anuales a los regímenes exclusivos. La reconsideración urge porque la Junta Directiva de la Caja acordó, en el 2016, aumentar paulatinamente la contribución estatal para subsanar un faltante de ¢54.000 millones anuales en el financiamiento de las pensiones mínimas. Los aumentos periódicos alcanzarán el 1,91 % en el 2035.
El desequilibrio es todavía mayor cuando se consideran las generosas contribuciones del Estado como patrono. En ese caso, también, los regímenes exclusivos reciben fondos públicos en cantidades muy superiores al aporte patronal destinado a financiar las pensiones de los demás trabajadores, incluidos los del gobierno.
Por eso, no debe extrañar que la pensión promedio en el Poder Judicial sea casi seis veces mayor que en el IVM (¢1.560.000 frente a ¢278.000) y doce veces mayor que las jubilaciones mínimas administradas por la CCSS.
