EscucharLa Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) ha experimentado pérdidas entre el 2012 y el 2017. Además, los próximos años presentan retos que podrían hacerle perder parte importante de su clientela. Con ingresos en descenso y costos todavía elevados, el futuro institucional se muestra incierto. Para mantenerse en pie, la entidad podría necesitar apoyo estatal en un momento de crisis para las finanzas públicas.
Japdeva es parte del experimento conocido como Estado empresario, como lo fue la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa). En ese esquema, el Estado incursiona en actividades típicamente correspondientes a la iniciativa privada, sin contar con los incentivos y motivaciones adecuadas. En consecuencia, lo que debió ser una empresa comercial se convirtió en una gran empleadora, al punto que los costos por concepto de sueldos, cargas sociales y beneficios laborales de 1.405 empleados son considerados “fijos”, como lo reconoció Pablo Díaz, gerente general de Japdeva, en entrevista concedida a este medio y publicada el 26 de marzo.
Japdeva opera con tarifas reguladas por la Aresep, pero no ha logrado ajustes tarifarios porque no ha presentado estados financieros auditados, cuya veracidad esté acreditada por una firma o profesional externo. Ahora, la institución dice contar con estados auditados y eso podría favorecer un ajuste de las tarifas, lo cual no necesariamente implica un aumento en los ingresos si la demanda de servicios decae como reacción a los nuevos precios y, en particular, porque en un futuro cercano entrará en operación la moderna terminal de contenedores APM Terminals que, según la Gerencia Portuaria de Japdeva, solo el primer año de operación asumirá la atención de entre 700.000 y 1.200.000 contenedores manejados por los puertos de Japdeva cada año.
La alta dirección de la empresa estatal debe tomar conciencia de que en el futuro la competencia recrudecerá y es preciso buscar más eficiencia, identificar nuevas áreas de servicios rentables y —sobre todo— dejar de considerar fijos los costos laborales. Son variables y deben ajustarse a los niveles efectivos de actividad, como ocurre en empresas similares. El objetivo legal de la institución no es ser empleador de última instancia. Como su nombre indica, fue creada para promover el desarrollo económico de la vertiente atlántica, objetivo que, por lo demás, cumple pobremente. En el 2017, por ejemplo, a las seis municipalidades caribeñas solo les trasladó ¢10 millones, y lo erogado por concepto de otros servicios básicamente consiste en pagos de sueldos y cargas asociadas con ellos.
Japdeva, el Consejo Nacional de Producción, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la Fábrica Nacional de Licores, entre otros, son grandes empleadores públicos, como lo fue Codesa. Reconocen a sus colaboradores remuneraciones altas, para contar con un recurso humano de calidad, pero sus resultados financieros suelen ser pobres. Los principales beneficiarios de su existencia (y a veces los únicos) son sus propios empleados, no la ciudadanía costarricense. El país debe replantearse la conveniencia de continuar con este modelo de estatismo, que no es capaz de soportar la mínima dosis de competencia.
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La solución no es elevar las tarifas hasta el nivel en que cubran todos los costos, con independencia de cuáles sean, pues eso sería solo una forma oculta de establecer impuestos por vías ajenas a la Asamblea Legislativa, que es el órgano llamado a establecer tributos. La solución es exigir eficiencia y proceder al cierre o venta ordenada si esa eficiencia no se logra.
